Así impacta la crisis de la vivienda en la salud mental: “A veces solo quieres llorar y tienes que pedir ayuda”

Rosa tiene 54 años y trabaja en una gran multinacional española. Tiene un sueldo que prefiere no revelar, pero que ubica en la media. “Es un salario digno, como el de cualquiera, pero pagando 1.100 euros de alquiler me han precarizado”, lamenta. Cuando esta mujer se separó en 2018, comenzó a abonar una renta de 630 euros, que casi se ha duplicado en un lustro. También empezó con los ansiolíticos, la ansiedad, los mareos y unos dolores que le atenazan la espalda. Y una duda que planea en asambleas, ocupa conversaciones informales y ronda constantemente su cabeza: “¿En qué momento voy a rehacer mi vida, tener algo mío? ¿qué futuro van a tener mis hijos? Fíjate el estrés que te puede generar eso...”

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (Cgate) y la consultora GAD3 han publicado los resultados de una encuesta que muestra que el 38% de la población ha sentido angustia ante la posibilidad de perder su hogar. Casi 4 de cada 10 personas han experimentado esa sensación, que se agrava en el caso de quienes viven de alquiler: el 67% de quienes tienen una vivienda en propiedad o una hipoteca disfrutan de una sensación de bienestar que cae al 49% en el caso de los inquilinos. “No debemos olvidar que la vivienda adecuada está reconocida como un derecho humano y no disponer de ella puede comprometer otros derechos”, recordaba el presidente del Consejo, Alfredo Sanz, durante la presentación del informe 'La situación de la vivienda en España'.

Que la dificultad para hacer frente a una vivienda digna o para mantenerla en unas condiciones adecuadas tiene un impacto en la salud mental, y también física, de la población es una evidencia que diferentes trabajos llevan abordando desde hace años, pero que no acaban de tener un impacto claro en las políticas públicas. “La crisis se concentra, sobre todo, en un problema de precios elevados respecto a los salarios que, aunque quizá ahora se está recrudeciendo, es estructural en España”, explica la portavoz de la ONG Provivienda, Andrea Jarabo. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, el salario medio creció un 3,3% en la última década, frente al 61,8% del alquiler. No es una excepción, porque los precios han subido en torno al 30% de media en las grandes y medianas urbes.

Alfredo tiene 35 años y hace poco ha vuelto a vivir a casa de sus padres. Consiguió independizarse con un par de amigos hace una década pero tras varias mudanzas, cambios de compañeros y rentas cada vez más elevadas, decidió darse un tiempo. “La última búsqueda de piso fue realmente frustrante, no había nada por debajo del 30% de mi sueldo. Llegué a obsesionarme, no podía pensar en otra cosa. Por la noche me pasaba horas despierto pensando qué iba a hacer”, explica en conversación con elDiario.es.

“Somos una generación que ha puesto sobre la mesa temas como la salud mental, pero siempre se habla desde el punto de vista clínico, cuando también influyen las condiciones de vida y la carencia material. Hablar de salud mental es hacerlo del acceso a la vivienda, de salarios dignos, de temporalidad no deseada...”, considera la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea Henry, que recuerda que este grupo de edad es el más cercano al salario mínimo interprofesional. Con las medias salariales y de alquiler en la mano, “para que un joven pueda acceder a una vivienda en solitario, debe dedicar el 100% de su sueldo”. Un ejemplo: en 2023, el precio medio del alquiler en Barcelona fue de 1.136,40 euros, 13.636.8 al año. Un año antes, según los últimos datos ofrecidos por el Ayuntamiento de la ciudad, los menores de 24 años percibían un salario medio de 16.432 euros brutos.

Proyectos vitales que se retrasan

Según el último estudio del Observatorio de la Emancipación, la edad media de independizarse en España es la más alta desde que hay registros. Se sitúa en los 30,4 años, muy por debajo de los 26,3 de la media europea. “Muchos proyectos vitales, personales y familiares se retrasan”, insiste Henry, que recuerda que “un problema de salud mental es la inestabilidad, pensar cuándo podrás emanciparte en solitario o construir tu vida desde ese punto”. ¿Pensar en tener un bebé? “Lo veo muy lejano si no puedo ni pagar un alquiler solo”, lamenta Alfredo.

“Las personas jóvenes se están emancipando en algunas de las peores condiciones de los últimos años. Vemos que son obligadas a desplazarse a los grandes núcleos, donde los precios de la vivienda son mucho más elevados”, explica la responsable del programa de juventud de Oxfam Intermón, Julia García, que junto al Consejo de la Juventud ha elaborado el informe 'Equilibristas: las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual'. Este indica que el 40% de las personas menores de 30 años creen que vivirán peor que sus padres y que sufrirán episodios de ansiedad y bajo estado anímico.

Rosa carga en su mochila con el peso de la vivienda desbocada, pero también con la angustia por el futuro de sus hijos. “Tengo uno de 23, que está estudiando, y otra de 35, que cobra 1.200 euros, a la que estoy ayudando, porque con esa edad no puede irse a vivir con su novio, ni tener hijos”, lamenta.

