Ryanair y los sindicatos de tripulantes de cabina (TPC) italianos ANPAC y FIT-CISL, reconocidos por la aerolínea, han cerrado un acuerdo para sentar las bases de un convenio colectivo. Entre otros puntos, la empresa establece en el convenio italiano una “transición a contratos locales durante un período acordado”, cuya entrada en vigor sería en 2022, la misma fecha que pusieron sobre la mesa en las negociaciones con los sindicatos españoles y que no aceptaron: “una transición de seis meses nos parecía razonable, tres años no”, sostiene Ernesto Iglesias, responsable de vuelo del sindicato USO.
Los representantes españoles de los TPC de Ryanair califican este acuerdo como una “estrategia de marketing”. Explican que el período de transición a la legislación local que propone Ryanair en Italia –y que los sindicatos italianos elegidos por la propia compañía han secundado– es de tres años, fecha en la que una normativa europea obliga a las aerolíneas a establecer por contrato que sus empleados puedan cotizar a la Seguridad Social en el país donde está establecida su base de operaciones.
Esta ley entró en vigor en 2012 y actualmente se encuentra en un período transitorio de aplicación de diez años, por tanto, los tripulantes de cabina y los pilotos de la compañía podrán cotizar a la Seguridad Social en el país donde se encuentre su base, independientemente del lugar donde se haya firmado su contrato a partir de 2022.
Los contratados posterior a la fecha de entrada en vigor del reglamento ya tienen derecho a cotizar en el país donde trabajan. Aun así, Ryanair se escuda en el período transitorio de aplicación de esta norma europea para seguir aplicando a todos sus empleados la legislación laboral de Irlanda.
El acuerdo en Italia no ha sido suscrito por todos los representantes sindicales de los trabajadores. La empresa ha elegido a los “sindicatos más moderados” para llevar a cabo las negociaciones y ha dejado fuera a Uiltrasporti y a FIT-CGIL, representantes mayoritarios que van a la huelga con el resto de sindicatos europeos el 28 de septiembre, explica un portavoz de SITPCLA.
“El acuerdo demuestra que Ryanair no comprende que los trabajadores prefieren ser representados por sindicatos y no por la administración de la empresa” afirma Ivan Viglietti, responsable de Uiltrasporti.
El convenio con Italia también recoge una una nueva estructura salarial para todas las bases italiana, indemnizaciones por despido y la creación de sistemas de turnos para garantizar el descanso, según ha informado el sindicato Anpav. El jefe de personal de Ryanair, Eddie Wilson califica este acuerdo como “una señal de progreso que sigue la línea de los recientes acuerdos con Irlanda y Reino Unido”.
En España las negociaciones están rotas
Los sindicatos y la compañía irlandesa han retomado las negociaciones sin éxito: “los planteamientos de Ryanair pasan por seguir incumpliendo la legislación española”, indica Iglesias. Añade que en la última reunión “la empresa impidió la entrada de los miembros de las secciones sindicales” y recuerda que el reconocimiento sindical en España “no lo da la empresa, sino los trabajadores en las elecciones”. A pesar de esto, la Dirección General de Trabajo –organismo mediador en este conflicto– ha citado a ambas partes a una nueva reunión el 20 de septiembre.
Tampoco han sido bien recibidas las declaraciones de Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, en una entrevista en Onda Cero, en la que preguntada por este conflicto respondía: “estaremos vigilantes, y haremos lo que esté en nuestra mano para resolver esta situación”. El responsable de vuelo de USO lamenta que Valerio “se inhiba de cualquier responsabilidad y medida activa para que los TCP de Ryanair tengan las mismas condiciones laborales que todos los trabajadores en España”.
Antonio Escobar, portavoz de SITPCLA, critica la actitud del ministerio de Fomento de “mirar hacia otro lado”. “Ryanair incumplió los servicios mínimos cancelando vuelos insulares, vulneró los derechos de los pasajeros y de los trabajadores y no ha habido consecuencias de ningún tipo”, señala ante la falta de noticias sobre las investigaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Inspección de Trabajo.