Madrid lidera las siete comunidades que redujeron sus rentas mínimas contra la pobreza en 2020, año de la pandemia

En el peor año de la pandemia, 2020, aquel en el que el coronavirus irrumpió en España y paralizó el país, siete Comunidades Autónomas redujeron el alcance de sus rentas mínimas autonómicas contra la pobreza. El mismo año en el que las llamadas “colas del hambre” visibilizaron la pobreza y gran precariedad que atraviesan muchos hogares, aquel en el que se desplegó de urgencia el ingreso mínimo vital (IMV) en junio como primera renta estatal contra la pobreza, varias Comunidades encabezadas por Madrid disminuyeron el número de personas cubiertas con sus ayudas autonómicas en unas 42.700.

“Siete Comunidades inician en el año de la pandemia el desmantelamiento de las Rentas Mínimas, reducen el número de personas beneficiarias y recortan presupuesto con la coartada del IMV”, denuncia este martes la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales a raíz de los datos del último informe de rentas mínimas del Ministerio de Derechos Sociales, correspondiente a 2020.

En el primer año de pandemia, aunque aún no se han publicado las estadísticas oficiales sobre pobreza, varios estudios e indicadores ya muestran que aumentó la pobreza más aguda, la desigualdad y la carencia material severa. Sin embargo, estas rentas autonómicas de apoyo a los hogares pobres menguaron.

Se trata de la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP); seguida de Aragón, con Javier Lambán (PSOE) al frente; de Islas Baleares, liderada por Francina Armengol (PSOE); de la Galicia de Alberto Núñez Feijóo (PP); de Castilla y León, dirigida por Alfonso Fernando Fernández Mañueco (PP); de Castilla-La Mancha, gobernada por Emiliano García-Page (PSOE); y, por último, de La Rioja, Concepción Andreu Rodríguez (PSOE).

Primer año de rentas autonómicas con el IMV

2020 ha sido el primer año en el que las ayudas autonómicas han convivido con el IMV estatal, aunque solo a partir de verano, ya que la ayuda estatal se pudo pedir a partir de junio. La imagen final del ejercicio muestra a la mayoría de Comunidades con un aumento de beneficiarios de sus ayudas regionales, pero en cambio las siete comunidades mencionadas redujeron su cobertura.

El informe apunta que “a fin de 2020 percibían las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas 795.861 personas”. Según los datos de la Seguridad Social, “el IMV fue reconocido en sus seis primeros meses en funcionamiento a casi 160.000 hogares en los que vivían más de 460.000 personas. De ellas, el 47% eran menores de edad”.

“La cuantía media por perceptor/a de las rentas mínimas en el conjunto de España supone el 15,3% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja y que ha bajado 2 puntos desde 2019, pasando del 17,1% al 15%, condicionado probablemente por la aparición del Ingreso Mínimo Vital”, añaden el informe.

Más allá de futuros análisis más detallados de la gestión de cada territorio, hay que apuntar importantes diferencias en la reacción de los gobiernos autonómicos a la llegada del IMV estatal. Mientras Madrid se apresuró a suspender rentas autonómicas, como llegó a criticar el ministro José Luis Escrivá, el Gobierno balear adaptó su renta mínima desde el mismo mes de julio ampliando los perfiles actuales de los perceptores y aumentando las cuantías que tenía hasta el momento la renta isleña.

La organización de directoras y gerentes en servicios sociales se hace eco, como cada año, de la evolución de las rentas mínimas de inserción y la población que vive bajo el umbral de la pobreza en cada territorio. Una de las asignaturas pendientes de estas prestaciones es su escasa cobertura, con más del 90% de las personas por debajo del umbral de la pobreza que no percibe estos ingresos. Aunque existen algunas diferencias significativas por regiones, como muestra el siguiente gráfico.

En 2020, aumentó la cobertura de las ayudas de media hasta el 9% respecto al 8% de 2019, indica el informe. “Este porcentaje encubre diferencias extremas: dos Comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen el 61,7% y el 59,6% respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza”, indican las directoras y gerentes en servicios sociales. “Le siguen Asturias y Cantabria, donde reciben estas rentas casi una de cada 6 personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo tres Comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Cataluña, Aragón y Baleares)”.

La organización de profesionales de los servicios sociales reclama al Gobierno central que “simplifique los procedimientos del IMV y cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias como se había comprometido”. Según los últimos datos, el número de hogares beneficiarios se sitúa en los 362.000.

Además, la organización reclama a las Comunidades “que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral”.