El Gobierno ha confirmado este miércoles que no prevé reabrir el fallido almacén de gas Castor tras recibir el informe encargado por Enagas al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sobre el almacenamiento, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón) y en el que dejó de inyectarse gas en septiembre de 2013, después de que se registraran cientos de seísmos en la zona.
En rueda de prensa, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha descartado que el informe permita reclamar a la concesionaria del proyecto, Escal UGS (cuyo mayor accionista era la constructora ACS), la devolución de la millonaria indemnización de 1.650 millones de euros que cobró tras renunciar a la concesión. “Este informe no altera en lo sustancial el proceso seguido en la indemnización”, ha señalado Navia.
El Ministerio de Energía no desmantelará por ahora el almacenamiento subterráneo de gas Castor porque la situación en la zona está “estable” y porque los expertos consideran que sacar el gas conllevaría un alto riesgo, ha dicho hoy el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha avanzado que no volverá a funcionar. Sin embargo, ahora el Gobierno realizará nuevos estudios para decidir si se procede a desmantelar el complejo, un proceso con un coste estimado de unos 300 millones
Según Nadal, los expertos han concluido que la relación entre la inyección de gas y los terremotos es “muy probablemente alta”, o lo que es lo mismo, la inyección de gas fue la que “con toda probabilidad” produjo los terremotos en la zona.
Además, consideran que lo que hizo el Gobierno en su día, parar la inyección de gas, fue lo correcto y que es lógico que eso llevara a que los terremotos pararan pocos días después, aunque existe un desfase de unos diez o quince días entre las inyecciones y los seísmos.
Según el informe, la falla en la que ellos han localizado los movimientos está estable, y lo mejor por ahora es “mantener las cosas como están” porque “existe un riesgo alto por inyectar gas pero también por sacarlo”.
Habrá que ver cómo se asienta y hacer posteriores estudios para ver qué se hace en el futuro con Castor y cómo, ha dicho Nadal, que ha aseverado que “lo que está claro es que esta instalación no puede volver a funcionar”, y ha apuntado que hay “mucho tiempo” por delante para tomar una decisión.
El ministro ha explicado que el informe no da plazos sobre dicha estabilidad y que la falla en la que ellos sitúan los hipocentros es diferente a la que señalaron otros estudios, es decir, que no es la de Castor, si no la de Amposta, que está muy cerca.
Ha añadido que el informe concluye que los estudios previos al proyecto estaban “bien hechos” y dentro de los estándares de la industria pero que, al ser parciales, era casi imposible detectar riesgos en la zona.
Los estudios que se hicieron después de los terremotos, también estuvieron “muy bien hechos”, según Nadal, que ha asegurado que los técnicos del MIT alaban la técnica española a pesar de que fue parcial y no como la suya, que es la única en el mundo que integra sismólogos, geólogos e ingenieros.
Por ello, de cara al futuro recomiendan que se suban los estándares y las exigencias para cuando se quiera volver a construir instalaciones de este tipo, que han dado problemas en otros países, como Holanda y Estados Unidos.
“Evidentemente, hay una relación entre Castor y los terremotos. Se hizo bien cortando de raíz la inyección de gas y parando el uso de la instalación. La instalación está estable y no tiene riesgo y cualquier movimiento a futuro se tiene que hacer con un estudio muy serio y con mucha prudencia”, ha resumido Nadal.
“Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos. Si se desinfla, también podría mover los cimientos”, ha dicho Nadal para defender que lo que se haga se deberá hacer “con prudencia y seguridad”.
El ministro ha defendido que el grupo que ha hecho el estudio es el más avanzado del mundo porque integra tres técnicas: las de los sismólogos, ingenieros y geólogos. Según el secretario de Energía, “era muy difícil prever lo que ha ocurrido”, algo “importante” a la hora de exigir eventuales responsabilidades, una cuestión que “no compete” al Gobierno, sino a los tribunales de Justicia.