Pasan unos minutos de las nueve de la mañana. En una esquina de la conocida como plaza de los cubos de Madrid, la gente se acumula a las puertas de los juzgados de los Social: hay clientes que esperan a sus abogados, abogados que apuran sus cigarros antes de entrar en el edificio, jueces y secretarios judiciales que llegan cargados de carpetas o que arrastran pequeñas maletas llenas de documentación. Hay cola para entrar en el edificio e incluso para coger el ascensor. Solo en un día, en estos juzgados pueden celebrarse más de 280 juicios que a veces, si hay suerte, quedarán en actos de conciliación.
A las diez menos cuarto de la mañana, el magistrado Antonio Seoane comienza la sesión en el juzgado número 34 del que es titular. El primer caso del día es un clásico de la crisis, dice Seoane. Es una demanda de despido, el trabajador y su abogada comparecen pero la empresa no se presenta porque ha desaparecido. Al trabajador le adeuda 1.116 euros, una cantidad que, con toda probabilidad, acabará pagando el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). “Cuando la empresa ha desaparecido la citamos, además de por correo, por el Boletín Oficial del Estado. Normalmente acaba pagando el Fogasa, pero a veces se le encuentran bienes para que afronte sus deudas”, aclara el juez.
Si no es así, y la empresa no puede pagar, los trabajadores necesitan la sentencia para poder acudir al Fogasa a reclamar su dinero. En este caso, Tomás (nombre ficticio) lleva esperando diez meses este juicio y hoy sus temblores denotan nerviosismo. En pocos días, su sentencia estará lista. Si el juez le da la razón, comenzará otro proceso, esta vez en el Fondo de Garantía Salarial, que durará otros tantos meses. Es por eso que, dice el magistrado, la saturación de los juzgados de lo social afecta a “asuntos perentorios” de los que llega a depender el sustento de la gente.
Este caso es uno de los doce que el juzgado número 34 tiene programados para hoy, una carga de trabajo nada despreciable pero que en el auge de la crisis llegó a ser de veinte diarios y, más tarde, de dieciocho. “Aquí hay juzgados que aún señalan dieciséis o dieciocho, nosotros ya hemos bajado. Además, a veces quieres señalar mucho pero eso te supone una carga de trabajo que no te permite llevar los asuntos al día”, explica el juez.
El año pasado pasaron 1.400 casos por su juzgado. Este año ya van ochocientos. “Son, sobre todo, despidos. Era así al principio de la crisis y lo sigue siendo ahora”. Los datos confirman que lo que sucede en el juzgado número 34 de Madrid no es una excepción, sino la norma: la media de asuntos por juzgado de lo social es, en lo que va de año, de 687,4 y la gran mayoría son despidos.
Hay, eso sí, una diferencia respecto al comienzo de la crisis. “Antes eran sobre todo despidos improcedentes, ahora son más despidos objetivos”, señala Seoane. Una diferencia que cuesta no relacionar con la última reforma laboral, que facilitó los despidos por causas económicas, pero que ha causado una gran litigiosidad: desde su aprobación, las empresas los usan con más frecuencia y son los juzgados de lo social los que han marcado los límites de una norma que muchas empresas han aplicado de forma desmedida.
El efecto de la crisis
Los datos del Consejo del Poder Judicial muestran el efecto de la crisis en los juzgados de lo social: solo el número de despidos que llegan a los tribunales se ha duplicado. En 2007, eran 66.249, una cifra que creció un 55,4% solo en un año: en 2008 eran ya 102.925. El punto álgido fue en 2012, con 147.404, y el año pasado bajó hasta los 118.213 despidos.
Algunas provincias están especialmente saturadas, como Madrid, Barcelona o Sevilla. En la capital andaluza algunos juzgados están señalando juicios para 2017 e incluso para 2019 en el caso de asuntos no considerados urgentes. En 2014, sus once juzgados de lo social tramitaron 48.30 despidos frente a los 2.425 de 2007. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aprobó en mayo reforzarlos con dos jueces ante una situación “crítica”, como la definió el decano.
“Hubo una época en la que los juicios se señalaban en veinte días o un mes, antes de la crisis, claro”, dice el juez Antonio Seoane en el pasillo del juzgado mientras su secretario judicial preside un acto de conciliación. Un trabajador demandó a su empresa por acoso y despido improcedente. El abogado de la empresa, junto a una de las dueñas, defiende que se trató de un despido disciplinario. Después de varios tiras y aflojas, el secretario judicial logra un acuerdo sobre la indemnización y zanja el tema. “Si veo que dudan les mando cinco minutos al pasillo para que hablen y acaben de decidirse”, dice. En el descansillo, letrados y clientes discuten y cierran los acuerdos.
Al final de la mañana, de los doce casos programados solo tres han llegado a juicio y en solo uno de ellos se ha presentado la parte empresarial. “Tenemos suerte de conciliar mucho, el secretario judicial es un gran experto y eso me ahorra mucho trabajo”, explica Seoane. Las jornadas de juicios ocupan solo dos días de su agenda semanal, pero el resto del tiempo sirve para atender la marcha diaria del juzgado, hacer trámites, estudiar los casos o dictar sentencias.
Uno de los asuntos del día, un despido colectivo, ha tenido que aplazarse. La siguiente fecha disponible desanima a los afectados: febrero de 2016.