Los casos de fraude o de infracciones en el ámbito de la formación profesional tendrán visibilidad pública, según recogerá la nueva reforma de la Formación Profesional que ultima el Gobierno con los agentes sociales.
El último borrador que ha enviado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a patronal y sindicatos y al que tenido acceso la Agencia EFE señala una mayor transparencia en el apartado relativo a las infracciones y sanciones.
Así, recalca que las administraciones competentes se dotarán de los instrumentos y medios de control necesarios para detectar, evitar y sancionar los casos de incumplimiento o infracción y se dará visibilidad pública a los canales de denuncia y conocimiento de las situaciones fraudulentas.
Por otra parte, además de crearse una Unidad Especial de Inspección para evitar los fraudes y que desarrollará anualmente un programa de inspección en colaboración con las Comunidades Autónomas, el seguimiento y control de las actividades de formación también podrán realizarlo entidades externas especializadas e independientes.
En este sentido, la nueva norma establece que las administraciones públicas competentes pueden recurrir a estas empresas destinando para ello una financiación que no podrá superar el 5 % de los fondos de formación gestionados en el respectivo ámbito competencial.
“Estas entidades deben ser ajenas a los órganos de participación y gobernanza del sistema de formación profesional para el empleo, así como a la impartición y a la organización de la formación programada por terceros”, incide el borrador.
En el ámbito del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, corresponderá a las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ordenar la actividad de la inspección en esta materia, que se realizará, cuando resulte necesario, en colaboración con la referida Unidad especial de Inspección.