Los empresarios ya saben qué ocurre cuando no negocian con el Gobierno

“A veces, no negociando se pierde”. Yolanda Díaz dejó este mensaje a los empresarios en la jornada posterior al acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para subir el SMI 15 euros para la recta final del año, hasta los 965 euros. El Ejecutivo estuvo abierto a alzas inferiores con el fin de sumar a los empresarios al acuerdo. Una subida con el aval de la patronal da más seguridad sobre su aplicación al lanzar un mensaje a las empresas del país, que ven que sus “líderes” respaldan la medida. Pero no hubo manera. El resultado deja otro recado a los empresarios de cara a futuras negociaciones: plantarse no ha bloqueado la medida y, además, ha salido adelante con aquellos que sí quieren negociar, los sindicatos.

Lo que ha ocurrido con el SMI no se había dado hasta el momento. El Gobierno de coalición ha sacado adelante la inmensa mayoría de las medidas laborales con el consenso de los agentes sociales, tras negociarlas en el diálogo social. En una ocasión previa, a propósito de los reglamentos para los planes de igualdad y la igualdad retributiva, los empresarios se descolgaron en el último momento del pacto. Pero al menos negociaron su contenido, con aportaciones y cambios en los textos que surgieron de su intervención. En esta ocasión, la actitud de los empresarios ha sido diferente: no han negociado.

La CEOE y Cepyme se aferraron al 'no' a cualquier subida del salario mínimo este año, por pequeña que fuera, explican fuentes del diálogo social. Los empresarios no han entrado a discutir con profundidad opciones de acuerdo con un incremento inferior porque se han aferrado al “no es el momento”. La subida del SMI en 2021 se convertía así en una línea roja e insistían en que solo abordarían este debate a finales de año, de cara ya a 2022.

Si no pacta una parte, no acaba la negociación

Su plantón enfrentaba al Gobierno de coalición a una situación inédita. Los acuerdos del diálogo social han supuesto un importante respaldo al Ejecutivo en un momento clave, de crisis inédita ante la pandemia de coronavirus, dotando de legitimidad a sus actuaciones, que no eran solo suyas, sino fruto de cesiones mutuas y del consenso con los agentes sociales. No es baladí teniendo en cuenta el contexto político, en el que algunos partidos incluso tachan de “ilegítimo” al Gobierno y no han reducido la dureza de su oposición durante el pasado año.

Pese al inmovilismo de CEOE, la negociación se alargó con la esperanza de atraer a los empresarios. Cuando quedó claro que no era posible, el Ministerio de Trabajo tomó la decisión de sacar la medida adelante pactando solo con los sindicatos, lo que permitía una subida del SMI más alta para los trabajadores.

El acuerdo a dos bandas, no obstante, tuvo que superar resistencias internas de la parte socialista del Ejecutivo, como señaló Yolanda Díaz. Estas siempre han estado lideradas por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que se ha referido en varias ocasiones en las últimas semanas a la negociación del SMI, pero en un sentido diferente al que estaba defendiendo Trabajo en la mesa.

Por ejemplo, Calviño apuntó que el alza salarial se aplicaría desde octubre, cuando con los agentes sociales siempre se había propuesto que fuera desde el 1 de septiembre. Finalmente, ese ha sido el acuerdo. Y este jueves, cuando se acariciaba ya el pacto entre Trabajo y las centrales sindicales, Calviño todavía insistía en que quedaba una “consulta formal” sobre el tema y que la decisión se tomaría “en los próximos días”.

El debate se resolvió finalmente dentro del Gobierno, entre Moncloa y Trabajo, a favor del pacto con los sindicatos. Estos habían cedido por su parte a no plasmar la exigencia de un SMI de 1.000 euros en 2022, pero al menos el acuerdo contempla una referencia de que el próximo año se seguirá acercando a la meta del 60% del salario medio, que se alcanzará “antes del final de la legislatura”.

Ojo a las negociaciones pendientes

Los sindicatos han celebrado que no se permita “el derecho de veto” de la patronal. Es decir, que el acuerdo en el diálogo social se sitúe como el objetivo para sacar adelante una medida, porque en ese escenario si una parte no quiere negociar (como suele ocurrir con la patronal), no hay medida. En el pasado se ha criticado que las menciones del presidente Sánchez y la vicepresidenta Calviño a la necesidad de un acuerdo social para desmontar la reforma laboral daban esta carta de veto a los empresarios.

El líder de CCOO, Unai Sordo, destacó precisamente la importancia de llegar a un acuerdo bilateral en el salario mínimo para que también funcionara como “precedente”. “Nadie puede vetar las mesas de diálogo social”, apuntó. Desde hace meses, la ministra Yolanda Díaz insiste en que el diálogo social es un camino, no un fin. Se negocia para que haya acuerdo, pero si no lo hay, el Gobierno tiene en su mano legislar. Como ha ocurrido con el salario mínimo.

Hay importantes reformas pendientes que cuentan con las resistencias de los empresarios, pero habrá que ver hasta qué punto. Si las patronales acceden a negociar hasta el final e, incluso, si están dispuestas a llegar a acuerdos en materias tan complejas como las pensiones y la reforma laboral. Es improbable, destacan los sindicatos, pero hasta la fecha los empresarios se han decantado por la practicidad: mejor un acuerdo que no contente del todo, a una medida en la que no tengan influencia y que les 'hiera' más el bolsillo. Su posición se definirá en los próximos meses.