Naturgy acusa a la portuguesa EDP de “fraude” para lograr un arbitraje favorable de 180 millones

Naturgy ha presentado ante un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) una petición de anulación de un laudo dictado en junio de este año por Uncitral, la corte de arbitraje de Naciones Unidas, que condenó a la energética española a indemnizar a Energías de Portugal (EDP) con 200 millones de dólares (unos 180 millones de euros) por incumplir en 2021 un contrato de suministro de gas natural licuado (GNL). 

Para intentar tumbar ese laudo, Naturgy alega ahora ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre otras cosas, que el pronunciamiento a favor de la energética portuguesa fue “obtenido mediante corrupción, fraude o medios indebidos”, según informa la web especializada Offshore Alert. El caso ha sido registrado ante esa corte neoyorquina el pasado 27 de septiembre.

El laudo fue dictado el pasado 28 de junio por los árbitros Henri C. Alvarez, presidente del tribunal, Aníbal Martín Sabater y Oscar M. Garibaldi, al amparo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral). Determinó que EDP debía recibir 195,1 millones de dólares por daños previos a la terminación al acuerdo entre las dos empresas.

Naturgy y EDP rechazan comentar un proceso en el que, según fuentes conocedoras del asunto, la española ha decidido ahora, para intentar tumbar ese laudo desfavorable, acusar a su rival portugués de haber ocultado información a los árbitros por tener otros procesos paralelos abiertos. 

En el laudo de 152 páginas que dictaron en junio, los tres árbitros obligaron a la compañía española a pagar a EDP esos 195,1 millones de dólares, más otros 2 millones adicionales por costes extra, incluyendo los honorarios de los tres miembros del tribunal, más los intereses. 

El juez que va a decidir sobre la reclamación presentada por Naturgy en la Corte del Distrito Sur de Nueva York es Paul A. Engelmeyer. La compañía que preside Francisco Reynés está siendo representada en este proceso por la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP.

El pasado 28 de junio, los árbitros designados por las dos partes llegaron a la conclusión de que Naturgy había incumplido los compromisos adquiridos en un contrato de aprovisionamiento de gas natural firmado en junio de 2013 entre la española y la portuguesa bajo cláusulas take or pay (el combustible se paga aunque no se use), como es habitual en este sector. 

La disputa se basa en tres contratos que permitieron estructurar una operación de swap entre EDP y Naturgy. Con ese acuerdo de 2013, la española se convirtió en transportista para su descarga en la regasificadora del Puerto de Bilbao de GNL cuyo suministro a largo plazo (hasta 2023) había comprometido en junio de 2000 la empresa lusa con otra compañía, Atlantic, para el suministro de 39 millones de MMBtus anuales. 

El transporte de la materia prima se encargó en febrero de 2003 a Repsol, que entonces era uno de los accionistas de referencia de la española, en ese momento todavía denominada Gas Natural. Posteriormente fue encargado a Naturgy. En abril de 2021, Atlantic informó a EDP que, debido a problemas de producción en Trinidad y Tobago, no podría suministrar el gas comprometido.

Y en mayo de 2021 Naturgy empezó a reducir unilateralmente sus entregas de gas a la regasificadora vasca. Esto propició que EDP acusara a la española de incumplimiento de contrato y de ponerla “en una situación insostenible”, según la demanda de arbitraje que EDP presentó el 24 de noviembre de 2021.

EDP presentó esa reclamación a través de su filial española EDP Clientes S.A.U. contra Gas Natural Comercializadora S.A., de Naturgy. En ella cifraba los daños sufridos en 280 millones de dólares. Posteriormente, EDP elevó la cifra a un total de 534 millones, intereses incluidos, de los que 236 millones eran daños previos a la terminación del contrato y otros 298 millones, posteriores a la ruptura del acuerdo.

Por su parte, en su contestación a la demanda de arbitraje, la española reclamaba a EDP una indemnización por daños de 56,5 millones por diversos incumplimientos.