En España hay 2.379.500 personas en paro de larga duración, es decir, que llevan más de un año en busca de un trabajo. De ellas, 1.428.200 lo buscan desde hace más de dos años. Muchas de ellas ya no cobran una prestación, una situación alarmante que llevó al Gobierno a sentarse con los sindicatos para negociar una nueva ayuda para parados de larga duración. Desde que entró en vigor, el pasado 15 de enero, la perciben unos 66.000 beneficiarios. Las estimaciones apuntaban, sin embargo, a que entre 400.000 y 450.000 personas podrían cobrarla hasta el 15 de abril del próximo año.
Los últimos datos del Ministerio de Empleo señalan que unas 94.000 personas han solicitado esta ayuda. De ellas, el 70% -unas 66.000- han sido aceptadas en el programa. Una cifra claramente insuficiente para los sindicatos, que critican la dureza de los requisitos. “En su día ya avisamos de que eran excesivos. Pensamos que era mejor tener algo que nada, pero claramente hay que revisar el sistema de protección”, dice el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.
Esos requisitos fijan que sean las personas que lleven al menos doce meses en el paro y que tengan al menos un familiar a cargo las que pueda acceder a esta ayuda. Además, la situación de desempleo tiene que haber sido ocasionada por la pérdida de un trabajo, es decir, no se trata una prestación asistencial como puede serlo la Renta Activa de Inserción ni una ayuda para los que buscan su primer empleo. Los beneficiarios no pueden tener ingresos superiores al 75% del IPREM (unos 480 euros mensuales) y deben llevar al menos seis meses sin percibir ninguna prestación
Fuentes de Empleo aseguran que la mayoría de denegaciones se deben o bien a que el solicitante está percibiendo alguna ayuda autónomica o bien a problemas burocráticos por falta de alguna documentación requerida.
Menos beneficiarios del Prepara
Lo cierto es que no es la primera vez que el número de beneficiarios de un subsidio cae como consecuencia de un endurecimiento de los requisitos en los últimos años. Es el caso del llamado Plan Prepara -la ayuda de 400 euros para parados que fueran agotando todas sus prestaciones- que en su momento puso en marcha el Gobierno de Zapatero y que Rajoy prorrogó. Sin embargo, un cambio en las condiciones aprobado en verano de 2012 ha reducido el número de beneficiarios en un 64%.
El Ejecutivo de Rajoy exigió computar la renta de toda la unidad familiar para determinar si un parado tenía o no derecho a este subsidio. Además, solo podría acceder a él las personas con cargas familiares o que llevaran doce meses inscritos en el paro. La reducción de perceptores ha sido especialmente significativa entre los jóvenes: hay un 90% menos de beneficiarios jóvenes que antes de los cambios.
UGT y CCOO han pedido en varias ocasiones ampliar y reordenar el sistema de protección social. Esta misma semana, UGT pedía recuperar algunos de los subsidios perdidos en la última legislatura, como el subsidio para mayores de 45 años o el de mayores de 52 años, que también sufrió cambios en 2012. CCOO lleva meses defendiendo una renta de garantía de ingresos. Ambas centrales registraron en abril una Iniciativa Legislativa Popular para obtener una renta mínima para todas las personas sin recursos y sin prestaciones por desempleo.