El buzón interno de denuncias en la autoridad de la Competencia enfurece a los vocales del PP
El buzón anónimo que acaba de poner en marcha la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que sus técnicos puedan denunciar de forma confidencial la infracción del Código de Conducta del organismo (por ejemplo, manipulaciones de sus informes por parte del Consejo) ha levantado ampollas entre los consejeros del 'súperregulador' más cercanos al PP.
El descontento está encabezado por Fernando Torremocha y García-Sáenz, que participó en la aprobación de una versión (muy descafeinada) del Código Ético de la institución que incluía la creación de ese buzón anónimo, pensado para proteger a los técnicos de Competencia frente a injerencias de la cúpula. “Ese buzón de quejas para los técnicos ha enfadado muchísimo a algunos consejeros, y en especial a Torremocha; lo curioso es que los vocales lo aprobaron y parece que ni se dieron cuenta de que esa medida estaba incluida”, resume una fuente conocedora de la situación.
El mecanismo permite a los cerca de 500 empleados del organismo denunciar interferencias en su trabajo y está especialmente dirigido a los 150 técnicos de las distintas Direcciones de Instrucción: Telecomunicaciones y Sector Audiovisual, Energía, Transporte y Sector Postal, y Competencia. Los técnicos elaboran los expedientes que luego se elevan al Consejo del organismo.
Torremocha, cuyo nombramiento en la CNMC causó estupor en algunos sectores del mundo de la competencia, es conocido por su proximidad al PP, un grupo en el que se engloba también su colega Benigno Valdés y otros tres miembros del consejo que tienen su mandato caducado desde septiembre pasado: la vicepresidenta, María Ortiz, y los vocales Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez.
Torremocha también es conocido por alienarse sistemáticamente con las grandes empresas en la mayoría de decisiones de la Sala de Competencia del organismo, de la que forma parte. Sus votos particulares fueron un caso de estudio para el blog especializado en economía Nada es Gratis y suelen oponerse a la mano dura contra los desmanes de las compañías. El último ejemplo del que hay constancia es su rechazo a una sanción a la farmacéutica catalana Grifols por no notificar la compra de una filial de Novartis al organismo.
El más veterano
El currículum oficial de Torremocha en la web de la CNMC incluye datos tan peregrinos como su pertenencia a distintas órdenes religiosas (es, por ejemplo, “consejero de Justicia de la Soberana Orden Militar Constantiniana de San Jorge”), pero omite otros como su fecha de nacimiento. El exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al que el PP lleva colocando en los organismos de Competencia desde 2004 (fue vicepresidente de la extinta CNC, antecesora de la CNMC), acaba de cumplir 80 años. Lo hizo el pasado jueves. Es, con diferencia, el más veterano de los vocales de los tres grandes organismos reguladores en España.
Excluyendo a Torremocha, la persona más longeva en los consejos de esos organismos (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y la propia CNMC) es la consejera del supervisor bancario Carmen Alonso (71 años). Hay quien cuestiona que Torremocha esté en plenitud de facultades para el exigente ritmo de trabajo de la Sala de Competencia de la CNMC: “Se queda dormido en las reuniones”, asegura una fuente que conoce los entresijos del organismo.
Vínculos familiares
Torremocha, uno de los consejeros más reacios a facilitar información sobre las reuniones que mantiene con las empresas a las que regula, fue el responsable de redactar el primer código ético del organismo, una versión todavía más descafeinada del actual. Este, a diferencia de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (que también aplica a los miembros del consejo de la CNMC), no contempla ninguna cautela para los consejeros que hayan prestado servicio a empresas a las que regulan, ni sobre los vínculos de familiares directos de los vocales con el mundo empresarial. En el caso de Torremocha, estos son numerosos, a través de sus hijos.
Uno de ellos, el financiero Javier Torremocha y García de la Rasilla, ex de Lehman Bothers (el banco en el que trabajó el ministro Luis de Guindos) y de UBS, administra más de una decena de sociedades en España; otro, Bosco, es director ejecutivo Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), patronal que agrupa a empresas como Bacardi España, Campari, Codorniú, Diageo u Osborne. A su boda religiosa con una Oriol en Sevilla en 2013 acudieron, entre otros, María Dolores de Cospedal, el entonces ministro de Agricultura y hoy comisario europeo, Miguel Arias Cañete, y la infanta Elena. Y otro de sus hijos, Fernando, abogado, es administrador único de la firma de asesoría Torremocha & Partners.
La empresa, cuyo objeto social es “la prestación de servicios de consultoría y asesoría para el desarrollo de proyectos empresariales” y “el estudio, planificación y asesoramiento de estrategias que fomenten la defensa de los intereses empresariales tanto de personas jurídicas como de personas físicas”, ofrece entre sus servicios asesoría en materia de Defensa de la Competencia: “Análisis preventivo de operaciones; asesoramiento en expedientes de información reservada” y “asesoramiento en expedientes sancionadores”, según su web. El despacho opera desde 2008, pero la firma se constituyó el 10 de octubre de 2013, un mes después de publicarse en el BOE el nombramiento de Torremocha senior como vocal de la CNMC. Una casualidad.
