Los inquilinos, ante la congelación temporal del alquiler: “Es un alivio, pero no estoy segura de si los propietarios lo respetarán”

En la casa de Isis Sáez (39 años) la noticia de que el Gobierno iba a congelar los precios de los alquileres ha sido la mejor forma de acabar el año. Esta profesora de Barcelona vive con su pareja en la calle Tapioles, en una finca que hace apenas un mes ha pasado a manos de una gran inmobiliaria. La empresa es conocida por comprar viejos inmuebles y remodelarlos, para después vender los pisos a precios desorbitados. Esta práctica muchas veces obliga a los inquilinos a dejar las que han sido sus casas durante años.

“Cuando nos mudamos pagábamos 500 euros. Tuvimos suerte, nuestro casero en ese momento tenía precios muy por debajo de la media del mercado”, explica Sáez. Después de cuatro años llegó su primera renovación y la cifra subió a 650. Desde entonces ha llegado hasta los 710 euros por las modificaciones del IPC. “Esta es otra trampa. Siempre te suben precio, pero cuando hay que bajarlo, la cifra se queda igual”.

Desde abril, cada quincena del mes está pendiente de si los nuevos propietarios le van a renovar el contrato. “Saber que hasta junio tenemos garantizada la permanencia, y al mismo precio que pagamos ahora, es un alivio”, dice Sáez. Sin embargo, la inquilina reconoce que no va a dormir tranquila hasta que tenga la seguridad de que los propietarios del edificio respetarán la medida estatal. “Yo creo que sí lo van a hacer, pero la verdad es que no puedo estar segura. Hasta ahora no han enviado señales de querer conservarnos como inquilinos. Lo que quieren es que compremos, pero ¿quién tiene 320.000 euros en el banco?”.

El pasado martes el Gobierno de Pedro Sánchez dio a conocer el esperado nuevo paquete de medidas económicas frente a la crisis provocada por la inflación. Entre las ayudas, se encuentra la congelación de los alquileres que tengan que renovarse: todos los contratos que finalicen antes del 30 de junio de 2023 se prorrogarán de forma extraordinaria durante seis meses, en los mismos términos y condiciones. Los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, las dos ciudades donde más se han disparado los precios del alquiler en los últimos años, han celebrado la decisión del Gobierno, aunque mantienen algunas reservas.

“Lo que hace esta medidas es, en primer lugar, reconocer que existe una situación límite que debe ser atendida, además de evidenciar la necesidad, la utilidad y la urgencia de regular el precio de los alquileres de forma generalizada para todos los inquilinos. Nos estamos encontrando con subidas del 30%, 40% y hasta el 50%”, afirma Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres. “Es un pequeño respiro para los inquilinos hasta que se apruebe una ley estatal de regulación de la vivienda. Ahora mismo no existen limitaciones para la gente que se va a mudar de piso, y que acabará encontrándose con precios absurdos”.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, alerta sobre la dificultad de controlar que todos los propietarios de viviendas respeten la medida. “Estamos seguros de que nos vamos a enfrentar al mismo problema que tuvimos cuando se aprobó la ayuda del 2%. Entonces, nos llegaron centenares de casos de caseros que intentaron saltársela. Tiene que haber una responsabilidad institucional de informar no solo a los inquilinos de sus derechos, sino también a los propietarios de sus obligaciones”, opina Racu.

Miedo de enfrentarse a los caseros

La letra pequeña de la medida indica que es el arrendatario quien tendrá que pedir la prórroga a su casero. Según el decreto, este no tendrá otra posibilidad que aceptarla, con una sola excepción: “que las partes fijen otros términos o condiciones por acuerdo o que el arrendador haya comunicado, en tiempo y forma, que necesita la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares”.

Irene Ocaña, publicista de 37 años, tienen todas las cartas para beneficiarse de la ayuda de alquiler. Se mudó a Collado Vilallba, un municipio a 40 kilómetros al norte de Madrid, para conseguir ahorrar en el precio de la vivienda. Sin embargo, su casero le ha subido en un año el alquiler de 850 a 900 euros, incluso antes de que se le acabara el contrato, que oficialmente debería renovar en los próximos meses. “A la vuelta del verano nos encontramos con un mensaje suyo, donde decía que todo estaba carísimo y teníamos que pagar 50 euros más a partir de septiembre o nos íbamos a la calle”, reclama.

