La patronal de renovables asegura que la gestión pública de la hidroeléctrica “puede” ser ilegal

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha cargado contra la idea de que el Estado o cualquier organismo público gestione la energía hidroeléctrica cuando caduquen las concesiones porque, asegura, esta opción “puede” ser ilegal.

“No se olvide que la gestión pública de los aprovechamientos hidroeléctricos puede ser contraria a las exigencias del Derecho Comunitario y del Derecho de la Competencia, entre otras razones, al restringir la libre competencia en la generación eléctrica”, afirma APPA.

La gestión pública de esos activos, que utilizan un bien público (el agua de los ríos) y una concesión para producir electricidad, supone según APPA “violentar el uso común” del dominio público. Además, afirma, reduce los ingresos destinados al sostenimiento medioambiental de las cuencas hidrográficas y de las poblaciones colindantes, “al no tributar el proyecto, ni devengar cánones, o al responsabilizarse del aprovechamiento el supervisor que precisamente debe velar por el cumplimiento de la normas, sin que nadie lo supervise”.

Estas afirmaciones figuran en las observaciones que ha presentado este lobby ante la Confederación Hidrográfica del Duero, la más importante de España en términos de producción hidroeléctrica, en el proceso de elaboración de los planes hidrológicos cuyas alegaciones se han publicado recientemente.

En esas alegaciones, las eléctricas (también la propia APPA) han cargado contra el plan del Gobierno de aumentar los caudales ecológicos de los ríos –la que se considera agua mínima necesaria para que existan ecosistemas en los cursos de los ríos– por su impacto en la producción hidroeléctrica, y han advertido de que pedirán indemnizaciones por ello.

En sus alegaciones, la patronal de renovables advierte de que, una vez caducadas y extinguidas las concesiones de los aprovechamientos, “si la Administración optara por la gestión directa, en sentido estricto o a través de un medio propio, debe motivar su decisión atendiendo, especialmente, a las consecuencias pro-competitivas o anticompetitivas de la misma. Dicha motivación específica, caso de omitirse, puede dar lugar a la impugnación de la decisión, por arbitrariedad”.

APPA, que no comenta este asunto, se creó en 1987 y es “la asociación de referencia del sector de las energías renovables en España”, según su web.

La patronal se pronuncia así sobre una idea que lleva tiempo en el debate público y que se ha planteado en los borradores de los nuevos planes de Cuenca, que pretenden dar más peso al Estado en la gestión de la hidroeléctrica.

En concreto, el del Duero planteó como “razonable que se reserven al Estado” las nuevas plantas de renovables vinculadas a las presas, mientras que el del Ebro insistía en continuar con el proceso de “reversión” de concesiones para su explotación directa que ha iniciado en los últimos años y apostaba por el “desarrollo de nuevos saltos reversibles”. El pasado verano, uno de los pioneros en la recuperación de las presas, el expresidente de la Confederación del Ebro Xavier de Pedro, cargaba contra la falta de interés de los sucesivos gobiernos por esta cuestión.

En agosto, cuando empezaba a arreciar la crisis de precios de la luz, la propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó a plantear que una empresa pública gestione las concesiones que vayan caducando, como lleva años proponiendo Unidas Podemos. Sin embargo, el Gobierno ha advertido recientemente (así lo afirma en una reciente respuesta parlamentaria) que esta “no es la vía más adecuada para reducir la factura energética de manera inmediata”. 

En este caso, el mecanismo elegido ha sido el tope al gas pactado con Portugal y aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, con algunas contrapartidas, como la reforma de la tarifa regulada (conocida como PVPC) por exigencia de la Comisión Europea, que todavía tiene que dar su visto bueno a la llamada solución ibérica.

El Estado ya gestiona directamente una bolsa de más de 250 MW hidroeléctricos, a años luz de los casi 10.000 MW que gestiona Iberdrola, líder destacado de la hidroeléctrica en España con la mitad de la potencia total. La multinacional no forma parte de APPA, según se desprende de la web de la asociación y del último informe de sostenibilidad de la mayor eléctrica española. A la patronal sí pertenecen Acciona o Endesa, según su web.

En esta década van a vencer 255 concesiones hidroeléctricas que tienen una potencia de unos 1.000 MW. A corto plazo las dos más importantes son dos presas que Iberdrola explota en el Duero con 206 MW y cuyo procedimiento de extinción acaba de iniciar el Ministerio para la Transición Ecológica.

“Criterios comunes”

APPA señala en sus alegaciones que “la caducidad de la concesión determina la reversión de la totalidad de las obras y de las infraestructuras construidas por el concesionario en el dominio público (cauce y riberas), sin perjuicio de lo que pueda establecer el título concesional respecto de las construidas fuera del mismo”.

Si se decide que el aprovechamiento siga explotándose y no hay que demoler la instalación, la devolución debe producirse “en condiciones de explotación”. Y, “no existiendo previsión en el título respecto del estado en el que deba tener lugar la misma, puede facultar al concesionario para reclamar la correspondiente indemnización”, afirma.

“Por ello estimamos que desde las propias Confederaciones se debe promover la fijación de criterios comunes para la caducidad de las concesiones y sus posibles reversiones y la renovación de la concesión debe llevarse a cabo en procedimientos de concurrencia a los que acudan las empresas interesadas, no siendo ajustado a las directrices europeas el aprovechamiento por parte de las administraciones públicas”, asegura.

APPA también reclama “unificar los criterios de los plazos concesionales entre todas las Cuencas” ya que “observamos distintas apreciaciones en cuanto a los plazos entre unas confederaciones y otras”. Según la patronal, “se puede aceptar una reducción de los plazos concesionales para los usos hidroeléctricos”, que en las concesiones más antiguas es de 75 años, pero “no debería en ningún caso ser inferior a 30 años, tanto para las nuevas concesiones como para aquellas que sufren adaptaciones/modificaciones sustanciales”.

“Contemplar plazos inferiores como los que prevé la propuesta de Plan Hidrológico no facilitará el desarrollo de la energía hidroeléctrica en España ni el mantenimiento de las instalaciones existentes”, asegura. Recientemente, la Confederación del Duero canceló un concurso para explotar un pequeño aprovechamiento que fijaba la concesión en 30 años, por encima del plazo de anteriores procedimientos de este tipo.

Según APPA, “es necesario que explotemos los recursos renovables disponibles entre los que se encuentran las más de 1.000 instalaciones minihidráulicas que están operando en la actualidad, tanto por su contribución a la cobertura de la demanda nacional, con una generación libre de emisiones, así como por los impactos positivos que tienen sobre el medioambiente, el sistema eléctrico y nuestra economía en términos generales”.

APPA recuerda que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que es la hoja de ruta para esta década, determina “textualmente”, dentro del objetivo general de no perder la contribución energética de las instalaciones minihidráulicas, que “se trabajará en la regulación del fin de la concesión de las centrales hidráulicas para garantizar las inversiones que permitan que sigan en funcionamiento”. 

“En los próximos años irán caducando algunas de estas concesiones, por ello estimamos necesario revisar la posibilidad de continuar con estas explotaciones. Y en su caso, cuando no se pueda prorrogar la concesión actual, que se tramiten adecuadamente los procedimientos de caducidad esto es, que se tramiten correctamente dichos procedimientos para que puedan ser de nuevo aprovechables estos recursos”.