España y Portugal negocian una regulación conjunta para impulsar el bombeo hidroeléctrico

El Gobierno prepara una nueva regulación para el bombeo hidroeléctrico de manera coordinada con Portugal, con el objetivo de impulsar esta tecnología, clave para el almacenamiento de energía, y permitir el despliegue de las renovables.

La reforma se va a presentar “pronto”, según la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y ha estado sobre la mesa en la XXXIII cumbre hispano-portuguesa celebrada el pasado fin de semana en Viana do Castelo (Portugal), y en la que ambos países han firmado un acuerdo para constituir como organismo internacional el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), situado en Cáceres (Extremadura) y que prevé empezar a funcionar a finales de 2023.

El compromiso de sacar adelante esa regulación del bombeo al alimón entre Madrid y Lisboa emana de los acuerdos adoptados el 20 de octubre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, António Costa, en el encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron. Esa cumbre a tres alumbró el acuerdo político para perfilar el futuro corredor verde del hidrógeno con un nuevo gasoducto entre Barcelona y Marsella.

Entonces, Sánchez avanzó que, una vez logrado el acuerdo con la Comisión Europea para poner en marcha la solución ibérica, que ha permitido mitigar las subidas de la luz por la guerra en Ucrania y que ahora otros países europeos quieren implantar, Madrid y Lisboa trabajarán en una regulación del almacenamiento de electricidad en la península.

El objetivo, dijo Sánchez, es “contar con una reserva” y ser “mucho más fuertes, mucho más autónomos, mucho más resilientes. Y evidentemente también mucho más competitivos, que es lo que necesitan y merecen nuestros hogares y nuestra industria”.

“Criterios técnicos”

Fuentes de Transición Ecológica señalan que, con esta reforma, “los bombeos se gestionarán con criterios técnicos, modificando su régimen económico”. Según explicó el pasado miércoles Ribera en el Congreso, se trata de ver “en qué condiciones” se despliega el bombeo, “qué se retribuye, qué disponibilidad”, “sin generar ni mayor afección ambiental ni mayor preocupación desde el punto de vista de la estructura de costes y beneficios de quienes gestionan los bombeos ni de quienes pagan esa disponibilidad, esa seguridad del sistema eléctrico”.

El bombeo, explicó Ribera, “tiene todo el sentido en el sistema”, pero debe contar con una regulación propia e “independiente” y “con un mecanismo de pago distinto”.

La vicepresidenta tercera puso como ejemplo de “aprendizaje” obtenido en las recientes subastas de disponibilidad para compensar cortes selectivos de luz a grandes consumidores, “reconociendo un pago por un servicio y una oportunidad de negocio que no puede ser la simple actualización y disponibilidad del concesionario de una infraestructura que se nutre fundamentalmente de un bien de dominio público como es el agua para ofertar en el momento en el que puede conseguir un mejor precio”. 

El almacenamiento, recordó Ribera, “va a ser fundamental en un sistema eléctrico esencialmente renovable”, ya que permitirá cubrir la intermitencia de la eólica y la fotovoltaica en los momentos en los que no haya sol ni viento. Y la futura regulación “es mucho más adecuado hacerla de forma compartida y aplicando las mismas reglas” en los dos países, que tienen sus mercados eléctricos integrados, que “no cada uno por nuestra cuenta”.

Para Eloy Sanz, investigador y Profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en renovables y almacenamiento energético, abordar una legislación conjunta del bombeo es “muy acertado” y puede permitir atajar la especulación con el agua que actualmente permite la legislación: “Las ofertas de generación eléctrica intentan captar los mejores precios tanto en bombeo como en turbinación y no se rigen por sus costes sino por el máximo beneficio que puedan conseguir”, resume.

Batería de Europa

La sequía de este 2022 es uno de los factores que explican que las exportaciones de electricidad desde España hasta Portugal se hayan disparado en este ejercicio, sobre todo para permitir el bombeo en las instalaciones del país vecino cuando los precios son más bajos. Pese al estrés hídrico por el cambio climático, diversos estudios apuntan que España podría llegar a convertirse en la gran batería de Europa por su potencial para el almacenamiento de energía gracias al bombeo, a partir de la ampliación de las instalaciones actuales y mediante nuevos proyectos.

Esta tecnología está llamada a aumentar en España su capacidad de los 6 gigavatios (GW) actuales hasta los 9,5 GW en 2030, según el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).  Sin visos de que ese esfuerzo lo vaya a asumir el Estado a través de una empresa pública de energía cuya creación Ribera llegó a dejar caer en el verano de 2021, ese esfuerzo lo va a asumir el sector privado.

El mayor proyecto de bombeo que existe ya en marcha en España es el del megacomplejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela de Iberdrola en Cortes de Pallás (Valencia) -en la cuenca del río Júcar-, con una potencia de turbinación de 1.762 MW y con 1.293 MW de bombeo.

A él se sumarán otros megaproyectos como el que Repsol ha anunciado para ampliar en 1 GW la central de Aguayo, en Cantabria, o la central de Chira-Soria de Red Eléctrica en Gran Canaria.

Las plantas de bombeo almacenan energía en altura, elevando agua desde un depósito inferior a uno a mayor altura. Durante los períodos de alta demanda, el agua del embalse superior se libera mediante turbinas hacia un depósito inferior para producir electricidad. Y en períodos de baja demanda (cuando la luz es más barata) el agua se bombea de vuelta al embalse superior para almacenarla de nuevo. En general se trata de reservas superficiales (embalses, depósitos, etc.), pero también pueden utilizarse el mar o cavernas subterráneas como reserva inferior.