El Gobierno no deroga el 0,25% de las pensiones y se da seis meses para aprobar el nuevo índice de revalorización
El Gobierno de Pedro Sánchez cierra el último Consejo de Ministros del año con un 'macrodecreto' en materia de Seguridad Social. Desde que se conoció la existencia de este real decreto-ley, todos los ojos estaban puestos en qué haría el Ejecutivo con la reforma de las pensiones del PP de 2013 y, en especial, con el sistema de revalorización impuesto por el Gobierno de Rajoy que encadenó subidas anuales del 0,25%. Aunque en el borrador del decreto figuraba la vuelta a la actualización de las pensiones según el IPC “indefinidamente”, el Gobierno ha optado al final por elaborar el nuevo mecanismo de revalorización en un plazo de seis meses.
Así queda recogido en el real decreto que ha aprobado el Ejecutivo este viernes y ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo. La subida del 0,25% no volverá este año, ha destacado Sánchez, ya que el real decreto-ley aprobado este viernes regula la subida general de las pensiones de un 1,6% este 2019 y, en el caso de las pensiones mínimas, de un 3%, como ya ocurrió este año. También el incremento de la base reguladora de las pensiones de viudedad de un 4 puntos porcentuales.
Sánchez ha destacado que la subida del 1,6% para 2019 supone que las pensiones aumentarán “por encima de las seis décimas de la previsión de IPC para este ejercicio, es decir, habrá una ganancia de poder adquisitivo frente a años de merma constante por efecto del sistema anterior de cálculo”.
Además, la norma también recoge la paga compensatoria –la llamada “paguilla”– que se abonará a los pensionistas antes del 1 de abril de 2019 para actualizar la subida aplicada este 2018 (1,6%) al IPC real al concluir el año. El dato que se ha tomado para calcular la compensación ha sido la media del IPC interanual de los doce meses precedentes, de diciembre de 2017 a noviembre de 2018. La cifra resultante es del 1,7%, por lo que el Ejecutivo pagará esa décima de compensación a los pensionistas, lo que supone un coste de 128,6 millones, según las cuentas de la Seguridad Social.
Seis meses para la nueva revalorización
El presidente del Gobierno ha explicado que el real decreto-ley incluye el compromiso del Ejecutivo de establecer un nuevo mecanismo para la revalorización de las pensiones, fruto del “diálogo”. El texto legal concreta que ese plazo será de seis meses, en los que el Gobierno creará “un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social”.
El borrador del real decreto-ley que se hizo llegar a los agentes sociales, y al que tuvo acceso eldiario.es, contemplaba la modificación del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social para crear ya ese nuevo mecanismo: la vuelta a la vinculación de las pensiones al IPC. El dato de IPC sería la media de los datos interanuales de los doce meses precedentes, como el que se utilizará este año para abonar la paga compensatoria a los pensionistas.
Así, el borrador suponía la supresión del índice de revalorización de las pensiones creado por el Gobierno de Rajoy, que implicó las subidas consecutivas del 0,25%.
Finalmente, el decreto aprobado este viernes y que ha explicado Pedro Sánchez no contempla esta modificación legal y aplaza la creación del nuevo mecanismo de revalorización anual de las pensiones a los próximos seis meses, para abordar este cambio normativo con los sindicatos y la patronal, “y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo”.
El presidente del Gobierno ha subrayado que “la sostenibilidad del sistema de las pensiones requiere diálogo” y ha destacado que con este compromiso del Ejecutivo se pone fin a “las imposiciones” en materia de pensiones que encarnó el Gobierno de mayoría absoluta del PP. Pedro Sánchez ha celebrado que con este decreto “se pone fin” a un periodo de merma del poder adquisitivo y de empobrecimiento de los pensionistas.
Subida del 7% de las bases máximas de cotización
Con el objetivo “de soportar el incremento de gasto que implica la mejora del ámbito protector” y con el fin de “asegurar la viabilidad financiera del sistema de la Seguridad Social” a lo que hay que sumar “la falta de aprobación de la Ley de Presupuestos para el año 2019”, el Gobierno ha destacado la necesidad de aplicar un “incremento en un 7% del tope máximo de cotización en la Seguridad Social y del incremento de las bases mínimas de cotización en el porcentaje experimentado para el año 2019 por el Salario Mínimo Interprofesional, en el entorno de un 22%”.
“La necesidad por tanto de reforzar la estabilidad y solidez financiera del sistema ante los retos a los que se enfrenta, y abordar las importantes mejoras descritas en el ámbito protector, son circunstancias que justifican la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para aprobar el incremento del tope máximo de cotización y de las bases máximas y mínimas de cotización de los diferentes regímenes del sistema”, agumenta el Gobierno en el Título segundo del decreto ley.
El Gobierno confirma en el real decreto que amplía un año la cláusula de salvaguarda para que los desempleados desde 2013 y los trabajadores que salieron de sus empresas en ERE o acuerdos suscritos antes del 1 de abril de ese año puedan seguir jubilándose con las condiciones previas a la reforma de las pensiones de Zapatero. Rajoy aprobó un límite a esta opción, el 1 de enero de 2019, y el Ministerio de Trabajo ha optado por aplazarlo hasta el 1 de enero de 2020.
Los afectados reconocen que la decisión supone un respiro para las situaciones más inmediatas, aunque no para aquellos que se van a jubilar a partir de 2020. “Alivia, pero no soluciona el problema”, explicaba Pilar a eldiario.es.
