El Gobierno ya ha encontrado una utilidad al superávit de la tarifa eléctrica que se ha venido acumulando desde 2014. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 contiene una disposición adicional que permitirá al Ejecutivo echar mano de ese excedente para liquidar indemnizaciones dictadas por los tribunales a favor de las compañías eléctricas.
La última disposición adicional del proyecto presentado al Congreso establece que, “de forma excepcional para el año 2017” y previa orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, “los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico que deban llevarse a cabo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo al sistema eléctrico”.
El Gobierno enmienda así su propia normativa sobre el superávit de tarifa, figura que tiene su origen en la reforma eléctrica que llevó a cabo el entonces Ministerio de Industria en 2013, con Alberto Nadal, actual secretario de Estado de Presupuestos y Gastos y hermano del actual ministro de Energía, al frente de la Secretaría de Estado de Energía.
En teoría, la Ley Eléctrica obliga desde 2013 a destinar ese excedente, unos 1.000 millones de euros, a amortizar la deuda contraída con las compañías eléctricas por el denominado déficit de tarifa que se acumula desde principios de siglo y que supera los 23.000 millones. A falta de un desarrollo normativo, el superávit acumulado está inmovilizado en una cuenta bancaria gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Artimaña legal
Preguntado por este asunto, el Ministerio de Energía niega que esta artimaña legal esté pensada para resolver la cuestión de la indemnización de algo más de 500 millones de euros que tienen pendiente de cobrar las grandes compañías eléctricas, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en octubre pasado invalidó el mecanismo de financiación del bono social, un descuento del 25% en la tarifa regulada de la luz (conocida como PVPC) para determinados colectivos a cargo de las empresas.
“No es para bono social. Es para sentencias firmes no recurribles. Compañías que demandaron al Ministerio y ganaron en los tribunales”, asegura un portavoz de Energía, que no precisa de qué sentencias se trata pero sí recuerda que el litigio por el bono social está pendiente de resolverse en el Tribunal Constitucional.
En concreto, el Gobierno pidió en febrero pasado al Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del mecanismo de financiación del bono, con el argumento de que el Supremo interpretó una directiva comunitaria sobre política energética sin tener potestad para ello.
Si la sentencia sobre el bono social deviniera firme, el Gobierno podría verse obligado a cargar la indemnización a los costes regulados del sistema (lo que supondría que este volviera a registrar déficit de tarifa) o endosársela directamente a los consumidores a través de una subida de la parte regulada del recibo.
Esta última posibilidad parece descartada tras la fuerte subida que ha experimentado el precio de la luz durante el primer trimestre del año, que se va a traducir, según el ministro Álvaro Nadal, en una media de 100 euros más por cliente en el conjunto de 2017, y que además va a tener un reflejo positivo en la recaudación tributaria: el proyecto de Presupuestos prevé que la recaudación por el Impuesto de Electricidad se dispare este año un 11,5% con respecto a 2016, hasta 1.438 millones de euros.
Otros 10 millones para asesorías por los arbitrajes
Entre las sentencias que podrían devenir firmes este año y podrían suponer un revolcón para la tarifa eléctrica están también los arbitrajes iniciados por inversores internacionales contra España por el recorte contra las energías renovables, que se cuentan por decenas.
Los Presupuestos de 2017 contemplan otros 10 millones para el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) destinados “a financiar actuaciones de asistencia técnica y económica” de “nueva inclusión en 2017”, esto es, a pagar nuevas asesorías a bufetes especializados en este tipo de litigios, que, tal y como reconoce la Abogacía del Estado en el proyecto presentado al Congreso, implican un “extraordinario esfuerzo”.