El gran reto europeo: cómo reinventar su sistema productivo para lograr la seguridad económica

Reconfigurar la economía europea puede llevar al mercado interior a la hegemonía tecnológica y la vanguardia sostenible del planeta o le puede hacer caer en El Mito de Sísifo, de Albert Camus: condenar a su vetusto modelo productivo a empujar un peñasco hasta la cima de una gigantesca montaña para volver a caer rodando hasta el valle, y emprender eternamente este esfuerzo en vano. Es el dilema al que parece enfrentarse el mayor bloque comercial del mundo en su denodado intento de abordar la reducción de riesgos en un orden global mutante y cada vez más geopolítica y financieramente peligroso.

No es un examen exclusivo para el Viejo Continente. Ni siquiera una reválida más en su desafío constante de modernizar su estructura económica. En esta tarea están la totalidad de potencias de rentas altas, mercados emergentes y el Sur Global y sus países en desarrollo. Pero la empresa es mayúscula: como advierte Juan Pisani-Ferry, analista del Instituto Bruegel, la fórmula para aminorar los riesgos se enfrenta al dilema de configurar un espacio de seguridad económica en un mundo altamente dependiente en el que, para más inri, se ha instalado la amenaza seria de una fragmentación -decopling- de los mercados globales. O, dicho de otro modo: “Se trata de difuminar los peligros externos sin renunciar a los beneficios del comercio”.

El paper de este think tank europeísta plantea “robustecer” la agenda de reformas estructurales bajo el segundo mandato de Ursula Von der Leyen en la Comisión Europea y la recién inaugurada legislatura en la Eurocámara para atender a los shocks geopolíticos y económicos y reevaluar los parámetros de seguridad productiva del mercado interior tras la sucesión de factores adversos: las disrupciones en las cadenas de valor desde la Gran Pandemia, la escalada de precio y el colapso de abastecimiento energético que provocó la invasión rusa de Ucrania o la “coacción” de China que se ha asumido como “amenaza” en la renovada acción geoestratégica de la UE.

Pisani-Ferry ilustra este planteamiento a partir de una premisa esencial: potenciar el comercio europeo, minimizando las vulnerabilidades procedentes de espacios ajenos al mercado interior. Esto exige identificar las mercancías, servicios, capitales y materias primas proclives a desestabilizar su tejido empresarial e industrial y, a partir de esa lista, emprender un proceso de reducción de sus importaciones sustituyéndolas y diversificándolas con fabricantes y distribuidores europeos o exteriores que ofrezcan garantías de abastecimiento, dice junto a sus colegas Jeromin Zettelmeyer y Beatrice Weder.

La tesis de este centro de investigación también la respalda el Fondo Monetario Internacional (FMI). Solo que su número dos, Gita Gopinath, plantea este cambio de paradigma como una “rebelión contra la libertad de tránsito comercial de la globalización” en nombre de las alianzas entre países amigos (friendshoring), de la necesaria distensión de riesgos (de-risking) y de la obligada restauración de las garantías de abastecimiento (self-reliance). Pero estos son años en los que vivimos peligrosamente, aduce la subdirectora gerente del Fondo, casi a modo de disculpas vagamente justificadas: “Estamos en un punto de regresión”, a partir del cual, se asume con normalidad la subida de aranceles sobre un número cada vez más nutrido de mercancías, escribe en Foreign Policy.

¿Aceptará Europa participar en el proteccionismo global?

De alguna manera, los analistas de Bruegel consideran inevitable aceptar este juego en el que el objetivo es configurar lo antes posible “ecosistemas genuinamente europeos en sectores estratégicos como el sanitario, energético, tecnológico, industrial o el aeroespacial”. Además de abordar con ellos el nuevo salto digital de la Inteligencia Artificial (IA) generativa y el Big Data y acelerar la transición energética para abanderar las emisiones netas cero de CO2 en el mundo.

Solo así se podrán afrontar las “impredecibles naturalezas de las relaciones económicas globales y la virulencia de impactos exteriores que se propagan por varios canales, no solo las compras y las ventas comerciales a otros mercados, sino los activos internacionales o vehículos financieros que complicarían todavía más esta estrategia”, afirma Pisani-Ferry.

En su opinión, la seguridad económica “no solo debería focalizarse en la diversificación de las importaciones”, con un ranking selectivo de categorías de productos que pueden causar daño en casos de interrupciones de las cadenas de valor, sino “en potenciar la capacidad de resiliencia” con mayores dosis de integración del mercado interior, y “establecer mecanismos de disuasión” ante el descontado aumento de los conflictos comerciales, que serán cada vez más “crónicos y severos”.

Para los tres autores del estudio, el Instrumento Anti-Coerción impulsado por Bruselas en 2023 como herramienta de disuasión y, en última instancia, de adopción de respuestas para defender los intereses de la UE, “va en la dirección adecuada”. Aunque debe completarse con medidas adicionales que incluyan estrategias proactivas para “detener o responder ante las amenazas económicas” y acelerar la diversificación y la protección productiva por “seguridad nacional”.

