'Cumbre' en Bruselas para desbloquear el “tratamiento específico” eléctrico para España y Portugal

El acuerdo político entre los 27 cumple un mes. Pero ese acuerdo aún no se ha traducido en hechos, porque aquella tarde del 25 de marzo en Bruselas supuso un paso importante en las ambiciones de España y Portugal para afrontar la crisis energética. Pero quedaban flecos, negociaciones con la Comisión Europea y la presión de las empresas energéticas para impedir el tope al gas.

Aquel día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió un acuerdo político por el que se le reconocía un “tratamiento específico” para la Península Ibérica por su escasa interconexión con el resto de la UE, según las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero esa especificidad no estaba mencionada como tal en las conclusiones pactadas en el Consejo Europeo, y, en todo caso, los líderes traspasaban a la Comisión Europea dar el visto bueno a la traducción de la singularidad europea al tope del gas para rebajar la factura de la luz.

Es decir, quedaban mucho camino por delante. Tanto Sánchez como el primer ministro portugués, António Costa, hablaban aquella tarde de “urgencia”. Y es verdad que las conclusiones emplazaban a la Comisión Europea a tomar una decisión rápida sobre la propuesta ibérica, que se presentó a finales de marzo.

Pero pasan las semanas y no hay visto bueno de la Comisión Europea.

El procedimiento previsto para gestionar el mecanismo es a través del marco temporal de ayudas de Estado, que sólo requiere el visto bueno de la Comisión Europea, sin pasar por los 27. Es decir, pasa por la ventanilla de la vicepresidenta Margrethe Vestager, conocida fuera de Bruselas por las multas millonarias a los gigantes digitales por maniobras monopolísticas.

Y es precisamente con Vestager con quien se reúnen este martes la vicepresidenta Teresa Ribera y el ministro portugués José Duarte Cordeiro. La reunión aparece en la agenda de la Comisión Europea, y será a las 11.30 de la mañana. Posteriormente se espera un comunicado del Ejecutivo comunitario y una breve comparecencia ante la prensa de Ribera.

“En la actualidad, el precio diario del mercado mayorista de la electricidad lo marcan las centrales que utilizan gas”, explica Moncloa: “Por ello, el Gobierno, de manera temporal, va a establecer un precio de referencia al gas que se utiliza para producir de electricidad que será sustancialmente más bajo que el que se utiliza ahora. Como el gas marca el precio diario de la electricidad –tal y como se explica en este interactivo de elDiario.es–, con esta medida se bajarán los precios de la luz”.

Presión del lobby

Las eléctricas, ayudadas por un cuerpo de élite de altos funcionarios en excedencia (entre ellos, más de una decena de abogados del Estado) y antiguos altos cargos, están empleándose a fondo para desactivar la medida que el presidente español, Pedro Sánchez, y el portugués António Costa lograron arrancar en el Consejo Europeo de finales de marzo.

Ese tope de 30 euros permitiría, según la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, rebajar a la mitad la factura eléctrica de los consumidores españoles. En especial, los acogidos a la tarifa regulada PVPC, que está indexada al mercado mayorista, y los grandes consumidores que se suministran directamente en el denominado pool en lugar de tener contratos a largo plazo. Este mercado lleva meses disparado y con la guerra de Ucrania ha pulverizado todos los récords, por la subida del gas y la forma en que la generación con ciclos combinados contamina los precios, pese a que esta fuente supone poco más del 10% del mix.

La solución propuesta por Madrid y Lisboa, amparada en su escasa interconexión con Francia, pasa por un sistema de doble subasta para intentar evitar distorsiones en las exportaciones al otro lado de los Pirineos. Pero está encontrando fuertes resistencias. El pasado jueves, Ribera confió en que la medida pueda estar en vigor “a principios de mayo”, si bien reconoció que “hay algunos aspectos que todavía no están resueltos” para poner en marcha esta medida que las eléctricas están intentando hacerla “descarrilar”, según dijo hace dos semanas con inusual franqueza.

El último movimiento conocido ha sido el envío de una carta de las eléctricas a los vicepresidentes de la Comisión Europea Frans Timmermans y Margrethe Vestager y a la comisaria de Energía, Kadri Simson, que fue remitida el 8 de abril, un día después de ese lamento público de Ribera. La existencia de la carta la avanzó el jueves el portal luso Observador, que aseguraba que, según sus firmantes, esa solución ibérica va a beneficiar más a los consumidores españoles que a los portugueses.