Ocaña y su pareja están al tanto de las medidas del Gobierno, pero han decidido no tomar acción para que se respeten sus derechos. “Mi casero es una persona muy difícil, es imposible tratar con él. Nos puso pegas desde el primer día, cuando al entrar en el piso nos dimos cuenta de que había algo roto en el baño. Nos dijo que si le íbamos a poner problemas, buscaría otros inquilinos”, recuerda. “No me puedo ni imaginar que va a hacer si le digo que no me puede subir el precio del alquiler”.

En El Raval de Barcelona, Diana Virgós (30 años) lidia desde hace dos años y medio para renovar contrato con el fondo buitre propietario de la finca donde vive. En principio, el alquiler iba a subir de 560 euros hasta 855, pero la llegada de la pandemia le permitió acogerse a una serie de prórrogas y ayudas estatales que hicieron posible que siguiera pagando el mismo precio. “Sé que parece un lujo pagar esta cifra para vivir en Barcelona. Pero somos dos personas en un bajo sin luz de 39 metros cuadrados. Tampoco es un palacio”, aclara entre risas.

Ahora que ha caducado incluso la enésima prórroga, espera que de un día para otro le llegue un burofax del fondo para renovar el contrato de alquiler con una subida del 50%. “Yo creo que si pedimos que se respete la medida del Gobierno, no van a poder decir que no. Pero se trata de una solución temporal, de aquí a seis meses o un año vamos a tener otra vez el mismo problema”, reconoce frustrada.

Necesita mudarse a un piso más grande donde pueda teletrabajar en condiciones, pero considera imposible poder hacerlo en un futuro cercano. “Aunque quisiera irme, ahora mismo, no puedo. El maltrato al que se somete la gente cuando busca piso es terrible. Te juzgan, examinan con la lupa, quieren saber exactamente cuánto ganas y dónde eres. Por ahora es más fácil quedarme aquí y luchar por lo que tengo”.

La lucha por renovar

Mientras que algunos inquilinos están aún estudiando cómo actuar, otros ya han hablado con sus caseros y han recibido una negativa absoluta ante la posibilidad de prorrogar los contratos al mismo precio. En esta situación se encuentra Trini Navarro (39 años), valenciana que lleva desde agosto sin renovar. El fondo buitre propietario de su inmueble en el barrio de La Fuensanta ha demostrado en más de una ocasión su intención de querer echar a todos los inquilinos y vender los pisos.

“Aceptaron aplicar las ayudas anteriores, pero esta vez han dicho que ni hablar. Han hablado con los portavoces de la PAH [Plataforma de Afectados por la Hipoteca] y han dicho que les da igual lo que diga el Gobierno, que esta vez no van a renovar el contrato a nadie”, explica Navarro.

En una situación aún más extrema se encuentra Raquel Martín, en Getafe. Esta tintorera de 46 años vive desde hace una década en una vivienda de protección especial que recientemente ha sido adquirida por el fondo Blackstone.

“Hasta ahora he pagado 750 euros de alquiler. Para mí es imposible pagar más: soy madre soltera y tengo un sueldo de 1.000 euros. ¿Dónde encuentro el dinero para llegar a fin de mes?”, afirma desconsolada.

La afectada y sus vecinos llevan sin renovar contrato desde octubre, cuando les pidieron una subida del 40%, que no aceptaron. Desde entonces, siguen pagando cada mes el alquiler que tenían pactado antes del incremento del precio, aunque el fondo de inversión acabe devolviendo las transferencias.

“Yo he empezado a enviarles el dinero por correo. Me gasto 20 euros más cada mes para estar segura de que lo reciban. No estamos haciendo mal, solo exigimos un alquiler digno. Que respeten la ley, aunque hasta ahora han hecho todo lo contrario”, destaca.