PP y Vox fracasan en su intento de mantener o endurecer el delito que castiga con cárcel a los piquetes

Una amplia mayoría del Congreso de los Diputados ha dado la espalda al Partido Popular y Vox en su intento de mantener o endurecer el artículo del Código Penal que castiga con cárcel a los piquetes en las huelgas. Los dos partidos de la derecha parlamentaria habían registrado enmiendas a la totalidad a la proposición de ley del PSOE para acabar con este artículo, el 351.3 del Código Penal, pero no han sido respaldadas por la Cámara. La extrema derecha de Vox quería incluso ampliar las penas de cárcel, hasta los cuatro años y medio.

Los partidos liderados por Pablo Casado y Santiago Abascal intentaban impedir el trabajo legislativo en el Congreso para derogar este artículo, después de que el pasado 27 de octubre la mayoría de los partidos apoyara una proposición de ley del grupo socialista que incluye la supresión de este apartado del Código Penal y la revisión de las sentencias firmes dictadas de conformidad a esta legislación. Tras el fracaso de sus iniciativas, sigue adelante la tramitación legislativa para eliminar este delito específico en las huelgas, que se abordará en la Comisión de Justicia del Congreso.

La eliminación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal es una reclamación constante de los sindicatos, que calculan que unas 300 personas –gran parte de ellas sindicalistas– han sido procesadas bajo este precepto en su participación en huelgas y piquetes. Una de sus principales quejas fue la “persecución” de la Fiscalía de este delito en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy que consideraron una forma de represión del derecho a huelga.

El artículo 315.3 establece un tipo especial de delito para las coacciones en las huelgas. En concreto, establece: “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

CCOO y UGT han celebrado la votación de este jueves en el Congreso. “Para CCOO y UGT, la Ley Mordaza y la modificación del Código Penal supusieron un atropello a las libertades democráticas y un nítido intento de amordazar a la ciudadanía desde el ordenamiento jurídico en momentos en que la calle en España vivía las tensiones lógicas que daban respuesta a las políticas económicas desequilibradas e injustas auspiciadas por la Comisión Europea y aplicadas en España por el Partido Popular”, han recordado ambos sindicatos en un comunicado, ya que el artículo en cuestión fue reformado en 2015 por el Ejecutivo del PP dentro de la llamada 'Ley Mordaza'.

Vox quería ampliar los años de cárcel

La enmienda del PP proponía recuperar en la iniciativa la redacción vigente del artículo 315.3, pero la defendida por Vox intentaba endurecer el delito con más años de cárcel. El partido de extrema derecha pretendía conservar este artículo endureciendo el castigo, con penas de prisión mínimas de dos años y medio, que podían llegar hasta los cuatro años y medio. En concreto, las penas de prisión contempladas van de dos años y seis meses a cuatro años y seis meses, mientras que se reducían las multas, para situarlas entre los 12 a 18 meses.

El encargado de defender la enmienda de Vox, el diputado Juan José Aizcorbe Torra, ha considerado que hay que mantener este delito específico para frenar “la perversa luchas de clases que auspicia el socialismo” y que, en su opinión, da alas a “pervertir e instrumentalizar el derecho de huelga, para fines perversos, como la alteración del orden público y el ataque a otros derechos fundamentales”. Su iniciativa solo ha obtenido 54 votos a favor de los 350 de la Cámara Baja, sin conseguir siquiera el voto a favor del PP.

En cambio, la enmienda del Partido Popular sí ha sido respaldada por el voto a favor de Vox, pero se ha quedado muy lejos de salir adelante. Ha recabado 142 votos a favor, 8 abstenciones y 195 'noes'. El diputado Miguel Ángel Jerez ha sido el responsable de defender la enmienda de los de Casado, que se ha basado en igualar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal a la total impunidad de las coacciones y amenazas durante una huelga.

Varios diputados, como el parlamentario Mikel Legarda Uriarte (PNV), han afeado al PP este argumento, ya que las coacciones y amenazas en un piquete seguirían siendo delito con la supresión del artículo 315.3, ya que existen tipos generales que persiguen estas actitudes. Simplemente, no estarían castigadas con un delito específico para el contexto de huelga.

Legarda ha recordado, como expresó en el debate del pasado 27 de octubre, su inquietud a que la eliminación del delito específico del 315.3 pueda producir “un efecto boomerang no buscado” por el que los acusados acabaran enfrentándose a mayores penas de cárcel en los tipos generales, para lo que ha emplazado a abordar esta posibilidad en la tramitación parlamentaria, con el asesoramiento de expertos en el tema.

Andrea Fernández, la diputada del PSOE que defendió la proposición de ley al respecto, ha celebrado desde la tribuna que las enmiendas a la totalidad no prosperasen. “Mi grupo parlamentario se mantiene que la tesis de que es necesario un revisión técnica y dogmática del artículo 315 del Código Penal”, ha apuntado la parlamentaria, que ha emplazado al resto de grupos políticos a contribuir en el debate con propuestas para acometer este “avance social”.