La Tasa Tobin hará que los movimientos a paraísos fiscales dejen huella, según Oxfam
La conocida como Tasa Tobin -una tasa sobre las transacciones financieras transfronterizas- podría poner el cascabel al gato de la evasión fiscal. Entre las múltiples cualidades que sus defensores esgrimen para su aplicación, aprobada ya por once países europeos para 2014, entre ellos España, está la de facilitar el rastreo de los fondos que se pueden mover hacia los paraísos fiscales. Esta “trazabilidad” de las operaciones financieras más comprometidas es uno de los principales alicientes para dinamizar la economía, en opinión del director de Intermón Oxfam España, José María Vera.
Oxfam presentó la semana pasada sus principales conclusiones sobre la futura aplicación de esta tasa en la UE. Según sus cálculos, si se desplegara con todas sus posiblidades en España, podría suponer una recaudación de 5.000 millones de euros. En principio, lo pactado entre los once países que la aplicarán es un tipo mínimo del 0,1% sobre la compraventa de acciones y bonos y un 0,01% sobre productos derivados. La ONG, que ha aglutinado a los movimientos a favor de este impuesto, está convencida de que la distorsión en el mercado financiera será “mínima” por la cuantía de la tasa.
Es poco probable que fuera una feliz coincidencia que la noche antes de que Oxfam presentara este estudio, se filtrara un documento interno de trabajo de los países que han suscrito la tasa (Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Eslovenia, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Italia, España y Estonia,) en la que exponían sus dudas sobre su aplicación y los temores a que perjudique el mercado de deuda secundaria donde muchos estados se refinancian.
Según el documento, publicado inicialmente por el laboratorio de ideas británico OpenEurope (Reino Unido no se ha adherido a la tasa, ni tampoco Irlanda), pero difundido rápidamente por muchos medios, la aplicación de un impuesto sobre el mercado de deuda secundaria o lo que también se conoce como repos, supondría una especie de microquita para los inversores lo que desincentivaría su inversión.
En un momento en el que los costes de financiación de las arcas públicas son una de las principales preocupaciones en Europa, este razonamiento esgrimido por los países es un arma amenazante en toda regla. Desde la ONG reconocen que la presión de los lobbies contra este impuesto está en su momento más alto y piden a los Gobiernos que sean fuertes ante estas iniciativas.
En principio, España debe aplicar la tasa en 2015, una vez que los once países ratifiquen el impuesto, pero tiene libertad para hacerlo antes de forma parcial, como ha hecho Francia. Fuentes de Hacienda reconocen que su intención es preparar la normativa a tiempo para que esté disponible en los presupuestos generales de 2014. Sin embargo, este impuesto no estuvo entre la batería de medidas impositivas anunciadas este viernes por el ministro del ramo, Cristóbal Montoro. Sí se anunció la aplicación de otro impuesto sobre la banca, la polémica tasa sobre los depósitos que habían diseñado algunas comunidades autónomas pero que el Estado ha dejado inoperantes al crear este nuevo tributo.
La tasa sobre el pasivo de la banca, que en su mayor parte está formado por depósitos bancarios, recaudará un 0,2 por mil del pasivo de las entidades financieras, que serán las que deberán abonar el impuesto. En total, el Estado espera recaudar entre 250 y 300 millones de euros, un montante muy moderado.
Distribución de lo recaudado
Respecto a la Tasa Tobin, la otra cuestión que está por discernir es el destino de los fondos que se recauden. Tras adoptar la idea del Nobel de economía James Tobin, las ONG pensaron que se debía destinar a la lucha contra la pobreza mundial. En el ánimo de Intermón Oxfam está el que se dediquen la mitad de los ingresos conseguidos en España a los colectivos excluidos, y que la otra mitad vaya a cooperación internacional.
La principal partida de gasto que contempla en su reparto la ONG es una renta de inserción que sirva de colchón para las familias que no están cubiertas por ninguna de las prestaciones ni subsidios actuales. Esta línea de gasto se llevaría alrededor de 1.800 millones de euros y cubriría las necesidades básicas de 476.000 hogares españoles, el equivalente a 1,2 millones de personas.
Intermón recuerda que ahora mismo estas rentas básicas dependen de las comunidades autónomas. Por la dificultad para cambiar la legislación actual, lo más sencillo para poder distribuir este montante sería relajar los actuales criterios de la Renta Activa de Inserción que sí tiene competencia estatal.
En cuanto al dinero que se destinaría fuera de las fronteras españolas, Oxfam cree que la mayor parte debería destinarse a luchar contra el cambio climático ya que ha sido una de los objetivos más olvidados por parte de todos los Gobiernos tras la llegada de la crisis. Este objetivo se llevaría 750 millones de euros. La lucha contra el hambre (500 millones de euros) o los programas de sanidad pública (350 millones de euros) serían las otras partidas más significativas.
Esta propuesta de la ONG es poco probable que cale en el Ejecutivo conservador, que tiene una acuciante necesidad de recaudar efectivo para reducir el déficit estatal y cubrir algunas de las principales expensas del Estado: pensiones y prestaciones por desempleo.