Los problemas de vivienda no solo profundizan los que ya padecen aquellos que viven otras situaciones de vulnerabilidad, también hacen caer a miles de personas por el abismo de la precariedad. “Además de la revulnerabilizar a poblaciones concretas, el alquiler ha empobrecido a cuatro de cada 10 hogares, de los que 250.000 cuentan con ingresos medios”, explica Jarabo. Los datos han sido extraídos del informe ‘Prevención y atención de la exclusión residencial: Factores explicativos’, que Provivienda publicó en 2023 y que estuvo financiado por el Ministerio de Derechos Sociales.

Aunque el factor más determinante es la accesibilidad, las expertas señalan también otros puntos que también en la estabilidad y la salud mental. “La situación de infravivienda, la pobreza energética, la falta de suministros, el aislamiento o el hacinamiento...”, enumera Jarabo. Precisamente, en el primer informe 'Cuando la casa nos enferma', en colaboración con el Ministerio de Sanidad, en 2018, ya se indicaba que el 17,9% de los hogares más pobres no disponen de espacio suficiente, lo que repercute en situaciones de depresión, estrés e insomnio. Además, señalaba que esto no ocurre solo en las viviendas de mayor precariedad. “Los problemas de habitabilidad se dan también en hogares que residen en viviendas de alquiler y que no pueden asumir las reparaciones del hogar o cuyo limitado poder de negociación con la propiedad para que esta asuma las reparaciones les lleva a convivir con situaciones de grave dificultad”.

La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 ya reconoce la importancia de sensibilizar a los y las profesionales sobre la aparición de nuevas fragilidades vinculadas a cuestiones sociales, como la dificultad de acceso a la vivienda. Son los llamados determinantes sociales de la salud, reconocidos por organismos como la propia Organización Mundial de la Salud y en los que el Gobierno viene haciendo hincapié en los últimos años. “No podemos hacer un abordaje de la salud mental si no abordamos el resto de determinantes. Hay otras políticas que son beneficiosas, como las de movilidad, de medioambiente o de vivienda”, reconocía al poco tiempo de llegar al Ejecutivo la ministra del ramo, Mónica García.

La líder de Más Madrid vivió la pasada semana un enfrentamiento en el Congreso con la diputada del Partido Popular, Noelia Núñez, que insistía también en la idea de que “la juventud padece ansiedad” debido a problemas económicos y estructurales. “Al segundo día del mes, el alquiler ya se ha comido su sueldo”, le espetó a la ministra. “¿Sabe qué afecta a la salud mental? Qué ustedes votaron contra la bajada de los alquileres de los ciudadanos”, le respondió García. El PP se ha negado a aplicar en los territorios donde gobierna la Ley Estatal de Vivienda, que les permite declarar zonas tensionadas y limitar los precios. “Es un atentado contra la propiedad”, aseguró la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ángeles tiene una discapacidad del 65%, por la que recibe una prestación de 517 euros. “260 se me van en la vivienda”, explica. Tiene 60 años y se ha visto obligada a compartir piso en un recurso de la ONG Provivienda. Fue su única salida cuando se divorció para escapar de una situación de malos tratos. “Es muy duro tener que vivir sola, metida en la habitación, porque el resto son compañeros de piso, nada más”, cuenta en conversación con elDiario.es desde su cuarto, donde se pregunta si para los caseros “no es mejor perder un poquito y dar con buena gente”. “Hoy te piden un aval, un mes de agencia —prohibido por ley pero que algunas agencias siguen solicitando con excusas como la limpieza del inmueble o el seguro antiokupas— y la fianza. Es imposible”.

“Está genial compartir piso, lo que no está genial es hacerlo de forma forzada, porque no te queda otra o con gente que no conoces de nada y que a veces dificulta la convivencia”, explica Henry sobre un problema que se cronifica entre la juventud pero que escala a poblaciones de más edad, como Ángeles. “Antes estaba muy enfocado a universitarios, estudiantes de Erasmus... pero ahora no es así. Hay gente joven con un salario que podríamos considerar digno o que tienen una oposición y no pueden permitirse el precio de una vivienda. Pero también se ve en familias migrantes, madres monoparentales... que ven reducidas sus posibilidades de acceder a una vivienda”.

Rosa repite una y otra vez el mensaje de que “no hay salida”: “No tenemos ni una casa y solo podemos pensar que, al menos, si nuestras madres la tienen pagada, a última hora tendremos un sitio donde caernos muertas”. Pero en su discurso hay también un halo de optimismo, reivindicación y rebeldía. “Estoy devolviendo el seguro de impago y gracias a las asambleas del Sindicato de Inquilinas ves que no estás sola, porque cuando solo tienes ganas de llorar y no puedes respirar, tienes que pedir ayuda. Tampoco me quedo sentada esperando a que me arreglen las cosas. El 13 de octubre tenemos una manifestación para decir que hasta aquí hemos llegado. ¡Es por mi salud!”.