Un Juzgado de Madrid admite una demanda colectiva de Asufin por los gastos hipotecarios

El juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha admitido a trámite la demanda colectiva contra Santander, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell, interpuesta por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que reclama la anulación de la cláusula de gastos hipotecarios y la restitución de las cantidades. El magistrado ha habilitado los dos próximos meses para que los consumidores que suscribieron una hipoteca con alguna de las cuatro entidades bajo tales condiciones se sumen a un procedimiento en el que ya se ha personado, por razones de interés social y la naturaleza misma de la controversia, la Fiscalía de Madrid.

Durante el encuentro con los medios celebrado hoy, el abogado encargado de la dirección letrada, Agenor Gómez, ha explicado que el objetivo de la demanda es obligar a los bancos a que cesen en la aplicación de estas cláusulas y devuelvan, además, todo el dinero percibido de forma indebida.

Según los cálculos de la asociación, unos ocho millones de consumidores se han visto perjudicados por lo que consideran un “abuso” de la banca, que carga sobre sus clientes una serie de gastos que, por su propia naturaleza, no podrían repercutir sobre el particular.

En diciembre de 2015, la sala de lo Social del Tribunal Supremo ya declaró abusivo que los clientes tuvieran que afrontar, obligatoriamente y sin negociación previa, todos los gastos en una sentencia contra BBVA, a la que, sin embargo, no condenaron a restituir las cantidades recibidas en este concepto.

Un desembolso medio que cifran en “2.000 ó 3.000 euros” que, si bien a diferencia de otros casos como las cláusulas suelo “no son un dineral, si ocasiona un perjuicio porque es algo que se paga innecesariamente”, ha aseverado la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

En concreto, la demanda reclama los costes de notaría, registro de la propiedad, impuesto de actos jurídicos documentados, verificación de la situación registral, tasación y gestoría, y amplía el espectro de acción no sólo a los gastos iniciales de constitución de hipoteca, sino también a los de su modificación, subrogación y cancelación.

Para Gómez, la consecución de la nulidad no es tanto la falta de transparencia alegada con otros productos financieros, como el “desequilibrio” impuesto por los bancos a su favor.

De haber un veredicto favorable, ha indicado, podría suponer para la banca un desembolso de cerca de 1.500 millones de euros, aunque para ello el Tribunal Supremo deba antes sentar en pleno una doctrina que vincule a todos los juzgados y reconozca el derecho de los consumidores a ser resarcidos.

“Estamos en un escenario muy duro”, ha dicho Suárez, que ha criticado que las últimas operaciones sobre Popular y Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de Santander y Bankia, perfilan una situación de “concentración bancaria” en la que va a ser “más difícil defenderse” para el cliente.

Por ello, insta a los hipotecados de los cuatro bancos contra los que se dirige la reclamación para que se adhieran al procedimiento ya sea a través de la asociación o por medio de su propio abogado, sin necesidad de afiliarse.

Además de esta demanda, Asufin ha interpuesto otras dos contra Bankinter, Banco Popular, Banco Pastor, Abanca, Kutxabank, Deutsche Bank, ING y Caja España, que posteriormente ampliará contra entidades como Liberbank, Ibercaja o Cajamar para dar cobertura a unos afectados que apuestan por la vía judicial “no ya por cuestión de dinero, sino de justicia”.