En este sentido, creen prioritario evaluar el grado de dependencia comercial, seleccionar todas las cadenas de valor vulnerables, redefinir las políticas comerciales con objetivos y estándares socio-económicos, laborales y tecnológicos que incorporar al amplio espectro de acuerdos de libre comercio, y transformar el mercado interior. Bajo un “doble enfoque”: como escudo frente a disrupciones productivas y como salvaguardia de los estados de bienestar.

Todo ello, sin abandonar la cooperación y el multilateralismo del comercio ni sus reglas de juego universales. “A pesar del daño sufrido por la OMC [Organización Mundial del Comercio] en los últimos decenios, sigue siendo una institución respetada y un proceso de de-risking agresivo deterioraría el comercio europeo e impondría subsidios y reacciones de proteccionismo frente a sus competidores en el exterior”, añaden.

Especial protección comercial 

Sin embargo, ¿qué productos y servicios deberían considerarse de riesgo sistémico? Isabelle Mejean, del Centre for Economic Policy Research (CEPR) británico, y Pierre Rousseaux, de la Ecole Polytechnique ENSAE y la Paris School of Economics, esbozan varias categorías de bienes que necesitarían estar a resguardo en el mercado interior.

En primer término, los de “relación de suma adherencia”, es decir, los de trayectoria importadora prolongada y generalmente de un cliente preferencial, que han caído de 378 a 105, pero que se podrían reducir hasta 49 si se aplicara un ajuste del 75%; incluso más, hasta dejarlos solo en 21, si se impusieran criterios de riesgo productivo o de suministro con altos costes económicos. En esta terna, la mayoría -12, en concreto- proceden de China.

Si bien hay otro bloque altamente sensible “de productos críticos” que, en caso de insuficientes garantías de suministro, “acarrearían consecuencias no solo económicas sino también humanas severas”. Mejean y Rousseaux añaden en este listado hasta 19 productos farmacéuticos, de cuya parálisis en el suministro dependerían tratamientos terapéuticos punteros, de alta sofisticación y difícilmente sustituibles. U otros tecnológicamente avanzados y necesarios para suprimir la huella de carbono. Además de materias primas estratégicas, como las tierras raras. Todos ellos, con la vitola de “riesgo elevado”, y muchos con la etiqueta Made in China, según sus trabajos de campo sobre dependencia importadora europea.

Estos investigadores citan en este listado a “la mayoría de los componentes” de paneles solares, baterías y las técnicas de innovación avanzada en el segmento del hidrógeno. Además de todos los minerales metálicos imprescindibles para la fabricación de chips y otros bienes industriales y electrónicos para el sector de la alta tecnología. Entre 2015 y 2019, el índice de concentración de estas importaciones en Europa adquirió un nivel de dependencia tal que “ha debilitado su influencia internacional”.

Thea Bauer, abogada asociada al bufete Dentons en Alemania, defiende en un post de la revista de Oxford Business Law la propuesta de la Comisión en la denominada Ley de Materias Primas Críticas de la EU (CRMA, por sus siglas en inglés), que atiende las directrices y obligaciones sobre las cadenas de valor europeas. Una norma que debería implantarse lo antes posible en los ordenamientos jurídicos nacionales porque contiene -aclara- requerimientos para que las empresas e industrias comunitarias “estén mejor preparadas ante supuestos de ruptura de sus estructuras productivas”.

La propuesta cita entre las manufacturas más sensibles las baterías de almacenamiento energético y movilidad eléctrica; equipamiento para la producción de hidrógeno, para generación eléctrica renovable, componentes para móviles, aviones civiles y militares y motores de tracción, bienes de alta tecnología industrial, robótica, drones, lanzaderas de cohetes, satélites y, por supuesto, chips avanzados.

En defensa de Draghi y Letta

En este contexto, Georg Zachmann y Ben McWilliams, de Bruegel, valoran positivamente los dos informes encargados por Von der Leyen a los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta para analizar la rémora de productividad y competitividad de la UE y dibujar una hoja de ruta para acomodar su economía a la nueva Guerra Fría. Ambos documentos destacan su apuesta por el recetario keynesiano con dosis de intervencionismo para no perder músculo en el orden global. Draghi desglosa las causas de la pérdida de dinamismo y de atractivo productivo del mercado interior y Letta describe la agenda estratégica que debería de ponerse en liza en el próximo lustro, hasta 2029.

Su conclusión es que el mercado interior “sigue siendo el principal activo” de la UE. Pero debe reinventarse, resetear sus dinámicas. A juicio de Letta, la prioridad es “alcanzar un mayor grado de integración de su sector energético”, con objeto de que se desarrolle “una transición verde, digital y de comercio justo”. Con suficiente almacenamiento de energía y “subsidiando”, por ejemplo, las plantas de hidrógeno como ha hecho Alemania y “elevando los fondos europeos de proyectos transfronterizos de fuentes renovables”, lo que redundaría en “menores costes energéticos”.

Entre los instrumentos para lograrlo, recomiendan una Agencia de Energía Limpia que permita y certifique la adecuada gestión de estos fondos, la imposición de un gravamen por el uso del carbón, y espolear la innovación tecnológica que sustenta la revolución industrial verde. En Bruegel piensan que las propuestas de Draghi y de Letta son las piedras angulares para “revitalizar una agenda estancada”, devolver los índices de productividad y competitividad a la Unión y “aplicar una política económica que se adecúe a las complejidades de la economía global”.