Lazora descarta abrir la mesa de negociación colectiva que le piden sus inquilinos para evitar subidas del 40% o expulsiones

El fondo de inversión Lazora rechaza abrir una mesa de negociación colectiva con los inquilinos de diez bloques de viviendas situadas en diferentes ciudades catalanas (Barcelona, Badalona, Terrassa, Hospitalet y Granollers) que se lo había vuelto a reclamar en el contexto de la epidemia de la COVID–19 y los problemas económicos que conlleva. No obstante, este tira y afloja lleva abierto desde enero de este año.

Según insiste un portavoz de la empresa a este periódico, la política general de gestión de Lazora se basa en “la revisión caso por caso porque es la manera más adecuada para poder ofrecer soluciones y alternativas que mejor se adaptan a cada circunstancia individual, pues no todas son iguales”, subrayan. Añaden que “la prioridad son los casos en los que haya vulnerabilidad social, que son atendidos por el equipo de mediación social”.

Los vecinos, asesorados por el Sindicat de Llogateres reclamaron hace diez días al fondo por burofax la apertura de una mesa de negociación colectiva. “Es urgente que iniciemos una negociación para los próximos vencimientos, para la regularización de las personas inquilinas fuera de contrato, para las futuras finalizaciones de contratos, de cara a las renovaciones a siete años, y para las personas inquilinas con contrato firmado donde presuntamente se incurre en fraude de ley”.

Con esta acusación de fraude de ley se referían al “subterfugio” de poner un precio y “bonificarlo” los tres primeros años para después elevarlo los cuatro siguientes. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos actualmente en vigor las subidas dentro de un mismo contrato solo pueden equivaler al IPC.

El fondo de inversión inmobiliaria Lazora, que en la actualidad posee 7.000 viviendas, está ofreciendo a algunos de los inquilinos a los que se les aproxima el plazo de vencimiento de contrato un “programa extraordinario de revisión de las condiciones de renovación” mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la crisis de la COVID–19 con subidas de un 40% de los alquileres, en algunos casos. A otros directamente les comunica la finalización de su contrato en los próximos meses.

“Esta subida de precios escalonada y abusiva, no la podemos aceptar. Si antes de la situación provocada por la pandemia de la COVID–19 ya nos parecía exagerado poner esos precios a nuestros pisos, ahora es absolutamente un imposible dada la situación económica que se está desarrollando”, afirman los inquilinos en su carta.

En uno de los casos que ha podido comprobar este periódico, la renovación de contrato implicaría una subida del 40% del alquiler los tres primeros años y del 53% los cuatro restantes al sumarle otros conceptos como gastos de comunidad, IBI y un seguro de impagos anual, aparte de los incrementos por IPC.

Los vecinos de los bloques organizados pretendían nombrar para la negociación a tres vecinos y un asesor legal. “Les instamos a que nombren ustedes a sus representantes y nos pongamos a encontrar una solución cuanto antes”, señalaban. Pero parece que Lazora no está por la labor.

Según su punto de vista, ellos no están aprovechando el estado de alarma para renovar ni actualizar rentas, ya que afirman que es un proceso que estaba en marcha, con vencimientos ya previstos, antes de dicho estado. También remarcan que si el inquilino solicita una prórroga de contrato, automáticamente ésta se concede por ley. Es una de las condiciones impuestas por el Gobierno durante el Estado de alarma, como lo es facilitar la moratoria en los pagos de cuota o la quita del 50% en el precio (una opción esta por la que en general las empresas no están optando, prefieren cobrar más adelante).

Añade Lazora que “para dichas renovaciones se han fijado precios en sintonía con los marcados por la Generalitat como referencia en las distintas zonas, y también con los precios de mercado” y que “muchos inquilinos están renovando con las nuevas rentas actualizadas”.

La opinión de los inquilinos que se han organizado es que ya las rentas que pagan en la actualidad “es probable que sean demasiado altas debido a los problemas que nos reportará como sociedad la crisis económica y social devenida por la COVID–19”. Y remarcan que “así como muchos de nosotros hemos visto recortados nuestros ingresos drásticamente, aceptemos que los propietarios de inmuebles (uno, cien o miles de inmuebles) también se verán afectados por esta situación”.