Competencia avala el mecanismo para frenar el exceso de retribución a nucleares e hidroeléctricas, pero pide mejoras

El pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) valora “favorablemente” el mecanismo propuesto por el Gobierno para frenar la sobrerretribución de las nucleares e hidroeléctricas, los denominados beneficios caídos del cielo, por el encarecimiento del CO2 que no soportan estas dos tecnologías.

En un informe aprobado por unanimidad y publicado este martes, el pleno del súperregulador da su aval al mecanismo propuesto, aunque con matices: plantea librar del recorte a la eólica y las plantas de bombeo anteriores a 2005 y pide ajustes para eliminar posibles impactos sobre el precio del mercado mayorista; además, propone que los ingresos obtenidos sirvan para reducir el coste de la energía, y no se consideren ingresos regulados.

El organismo valora favorablemente el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros a principios de junio, “por cuanto regula un mecanismo que permite trasladar el ingreso percibido por ciertas instalaciones de generación por el coste asociado a la internalización del impacto medioambiental en el precio del mercado de electricidad, a los consumidores eléctricos y a la actividad económica en su conjunto”. Pero apunta varias posibles mejoras al texto.

La CNMC plantea que se excluya del ámbito de aplicación a las tecnologías que son “contestables”, esto es, que tienen competencia, a diferencia de la gran hidroeléctrica y los reactores nucleares. Pide que el mecanismo solo se aplique a aquellas plantas para las que “no parece probable ni viable la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de la misma tecnología y características (nucleares, grandes hidroeléctricas), tales que puedan competir en el mercado con las ya existentes, empujando los precios a la baja”. 

Según la CNMC, el recorte va a afectar a 1.500 MW eólicos, cifra que irá aumentando en los próximos años hasta los cerca de 8.000 en 2026, a medida que esos parques dejen de recibir una retribución regulada; y a otros 5.000 MW de bombeo. Se trata de instalaciones que, a diferencia de gran hidráulica y nuclear, sí son “contestables” y “ven limitada su capacidad de obtener una sobre-retribución, debido a que la incorporación de nuevos entrantes hará que se incremente la competencia en el medio plazo, llevando los precios de mercado a unos niveles más bajos”.

Por eso, “cabría plantearse la introducción de un criterio de ausencia de contestabilidad de las instalaciones en la determinación del ámbito subjetivo de la medida que permita excluir a las instalaciones contestables”. “Se considera que la modificación del ámbito, incorporando el requisito de ser una tecnología no contestable, encaja de una forma más adecuada con el objeto de la medida y con la racionalidad económica”.

El organismo considera también “especialmente relevante” que se consideren sus propuestas para eliminar los posibles impactos del mecanismo sobre el precio del mercado mayorista. Cree “conveniente” que el mecanismo se ajuste “en determinados aspectos que aseguraran la eliminación de cualquier distorsión que pueda afectar al comportamiento de los sujetos en el mercado eléctrico”: en lo referente a la “posible internalización en las ofertas de la generación afectada por la minoración de ingresos”; la minoración de los ingresos del bombeo o su efecto en los contratos ya existentes, para los que plantea aplicar un periodo transitorio para que el mecanismo entre en vigor de manera gradual.

La CNMC propone también que en lugar de considerar los ingresos obtenidos con la futura ley como ingresos liquidables del sistema eléctrico (lo que permitiría sufragar costes regulados como las primas a las renovables, según la propuesta del Gobierno, y reducir los llamados cargos que fija el Ejecutivo), estos sirvan para reducir el coste de la energía del consumidor eléctrico, ya que es quien está realmente soportando el sobrecoste de los derechos de emisión del CO2 que se repercuten en el precio del mercado.

El organismo considera asimismo “necesario que se aborde con un enfoque global del sector energético en su conjunto, una reforma de la fiscalidad, orientada al cumplimiento más eficiente” de los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Impacto de 1.000 millones

El anteproyecto, rechazado por las eléctricas, supondría un recorte de unos 1.000 millones para los ingresos de las empresas y abarataría la factura en torno a un 5%, según las estimaciones del Gobierno. Una parte del Ejecutivo (los ministros de Unidas Podemos) es partidaria de aprobar por decreto el recorte ante los elevados precios de la energía, que ha obligado al Ejecutivo a aplicar una rebaja de urgencia a los impuestos de la electricidad. La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, prefiere tramitarlo como anteproyecto ante los posibles recursos de las empresas, que ya han amenazado con adelantar el apagón nuclear.

El mecanismo propuesto permite trasladar a los consumidores el ingreso extraordinario recibido por las plantas nucleares, hidroeléctricas y eólicas (que no soportan el coste del CO2) por el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad, que se rige por un sistema marginalista en el que la última tecnología marca el precio que cobra el resto, y el encarecimiento del carbono, cuya cotización se ha duplicado en lo que va de año.

La medida se plantea para las instalaciones anteriores a 2005, cuando entró en vigor el sistema europeo de comercio de emisiones. La CNMC advierte de que “la rápida subida del precio de los derechos de emisión en los últimos meses no se trata de un fenómeno coyuntural, sino que, por el contrario, responde a los objetivos de la política medioambiental europea”.

Como recuerda la CNMC, estas centrales cuando venden su electricidad en el mercado mayorista (pool eléctrico) perciben el precio que alcanza en el mercado de generación el último que se incorpora. Ese precio, cuando es fijado por las centrales emisoras de CO2 (ciclos combinados, térmicas o cogeneración) lleva incorporado el coste de los derechos que pagan esas centrales por la emisión de CO2.