La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa coincide con el debilitamiento de algunos factores que empujaban a la economía española. Los estímulos del BCE podrían llegar a su fin y una posible subida de tipos trastocaría las economías familiares, la creación de empleo se ralentiza, la guerra comercial afecta a las exportaciones como motor de crecimiento, el petróleo mantiene una tendencia ascendente... Aunque los analistas coinciden en mantener unas buenas previsiones de crecimiento económico, también avisan del impacto de una política expansiva aunque la asunción del Presupuesto que diseñó el Gobierno de Mariano Rajoy deja poco margen para redefinir la política económica.
“Las compras de activos netos, al ritmo mensual actual de 30.000 millones de euros, están previstas hasta finales de septiembre de 2018, o más allá, si es necesario, y en cualquier caso hasta que el Consejo de Gobierno vea un ajuste sostenido en el camino de la inflación consecuente con su objetivo de inflación”, recordaba el Banco Central Europeo (BCE) el pasado marzo.
El BCE no hizo entonces mención a compromiso de aumentar las compras de bonos si fuera necesario, lo que fue interpretado como un nuevo paso para retirar el programa de estímulo de la economía de la eurozona. Los analistas coinciden en que la política monetaria ha sido casi el único pilar del crecimiento en Europa y su retirada podría provocar grandes tensiones.
Jordi Sevilla, uno de los economistas que aparecen en las quinielas como posible ministro con Sánchez -ya fue responsable de la cartera de Administraciones Públicas en un Gobierno socialista- , apuntaba solo hace un mes a un cambio de signo con la apreciación del euro, que debilita la competitividad de las exportaciones, el incremento del precio del petróleo y una subida de los tipos de interés en 2019, lo que representa un “riesgo claro para una economía como la española con una deuda pública de casi el 100% del PIB y una deuda privada del 137% del PIB”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hacía hincapié este miércoles en el peso en la deuda pública que va a suponer el acuerdo presupuestario para incrementar las pensiones que cerró el Gobierno de Mariano Rajoy con el PNV y que los socialistas no van a modificar. El economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, avisó de que “alguien tendrá que pagar la factura”, y recordó que si no es con cotizaciones, será con impuestos que amputarán el gasto público en otras partidas.
A pesar de la clave de la deuda pública, Pereira destacó el “crecimiento muy sano” de la economía española, lo que se traduce en que el producto interior bruto (PIB) en España crecerá un 2,8 % este año y un 2,4 % en 2019, cinco y tres décimas más de lo que había anticipado en noviembre.
De hecho, un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy tiene pocas dudas del clima económico benigno que va a reinar en el mandato de Sánchez: “No le va a ir tan mal a Pedro Sánchez si no hace locuras. Tiene los Presupuestos aprobados y hay dinero. La situación económica es buena, aunque haya visos de ralentización”.
“Que deje la cosa como está para no tener problemas”
“Con tal de que deje las cosas como están no va a tener problemas y siempre se va a poder excusar en que no puede tomar determinadas medidas porque el Presupuesto no se lo permite”, subraya el exresponsable del Ejecutivo de Rajoy, que añade que “el único problema grave que puede tener es que en Cataluña los independentistas vuelvan a desestabilizarlo todo como nos ocurrió a nosotros”, mientras recoge sus pertenencias para dejar Moncloa.
Esta incapacidad para poder realizar cambios patentes en la economía española ya ha sido asumida por algunos actores sociales y por analistas del mercado. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, admitía este viernes que “las declaraciones de Pedro Sánchez respecto a los PGE y al cumplimiento de los planes de estabilidad impuestos desde Europa hacen prever que en el corto plazo va a tener escasos márgenes para modificar la política económica”.
A pesar de estas ataduras, el dirigente sindical pidió un esfuerzo para impulsar “una política fiscal que en el medio plazo permita más márgenes para cambiar la política económica y abordemos cambios en la regulación para que el crecimiento se distribuya”. El futuro gobierno socialista tendrá muchas dificultades para modificar los tipos impositivos cuando PP, Ciudadanos y los nacionalistas del PNV, PDeCAT y Coalición Canarias coinciden en su rechazo a una subida de impuestos.
En Goldman Sachs sí admiten que con motivo de unas futuras elecciones, el nuevo Gobierno “podría tener incentivos para acometer una política fiscal algo más expansiva”, pero opinan que “es improbable que el cambio de Gobierno perturbe a la economía española. Seguimos pronosticando un fuerte crecimiento económico en España en 2018 y 2019”.
En el mismo sentido, los analistas de ING rebajaron a “impacto bajo” la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, dando por sentado que “los mercados financieros no tendrían que preocuparse de un aumento del gasto, como en Italia”.
La política económica del Ejecutivo de Rajoy tenía como fórmula mágica la creación de empleo para solventar el desfase entre ingresos y gastos, pero las cifras del desempleo empiezan a dar avisos preocupantes. El paro aumentó en 29.400 personas en el primer trimestre de 2018, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el mayor desde 2013, mientras que la destrucción de empleo ascendió a 124.100 personas, el peor dato desde 2014.
“Moderación en la creación de empleo”
Esta “moderación en la creación de empleo”, como recoge el Banco de España, no solo afecta a España, también al principal objetivo de nuestras exportaciones, eje del nuevo modelo económico español, según el saliente ministro de Economía, Román Escolano. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtió de una “moderación” en el ritmo de crecimiento económico de la zona euro en el comienzo del año, donde tiene incidencia, entre otros factores, el proteccionismo económico por el efecto en la confianza que tienen los aranceles.
Las consecuencias de la guerra comercial son ya un hecho. Un informe del Ministerio de Economía constata el “endurecimiento” de las políticas proteccionistas de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump y advierte del “serio problema” que puede originarse si las trabas de este país a la aceituna española se extienden al aceite de oliva, del que España es primer productor mundial.
Además del impacto en el sector alimentario, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este jueves la suspensión de la exención a la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio de la Unión Europea (UE), Canadá y México. En el caso de España, las patronales de acero (Unesid) y de aluminio (InfoAEA) advirtieron de que se pueden perder 400 millones de euros de exportaciones.
Petróleo caro
En las exportaciones también hará mella el precio del petróleo. El precio medio del barril cerró este viernes a 77,64 dólares, un 50% más caro respecto a un año antes. En junio hay una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la que se determinará la política a seguir: Abrir el grifo de la producción para incrementar la demanda (posición defendida por Arabia saudí y Rusia) o mantener los recortes de producción para que la demanda empuje a los precios (postura que siguen los países sancionados que no pueden incrementar su oferta, como Venezuela o Irán).
Independientemente de la decisión que tomen los países productores de crudo, los analistas descartan que los precios del barril Brent bajen a niveles de hace un año.