El regulador nuclear ha dedicado más de 43.000 horas a evaluar el cementerio de residuos paralizado por el Gobierno
Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han dedicado más de 43.000 horas de trabajo al licenciamiento del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad de Villar de Cañas (Cuenca). El nuevo Gobierno ha suspendido la tramitación de los permisos de la instalación, para la que el pleno del regulador nuclear, controlado por personas nombradas por el PP, quería otorgar de forma inminente la autorización de construcción que pidió la empresa estatal Enresa en enero de 2014.
Esas más de 43.000 horas resumen el trabajo ingente que ha supuesto el cementerio nuclear para el CSN, que cuenta con unos 210 técnicos. El organismo, que en los últimos años ha cuestionado en distintos documentos la “idoneidad del emplazamiento” de Villar de Cañas y los datos contradictorios sobre los terrenos aportados por Enresa, tiene medio millar de empleados con una jornada de unas 1.600 horas anuales y un coste de personal (incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social) que en el caso de los técnicos asciende a unos 60.000 euros anuales por persona.
En el sector privado, esas 43.000 horas equivaldrían a entre 8 y 13 millones de euros si se trasladan a la tarifa que suelen cobrar las firmas de consultoría de ingeniería nuclear (entre 200 y 300 euros la hora).
Una fuente interna muy crítica con la actual dirección del organismo critica que, con un parque de centrales nucleares cada vez más envejecido y cada vez más cerca de los 40 años para los que fueron diseñadas las plantas, “esas horas dedicadas a Garoña y ATC no han sido dedicadas a mejorar inspecciones u otras tareas de actuación”.
En enero de 2017, unos días antes de que el pleno del CSN informase favorablemente sobre la prórroga de Garoña saltándose sus propias directrices previas, el organismo ya cifró en más de 30.000 horas el tiempo de trabajo empleado por 16 de sus áreas técnicas para elaborar la base del informe preceptivo que recomendó extender la licencia de la central. Un trabajo “ingente”, según dijo después la asociación de técnicos ASTECSN, “cuando ya había indicaciones suficientes de que la decisión política final sería contraria” a la prórroga y que supuso detraer “recursos de otras actividades necesarias para el mantenimiento de la seguridad de las instalaciones”.
Unos meses después, el Gobierno del PP se rindió a la evidencia y, ante el “contexto político” y la renuncia de Iberdrola a reabrir la planta, tuvo que rechazar la prórroga de Garoña.
El cómputo de horas trabajadas por el CSN en el licenciamiento del ATC es uno de los indicadores que va a analizar este miércoles el pleno del organismo. Entre los asuntos sobre los que se informará a ese órgano, figura el “Plan para la suspensión de la emisión del informe del CSN sobre la solicitud de autorización de construcción” del silo.
En el orden del día también figura la emisión de informe favorable sobre la solicitud de autorización de la modificación de diseño para la puesta en servicio del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos de Garoña; y se someterá a votación para decisión el Segundo informe nacional sobre la aplicación de la Directiva europea que establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
En su redacción actual, ese informe, según fuentes conocedoras del mismo, contempla hipótesis que han sido superadas por la realidad. Salvo que el pleno acabe aprobando una versión final distinta, su versión actual da por hecho que habrá ATC en España en 2024 y oculta a la Comisión Europea que se ha paralizado el proyecto.
