¿Organismo independiente para los fondos? La UE no lo exige y cada país lo hace a su manera

¿Una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos? ¿Una comisión de expertos para vigilar? ¿Un grupo de sabios –o sabias– para asesorar? Entre los 27 países de la Unión Europea hay prácticamente de todo, como suele ser habitual.

En España, el modelo aprobado la semana pasada incluye una comisión interministerial compuesta por los 22 ministros y el presidente, a la que se suman siete altos cargos, entre ellos la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero; o el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, secretario del órgano y en quien recae el seguimiento de los planes; o el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Pero también se prevén “foros de participación con actores relevantes para favorecer la gobernanza”, así como una conferencia sectorial con las comunidades autónomas o el foro con los agentes sociales, que ya se ha reunido.

La fiscalización recaerá en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El objetivo, según el Gobierno, es agilizar la absorción de los 140.000 millones –72.000 en subvenciones y el resto en créditos–, teniendo en cuenta que buena parte se canalizará a través de las comunidades autónomas.

¿Y qué dice la Comisión Europea? “Lo único que diría por parte de la Comisión Europea es que nosotros hemos creado un grupo de trabajo específico para gestionar la puesta en práctica del mecanismo de recuperación y resiliencia. Es un programa realmente ambicioso y obviamente requiere que todas las administraciones se doten de un modo u otro de los medios para poner en marcha una estrategia, definir las medidas y ejecutar los planes de la mejor manera posible. Pero, obviamente, depende de los estados miembros”, decía el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, a una pregunta sobre la puesta en marcha de un comité asesor en Italia.

“La Comisión Europea nunca ha dado ninguna orientación, formal o informalmente, sobre cómo organizar las estructuras políticas y administrativas para los fondos. Así que, por supuesto, está directamente en manos del gobierno italiano [en este caso] cómo organizarse”, añadía la portavoz económica, Marta Wieczorek.

Pero el PP y Ciudadanos votaron en contra del real decreto hace una semana. Y uno de los motivos que argumentaron fue la gobernanza de los fondos, si bien en España habrá diversos grupos de alto nivel, formados por expertos, que asesorarán en las distintas materias del plan, y que, más allá de comités de sabios y asesores, ningún Gobierno de la UE ha decidido externalizar la gestión de un proyecto estratégico de semejante calibre.

En una entrevista reciente en la Cadena SER, el presidente del PP, Pablo Casado, relataba una conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Le dije: 'Vamos a pactar una autoridad independiente, como ha hecho Grecia, con un premio Nobel al frente. O como Italia, con un empresario al frente. O Francia, con un líder de la oposición al frente. ¿Y qué me dijo Sánchez? Nada”.

Lo cierto, como contaba recientemente Infolibre, es que ni el caso griego ni el italiano ni el francés que exhibía Casado tienen que ver con lo que pedía el PP. En Grecia, el premio Nobel Cristóbal Pissarides fue nombrado no ya antes de los fondos, sino antes incluso de la pandemia, en febrero de 2020, y con la misión de hacer un informe sobre cómo debía desarrollarse la economía griega, no los planes de reconstrucción. Hasta tal punto, que entregó el informe en noviembre, si bien la comisión sigue existiendo como órgano asesor.

En Italia, Vittorio Colao, ex director de Vodafone en Italia, recibió el encargo de diseñar la ruta de la reconstrucción del país tras la pandemia y entregó su informe en junio de 2020, antes de que ni siquiera el Consejo Europeo aprobara los fondos de 750.000 millones de euros. Y el líder de la oposición francés al que se refería el presidente del PP, François Bayrou, fue nombrado alto comisario del Plan Quinquenal, un organismo para la reconstrucción creado en 1946 por el general De Gaulle tras la Segunda Guerra Mundial. 

El presidente del PP añadía: “Le dije: 'Pedro, vamos a hacer algo importante juntos, el Plan Nacional de Reformas. Sé que para mí es muy costoso, soy el líder de la oposición. Habrá reformas que no sean populares. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué dijo Sánchez? No sólo no dijo nada. Salió María Jesús Montero a los 10 minutos a insultarme”. Es decir, según Pablo Casado, el plan debe incluir “reformas que no sean populares”, si bien no dijo a cuales se refería.

El responsable económico de Ciudadanos y portavoz en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, es crítico con “la necesidad de que haya instancias de consulta y asesoramiento para mejorar la gestión y el control de los fondos”. A diferencia de Casado, que señala el Plan Quinquenal de Bayrou, en Ciudadanos señalan una comisión presidida por Jean Tirole, premio Nobel, y Oliver Blanchard, ex economista jefe del FMI, cuya misión es entregar a Macron un informe sobre el mundo posterior a la COVID-19, no tanto la gobernanza de los fondos europeos.

En Alemania, por su parte, se encarga el ministerio de Finanzas, donde los länder y el Parlamento “juegan un papel fundamental en la coordinación, además de los interlocutores sociales, que han participado en el plan de Recuperación”. Un mecanismo que podría asemejarse a la mesa con sindicatos y patronal que está abierta en España, así como la conferencia sectorial con las autonomías prevista en el real decreto. En Alemania, apunta Ciudadanos, la Junta Nacional de Productividad (equivalente a la AIREF), integrada en el Consejo de Expertos Económicos (cinco especialistas designados por el presidente de Alemania cada cinco años), se encargará de evaluar, antes y después, todo el proceso. Unas tareas que podrían ser equivalentes a las de la IGAE española.

Mientras, en Portugal, un modelo que gusta en Ciudadanos, la Fiscalía portuguesa ha creado un “grupo de reflexión” para “desarrollar estrategias de prevención y combate de fraudes con fondos europeos”. El nuevo 'think tank' luso, que tendrá una duración prevista de dos años, ha sido creado a iniciativa del Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) de la Procuradoria-Geral da República (PGR), la Fiscalía lusa. Su objetivos son fundamentalmente tres: identificar “áreas de elevado riesgo de comportamientos fraudulentos”, desarrollar “líneas orientadoras de prevención de fraude en la gestión de control de fondos europeos” y elaborar “metodologías de acción ajustadas a comportamientos fraudulentos identificados”, según una nota de la PGR.

El laboratorio de ideas lanzado por Portugal no guarda relación con la “agencia nacional para la recuperación económica de España” que ha propuesto el líder del PP, que se encargaría de gestionar los fondos europeos y tendría una orientación completamente distinta, mucho más ejecutiva que la del 'think tank' luso.