Un año y medio sin reuniones. Ese es el tiempo que lleva sin reunirse el Consejo General del Juego Responsable, el grupo de trabajo que asesora al Ministerio de Hacienda sobre las medidas y políticas que debe llevar a cabo para atajar patologías como la ludopatía. Un consejo que fue renovado el pasado mes de octubre y en el que cohabitan operadores de juego con asociaciones que ayudan a los ludópatas. Y que, a pesar del auge del crecimiento de las apuestas y de las casas en las que se juega, tampoco tiene previsto reunirse antes de que acabe 2018.
Durante el tiempo en el que este consejo no se ha reunido, el juego ha crecido de manera exponencial. Según datos de la Dirección General de Ordenación de Juego (DGOJ), en el tercer trimestre de este año, las cantidades que se dedicaron al mismo alcanzaron alcanzan los 181,77 millones de euros. En el mismo periodo de 2017, las cifra fue de 139,97 millones. En total, un 29,86% más de dinero destinado a este sector en solo un año. Si se compara el último trimestre analizado de 2018 con el anterior (167,15 millones), el aumento es del 8,74%. Unos datos que coinciden con el incremento del número de locales de apuestas.
Los anteriores miembros del grupo asesor se vieron por última vez el 12 de julio de 2017. Ese mismo año hubo otra reunión en marzo, mientras que en 2016 solo hubo un encuentro en el mes de junio. En la Orden para renovar el consejo que firma la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se establece que éste deberá reunirse al menos una vez al año de manera ordinaria. La DGOJ ha asegurado a este medio que el motivo de que no se hayan convocado reuniones en este tiempo es porque se encontraba en un “proceso de reformulación” de sus políticas de juego responsable.
Los componentes del Consejo aún no han recibido la convocatoria de la próxima cita en el Ministerio, como han confirmado varios de ellos a eldiario.es. La dirección general ha señalado que lo más probable es que se les convoque a partir de enero, dada la cercanía de la navidad. Un encuentro futuro en el que las decisiones o acuerdos a los que se llegue no serán vinculantes, ya que Hacienda tiene la potestad de impulsar las iniciativas que considere sin tener que hacer caso a sus recomendaciones. Esta es una de las quejas de las asociaciones.
“Esperamos que ahora sirva de algo. Porque antes no hubo acuerdos, y debería tener un carácter más vinculante”, cuenta a eldiario.es Juan Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), que forma parte del grupo. Para Lamas, este grupo de trabajo debería depender del Ministerio de Sanidad “para que se tuvieran en cuenta todos los aspectos que supone el juego, como ocurre con las drogas”. Sobre que no se hayan reunido en casi año y medio, Lamas señala que es “síntoma de cómo funciona ese consejo”.
Francesc Perendreu, de la Asociación Catalana de Adicciones Sociales (ACENCAS), será uno de los que se estrene en el nuevo Consejo. Para él, este grupo hasta ahora “no ha servido para nada”. Por eso espera que tenga contenido y se hablen “temas como la publicidad agresiva”. Una postura que comparte otra nueva integrante del grupo, Miriam Gañan, secretaria de la Junta de la Asociación Zaragozana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer). Gañan también aboga por “poner el foco no solo en la publicidad privada, sino también en la pública, como la de la Lotería de Navidad”.
Empresas y asociaciones, en la misma mesa
Uno de los aspectos a destacar del Consejo Asesor del Juego Responsable es que están juntos en el mismo los operadores de juego y las asociaciones que atienden a las personas con ludopatía. Algo que estas últimas ven normal, ya que aspiran a que se escuchen sus reclamaciones y se atiendan sus peticiones.
“No estamos en contra del juego ni de las empresas, pero sí queremos que sean conscientes de que hay una problemática con su actividad. También aspiramos a que haya leyes que se cumplan, que mejoren las normativas o que se controle bien a los autoprohibidos”, explica Miriam Gañan, que tiene entre sus prioridades impulsar que “la ludopatía esté reconocida en España como enfermedad”.
Juan Lamas también defiende que su federación tenga un asiento en este grupo por “las batallas que damos allí, donde no somos muy bien recibidos”. Para Francisco Abad, presidente de la Federación andaluza de jugadores de azar en rehabilitación (FAJER), defiende que estar en ese grupo sirve “para hacer ver a las empresas el daño que se está produciendo” y que “se escuche nuestra voz, la de los afectados”. El responsable de la federación andaluza sí cree que el Consejo sí ha servido “para hacer la advertencia de que esta actividad puede tener riesgos”.
“Es la única manera que tenemos de poder intervenir en las decisiones que nos afectan a nosotros. Tengo que poder tomar parte en las decisiones que afectan a mi colectivo y poder decidir qué publicidad es agresiva”, incide Francesc Perendreu. Para Miriam Gañan, estar en una asociación que asiste a personas con ludopatía no significa estar “en contra de las empresas”. Por eso ve necesario que formen parte del grupo para “avalar ciertas normativas que las compañías tendrán que cumplir”.
El portavoz de Fejar tiene claro que el primer paso sería “impulsar el decreto sobre la publicidad”, la legislación que lleva pendiente desde 2015 y que aparece en el acuerdo de los Presupuestos Generales del Gobierno con Unidos Podemos. Abad comparte el anhelo de que los anuncios en televisión y otros soportes sea el primer tema que se ponga sobre la mesa. “A cualquiera nos sorprendería ver tabaco anunciado, pero no parece que pase lo mismo con las apuestas”, apunta. Miriam Gañan también recuerda que no hay que poner el foco solo en el juego privado, ya que “la publicidad del juego público, como la Lotería, tendría que ser prohibida”.
La DGOJ asegura que unir en el consejo a los representantes de los afectados y a las empresas busca que le ofrezcan “todos los puntos de vista existentes acerca de esta actividad al objeto de que podamos dar respuesta de la manera más adecuada a los retos que nos presenta esta actividad”. Por eso, “deben participar en el ayudar a entender y diseñar un entorno socialmente sostenible”. Aunque advierte que aquí deben prestar una atención especial “los que más responsabilidad tienen en cuanto a la comercialización de un producto adecuándolo a la normativa vigente”, en referencia a las operadoras del juego.