Portugal paraliza un macroproyecto solar de Iberdrola, el mayor de Europa

La Fiscalía portuguesa ha decidido paralizar cautelarmente un macroproyecto solar de Iberdrola en Portugal que, de llevarse a cabo, sería el mayor de Europa y el quinto más grande del mundo, con una inversión de unos 800 millones de euros. 

Según avanzó el pasado fin de semana el diario luso Público, el Ministerio Público impugnó el pasado 31 de enero ante el Tribunal Administrativo y Fiscal de Beja la licencia ambiental que la Agência Portuguesa de Medio Ambiente (APA) otorgó en enero de 2023 a la central Fernando Pessoa, ubicada en el municipio alentejano de Santiago de Cacém, cerca de Sines, polo logístico del sur de Europa.

Con un área de implantación de cerca de 1.000 hectáreas, el proyecto implicará la tala de cerca de un millón y medio de árboles, sobre todo eucaliptos, señala este medio.

Según la Fiscalía, la autoridad responsable de la evaluación ambiental del proyecto desoyó en la declaración de impacto ambiental (DIA) “un alargado conjunto de instrumentos de gestión territorial y de regímenes jurídicos de protección de recursos naturales”, sin detallar de cuáles se trata.

La mayor eléctrica española ha afirmado a Público que “siguió rigurosamente todos los procesos definidos para el desarrollo del proyecto”.

La planta, con 1.200 megavatios (MW) de potencia instalada, la promueve Iberdrola en alianza con otra empresa española, la valenciana Prosolia, que fue la que inició su tramitación. Fue presentada el año pasado por Iberdrola “el mayor proyecto fotovoltaico de Europa”. La eléctrica ilustró la nota en la que anunciaba la DIA favorable a la macroplanta con una imagen de la planta Núñez de Balboa en Badajoz, en su momento también anunciada como la mayor de Europa y que la Justicia española ha obligado a desmantelar porque la expropiación del terreno no se ajustó a la legalidad.

DIA condicionada

Durante la tramitación ambiental del proyecto Fernando Pessoa, la planta estuvo a punto de ser vetada, por los impactos, algunos de ellos irreversibles, sobre la fauna, la flora, la vegetación y los hábitats locales.

La DIA se otorgó pese a la opinión contraria de la comisión de evaluación del proyecto, de la que forman parte representantes de la APA, del Laboratório Nacional de Energia e Geologia, el Instituto de Conservação da Natureza e Florestas o la Direção Geral do Património Cultural, entre otras entidades. Esa comisión concluyó que el estudio de impacto ambiental reformulado por los promotores era insuficiente para corregir los problemas identificados en el estudio inicial, de 2020.

La comisión, apunta Expresso, determinó que la reformulación del proyecto aumentó la superficie fotovoltaica frente al proyecto inicial; que en algunas áreas se mantenía una distancia de solo 70-80 metros con algunas viviendas; y que no se contempló una red adecuada de corredores para fomentar la conectividad ecológica, entre otras cuestiones.

Según una asociación de residentes de las localidades afectadas por el proyecto, también conocido como The Happy Sun is Shining, a la macroplanta se opuso incluso la directora del departamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la APA. Los denunciantes aseguran que buena parte de los terrenos se ubican en una Reserva Ecológica Nacional.

Sin embargo, la APA decidió dar luz verde al proyecto con una autorización condicionada, por su importancia estratégica para la apuesta renovable del país y porque tras el dictamen negativo de esa comisión el promotor propuso compromisos adicionales para evitar una DIA desfavorable.

Así, se propuso reducir la superficie vallada a un máximo de 1.000 hectáreas (lo que también reduciría en un 17% la superficie cubierta por paneles), reducir en 120 hectáreas la superficie de eucaliptos a talar, plantar especies autóctonas, aumentar la distancia entre los paneles y las viviendas, preservar los corredores de ribera (con una franja de hasta 30 metros de ancho a cada lado) y garantizar una franja de protección de 500 metros para el dormidero de la paloma torcaz.

“La reducción propuesta permite minimizar, aunque sea parcialmente, los impactos negativos significativos a muy significativos identificados en términos de factores ambientales cruciales para la evaluación del proyecto, como el uso del suelo, la socioeconomía, los sistemas ecológicos y el paisaje”, concluyó la APA.

Esta agencia está en el centro de la trama de presunta corrupción que derivó en la dimisión del todavía primer ministro portugués, António Costa, que este lunes celebra su último consejo de ministros tras la victoria del conservador Luis Montenegro en las elecciones del pasado 10 de marzo.

El anterior presidente de la APA, Nuno Lacasta, dimitió hace dos meses del cargo que ocupaba desde 2012 después de ser imputado en la denominada Operaçao Influencer, por las supuestas irregularidades cometidas para agilizar un megacentro de datos en Sines, Start Campus, junto al exministro João Galamba, entonces secretario de Estado de Energía.

Activistas medioambientales aseguran que el proyecto de Iberdrola en el Alentejo preveía abastecer de energía a ese data center, pero Iberdrola ha negado tener ningún acuerdo con Start Campus.