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El fondo europeo de recuperación está más cerca: las negociaciones desbloquean el presupuesto de la UE para 2021-2027

Los negociadores del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE, este jueves 10 de noviembre, tras alcanzar el acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual.

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —
10 de noviembre de 2020 15:55 h

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Ya queda menos. Los negociadores del Parlamento Europeo, la presidencia alemana de turno del Consejo de la UE y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo este martes sobre el Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de la UE para 2021-2027 de 1,074 billones de euros, en el que se inserta el fondo de recuperación de 750.000 millones –en total, 1,8 billones de euros en juego–. Los grupos de la Eurocámara denunciaban que las partidas del presupuesto plurianual que vaciaron los jefes de Gobierno en julio (cultura, la cohesión, Erasmus, Horizonte, Invest EU...) debían ser reforzadas, y la negociación se ha extendido durante varias semanas. Finalmente este martes se ha llegado a un acuerdo con la recolocación de 16.000 millones de euros.

El paquete incluye un refuerzo de programas clásicos de la Comisión Europea, entre ellos Horizonte Europa, EU4Health y Erasmus +, por un valor de 15.000 millones de euros a través de cantidades adicionales (12.500 millones de euros, provenientes de las multas de Bruselas a las grandes empresas por saltarse las leyes antimonopolio y que hasta ahora se reparten entre los 27) y reasignaciones (2.500 millones de euros), respetando los límites máximos de gasto establecidos por la cumbre de líderes de la UE de los días 17 a 21 de julio.

“El acuerdo prevé más flexibilidad para permitir que la UE responda a necesidades imprevistas; una mayor participación de la autoridad presupuestaria en la supervisión de los ingresos en el marco de los fondos de recuperación; una mayor ambición en materia de biodiversidad; y supervisión reforzada del gasto relacionado con la biodiversidad, el clima y el género; así como una hoja de ruta indicativa hacia la introducción de nuevos recursos propios”, afirma el Consejo de la UE (los Gobiernos).

El acuerdo se presentará ahora a los Estados miembros para su aprobación junto con los demás elementos del próximo marco financiero plurianual y el paquete de recuperación, incluido el régimen general de condicionalidad del Estado de Derecho para la protección del presupuesto de la Unión Europea acordado el pasado 5 de noviembre.

El comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, ha afirmado: “La UE ha demostrado su capacidad para actuar asegurando el apoyo vital y urgente que necesitan las empresas, los ciudadanos y las regiones en esta crisis sin precedentes”.

“Las negociaciones con el Parlamento han llevado su tiempo”, ha dicho el embajador alemán ante la UE, Michael Clauss, “pero finalmente lo hemos logrado: hemos alcanzado un acuerdo político sobre los últimos detalles del próximo presupuesto a largo plazo de la UE. Se trata de un acuerdo bien equilibrado, que aborda las cuestiones planteadas por el Parlamento respetando las orientaciones recibidas del Consejo Europeo en julio. Ahora estamos en condiciones de dar los siguientes pasos cruciales en el proceso: presentar las diferentes partes del paquete a los estados miembros y al Parlamento para su aprobación”.

“Europa se ha visto gravemente afectada por la segunda ola de la pandemia de coronavirus”, ha dicho Clauss: “Necesitamos urgentemente que el fondo de recuperación esté en funcionamiento para amortiguar las nefastas consecuencias económicas de la pandemia. Espero que todos comprendan la urgencia de la situación y ahora ayuden a allanar el camino para la rápida implementación del presupuesto de la UE y el paquete de recuperación; nadie necesita nuevos obstáculos y más retrasos”.

“Más cerca de un acuerdo sobre el presupuesto”, ha celebrado la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya.

La portavoz de IU en la Eurocámara, Sira Rego, ha afirmado: “Se mantienen las líneas principales que hemos criticado en el pasado. Por ejemplo: va a haber un aumento sin precedentes del gasto en materia de seguridad y defensa y la financiación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas no llevará incluida ninguna cláusula ni criterio par corregir las violaciones de los derechos fundamentales que hemos visto en las últimas semanas. Es inadmisible que después de la información que se ha publicado sobre agentes europeos practicando devoluciones ilegales, se destinen 1.500 millones de europeos a Frontex y a la gestión de fronteras. Esperamos que este acuerdo sirva para dar un impulso para la aprobación del Plan de Recuperación, aún pendiente de acuerdo y que es una herramienta imprescindible para que los Estados europeos diseñen planes para la reindustrialización y otras políticas expansivas que garanticen el empleo con derechos”.

Estado de derecho y la amenaza de Orbán

Este acuerdo llega después de que hace cinco días se desbloqueara otro nudo, el de la vinculación de los fondos europeos con el cumplimiento del Estado de Derecho. El acuerdo supone un cierto avance sobre la tímida propuesta de la presidencia rotatoria alemana, que limitaba la responsabilidad del cumplimiento del Estado de Derecho a la gestión del dinero europeo. Es decir, Polonia podría seguir decretando zonas libres de LGTBi y Hungría seguir expulsando migrantes de cualquier manera y seguir recibiendo dinero europeo.

