El Gobierno propone un cambio de amplio calado en el sector energético. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado iniciar la tramitación de un anteproyecto de Ley que plantea cargar el coste de las primas a las renovables a los operadores del conjunto del sector energético, en lugar de los consumidores de electricidad como hasta ahora.
El anteproyecto plantea crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que, gradualmente (en cinco años), asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, conocido como RECORE, y que financiarán todos los operadores del sector en función de sus ventas.
El MITECO defiende que la medida tiene un triple objetivo: “Evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema” para movilizar las inversiones necesarias en los próximos años para impulsar la transición energética.
Si con el sistema actual la aportación para financiar el RECORE recae directamente sobre los consumidores finales, se plantea que los sujetos obligados a financiar el fondo sean el conjunto de agentes del sector energético: comercializadoras de gas natural y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor, operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y grandes consumidores que operen como consumidores directos de esos productos.
En total, entre 500 y 1.000 agentes, según el MITECO, que defiende que “no es un recargo a los consumidores finales de energía” y cree que puede haber comercializadores que decidan no repercutirlo a los usuarios en sus precios finales.
Aunque el ministerio cree difícil estimar la aportación que hará cada sector y que esta puede cambiar en el futuro porque el sector no es una “foto fija”, una vez implantado el nuevo fondo la mayor parte de la aportación por sectores (43%) correspondería a los operadores de productos petrolíferos. Al sector eléctrico le correspondería un 31% y al gasista, otro 25%.
Los comercializadores contribuirán al nuevo fondo mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía. Al total a aportar para cubrir el coste del RECORE (que asciende a unos 7.000 millones al año actualmente) se le descontarán los ingresos provenientes de las otras fuentes de financiación del fondo: la recaudación de tributos eléctricos regulados en la Ley 15/2012 (impuesto sobre el valor de la energía, impuesto a la nuclear, canon hidráulico…) y los ingresos procedentes de subastas de CO2. Además, el fondo podrá complementarse con fondos comunitarios y los Presupuestos Generales del Estado.
Exenciones y bonificaciones
El anteproyecto se va a tramitar por la vía de urgencia y todavía tiene que pasar el trámite parlamentario y la audiencia a los agentes implicados, por lo que en el mejor de los casos se aprobaría en el primer semestre de 2021. Prevé poner en marcha exenciones y compensaciones “para garantizar la equidad y la redistribución” destinadas a “aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema”.
Así, se plantean exenciones para sectores como el de la aviación (en situación crítica por la pandemia), gasóleo agrícola, navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como para el consumo eléctrico para almacenamiento o el de gas natural para cogeneración y generación eléctrica (para evitar una doble imposición), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
Y se proponen compensaciones o “bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse” sobre los consumidores en el gasóleo y gasolina de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a lo que el ministerio califica como sectores en riesgo de “fuga de carbono”.
El RECORE, que no financia las plantas de energías limpias más recientes (ya no cobran primas), ni las que se pondrán en marcha con las subastas que ultima el ministerio, ascendió en 2019 a 7.076 millones. Aunque esta cifra bajará en los próximos años a medida que las plantas más antiguas cumplan su vida útil, es una de las principales partidas de costes regulados del sistema eléctrico. Del total de 17.000 millones, 7.000 millones corresponden a los peajes que próximamente fijará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que retribuyen al transporte y la distribución; casi 3.000 millones se van a devolver el deficit de tarifa embalsado (el desfase entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico que se acumula desde principios de este siglo) y unos 700 millones, a la parte del extracoste que cubre la tarifa para los sistemas eléctricos aislados (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla).
Los cargos fijos del RECORE incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica suponen para un doméstico alrededor del 16% del recibo. Al sacarlo de lo que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas, el departamento de Teresa Ribera calcula que el futuro fondo “podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos”, en caso de que las comercializadoras de luz repercutan toda su aportación al consumidor final. Si no lo hicieran, la bajada sería mayor.
Transición Ecológica recuerda que, de no modificarse el sistema actual, la Ley en vigor obliga a ajustar al alza automáticamente la parte regulada del recibo de la luz. Y con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura. “De no crearse este fondo, los costes fijos del recibo de la luz para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%”, lo que supondría una subida media de la factura de en torno “al 6,5% en un sólo año”, argumenta el MITECO.
Implantación gradual
Para “facilitar la adaptación de todos los actores implicados”, se plantea que el nuevo fondo se implante gradualmente, en cinco años. El primer año se cargaría un 20% del coste del RECORE al nuevo fondo, el segundo el 40%, y así hasta cubrir el 100% en ese lustro.
Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición. Asimismo, la implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación”, según el ministerio, que defiende que este sistema va a beneficiar proporcionalmente a los hogares con rentas más bajas, que dependen en mayor medida del consumo eléctrico.
El objetivo es evitar una nueva situación de déficit de tarifa como el que ya se acumula de años anteriores, un fantasma resucitado por la crisis del coronavirus y el desplome de la demanda. El ministerio añade que la aparición de desequilibrios económicos en el sistema eléctrico “genera incertidumbre y menor confianza de cara a la inversión en nuevos proyectos de energías renovables o eficiencia energética: inversiones que, siendo importantes para la transición energética, lo son especialmente en un contexto de necesaria reactivación económica”. Este martes, la CNMC ha confirmado un déficit de tarifa de 527,7 millones en 2019, una cifra inferior a los 700 millones esperados inicialmente y que se cubrirá gracias al superávit que todavía se guarda de ejercicios anteriores.
El ministerio subraya que el fondo propuesto “equilibra el sistema sin aumentar los cargos fijos ni elevar su endeudamiento, al tiempo que anticipa respuestas para dar seguridad” a los inversores. Y recuerda que el diseño actual del sistema energético se planteó en un contexto muy diferente al actual, con precios de la electricidad altos, un mix de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente.
Ahora, el descenso de la demanda debido a la eficiencia energética y la pandemia, un escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables (la forma más barata de producir energía) y la salida del carbón del mix generan una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico.
Se trata de un escenario que el MITECO ya contemplaba pero que la crisis del coronavirus ha “exacerbado”, indican fuentes del departamento de Ribera, que recuerdan que la Comisión de Expertos para la Transición Energética que creó el anterior Gobierno en 2017, diversos grupos parlamentarios y muchos think tanks han recomendado el reparto de los incentivos a las renovables sobre los distintos agentes del sector energético.