El registro estatal de personas que piden que se les prohíba jugar bate otro récord y ya supera los 50.000 inscritos

El número de inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al juego (RGIAJ), una lista estatal a la que pueden apuntarse voluntariamente quienes quieran que se les vete el acceso a las apuestas online y la entrada a bingos, casinos y salas de juego, superó en 2019 por primera vez las 50.000 personas, según datos preliminares que avanzó el lunes el director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, Juan Espinosa.

Durante su intervención en un acto en la sede del Ministerio, Espinosa habló de un “ascenso muy considerable” en la cifra de inscritos en ese registro que no cuantificó, pero que superaría el 15% interanual si se tiene en cuenta que, según la última memoria anual de la dirección del Juego, en 2018 había 43.796 personas inscritas en él. Se trata de un aumento sin precedentes desde que se creó el actual registro en 2012.

Ese año, el RGIAJ tenía 30.104 inscritos, por lo que desde que ese ejercicio se concedieron las primeras licencias para el juego online, tras la legalización de esta actividad en 2011, el número de inscritos ha crecido en unos 20.000. En 2018, último año con cifras detalladas, el número de nuevas altas se disparó un 40%, hasta 6.350. Entonces, más de la mitad de los nuevos inscritos (el 53,9%) tenía entre 18 y 35 años. Este colectivo ya concentró en 2017 por primera vez más de la mitad de las altas.

El RGIAJ sustituyó en 2012 al antiguo Registro de Prohibidos a Bingos y Casinos, cuyos datos no son del todo comparables con los del actual registro. La inscripción en el RGIAJ impide el acceso a los juegos de azar online así como aquellos otros juegos donde la autoridad autonómica correspondiente haya determinado la necesidad de identificación previa para el ejercicio del juego. El registro recoge también a personas incapacitadas para los juegos de azar por sentencia judicial firme.

Según fuentes del Ministerio de Consumo, el aumento de las inscripciones en este registro “no se debe vincular directamente o asociar con un incremento de la ludopatía en España, ya que hay muchos otros factores que pueden influir en este incremento tales como el mayor conocimiento de esta herramienta o la utilización preventiva de la misma por parte de familiares”.

El responsable de la Dirección del Juego indicó que el aumento de 2019 tiene “varias lecturas”, como “el incremento del grado de sensibilidad en el autoconocimiento de las personas que tienen un problema del juego”. En cualquier caso, Espinosa subrayó que la cifra de inscritos está “muy lejos todavía” del número real de personas que tienen algún tipo de problema con el juego en España: según dijo, se estima que hay 80.000 que presentan un “trastorno” relacionado con la ludopatía y 120.000 están en una fase “previa” a esa situación. El Gobierno estima que un 0,4% de la población sufre trastorno de juego problemático, lo que equivale a unas 188.000 personas.

Bonos de bienvenida

El responsable del ministerio difundió estas cifras durante un acto celebrado con motivo del Día Internacional del Juego Responsable y minutos antes de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunciase que el borrador del futuro Real Decreto de Publicidad del juego que prepara su departamento va a regular los bonos de captación y fidelizacion de las casas de apuestas prohibiendo que se publiciten y limitando su cuantía a 100 euros como máximo.

Garzón realizó ese anuncio tras la presentación del fichero EFICAZ, iniciativa desarrollada por la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) y Creditea (perteneciente al grupo británico Internacional Personal Finance) para permitir la inscripción voluntaria y gratuita por aquellas personas que lo deseen en un registro para quedar excluidas de la posibilidad de obtener créditos rápidos para el juego por parte de algunas empresas de préstamos online para evitar problemas de sobreendeudamiento relacionados con el juego.

Según Espinosa, este fichero, que no abarca a todas las empresas de créditos rápidos y que debería estar en funcionamiento este año, es un “ejemplo de cómo tienen que ser las políticas públicas y las líneas de actuación” sin “generar alarmas sociales”. Espinosa puso en valor la autorregulación como el mecanismo “más ágil”, pero no descartó que se prohíba el uso de todo tipo de crédito, también tarjetas, para las apuestas, como pidió la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, que calificó el fichero de “insuficiente” e instó a aplicar una legislación como la que está vigente en Reino Unido.

En opinión de Suárez, “se debería prohibir el poder pagar con una tarjeta de crédito una actividad que para algunas personas puede ser tan tóxica”. Según el director del Juego, se trata de “una medida que ya se está estudiando y así consta en documentos de la propia Dirección General previos a la constitución del Gobierno”, pero pidió “paciencia” hasta ver qué normativa se aprueba finalmente.