De las negociaciones ha salido un texto que permite desbloquear una negociación en la que el Parlamento Europeo quería ir más lejos, y despeja el camino para la puesta en marcha de los fondos de recuperación a la espera de si el Gobierno húngaro llega hasta el final en su amenaza de bloquear la ratificación parlamentaria y, de ese modo, todo el fondo como represalia.

De momento, según publica Politico, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha amenazado con bloquear el paquete de recuperación y el presupuesto de la UE por el acuerdo para vincular los pagos de los fondos al respeto del estado de derecho.En una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, vista por Politico, Orbán ha dicho que el acuerdo del jueves pasado entre los negociadores de las tres principales instituciones de la UE no cumple con los criterios establecidos por Budapest.

“De acuerdo con la práctica acordada según la cual no se acuerda nada hasta que todo esté acordado, debo informarle de que la situación no deja otra opción a Hungría que no aceptar los otros elementos del paquete en el próximo MFP [Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de siete años de la UE] y el fondo de recuperación del coronavirus, incluidos los aspectos que requieren unanimidad [la aprobación de recursos propios y el nuevo techo de gasto], ha escrito Orbán a Michel.

Una vez despejados estos dos nudo, queda otra negociación abierta: la que empezará a mediados de noviembre sobre el reglamento del fondo de recuperación.

La negociación de los recursos propios, cerrada esta martes también, tiene que ver los impuestos que quiere poner en marcha la UE para hacer frente al repago de los 750.000 millones de deuda que emitirá la Comisión Europea para financiar los fondos de recuperación. Esa negociación debería llegar a buen puerto, si bien hay flecos que tienen que cerrar, como la fecha de puesta en marcha de algunos impuestos, como el de transacciones financieras, que Consejo fijó para 2026 y la Eurocámara lo quiere para antes.

La delegación del Parlamento Europeo propuso un plan para introducir nuevos recursos a lo largo de los próximos siete años, una propuesta que se incorpora al acuerdo interinstitucional, un texto jurídicamente vinculante. Además de una contribución vinculada al uso de plásticos a partir de 2021, la hoja de ruta indicativa y pendiente del acuerdo por unanimidad de los 27 gobiernos, incluye ingresos procedentes del sistema de comercio de emisiones (a partir de 2023, probablemente vinculado a un mecanismo de ajuste de carbono en frontera), una tasa digital (desde 2024) y una tasa sobre las transacciones financieras, así como contribuciones ligadas al sector corporativo o una nueva base común para el impuesto de sociedades (a partir de 2026).

Y la última pendiente es la del reglamento del fondo de recuperación. Este lunes las comisiones de asuntos económicos y presupuestos del Parlamento Europeo han decidido sobre el reglamento –73 votos a favor, 11 en contra y 15 abstenciones– para asignar los 672.500 millones de euros de los fondos de emergencia para la recuperación del coronavirus. El reglamento ha sido respaldado por los grupos del PPE, S&D, Renew (liberales), Verdes e Izquierda Unitaria (GUE), y reclama, en comparación con la propuesta del Consejo de la UE (los 27 Gobiernos), más inversiones verdes (del 37% al 40% y alineadas con las directrices de la taxonomía comunitaria que establece qué inversiones son verdes y cuáles no), introducir la perspectiva de género y eliminar la cláusula de suspensión en la entrega de los fondos si no se cumplen las normas fiscales de objetivos de deuda y de déficit que, por otro lado, están suspendidas durante 2020 y, al menos, 2021.

Tras superar el paso por comisión, se espera una votación final a mediados de mes durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo como paso previo para la negociación con el Consejo.

El acuerdo del Parlamento Europeo establece un objetivo de gasto de al menos el 40% vinculado a la biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático –el acuerdo de los Gobiernos lo fija en el 37%–, asegura que el 100% del dinero de todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia se gaste en las prioridades identificadas en este reglamento por el Parlamento; que el Parlamento debería tener el derecho de aprobar los planes nacionales de recuperación y resiliencia; evaluación del impacto en la igualdad de género en los paquetes de recuperación completo; y que las recomendaciones específicas para cada país deberán ser aquellas que estén en línea con las prioridades del reglamento. Por último, el artículo 9 sobre el vínculo del fondo con la obligación del cumplimiento de las normas fiscales europeas se suprimió y se sustituyó por un mecanismo de revisión por el cual se encarga a la Comisión presentar una nueva propuesta legislativa sobre la forma de articular el Reglamento con las normas fiscales una vez que se suprima la cláusula de salvaguardia general del Pacto de Estabilidad.

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