El Gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a subir las pensiones según el IPC para 2019. Lo que no termina de aclarar ningún miembro del Ejecutivo es si cumplirán su promesa electoral de blindar por ley que las pensiones se suban de acuerdo al incremento de los precios. El mensaje de Bruselas, donde el Gobierno se está esforzando por mostrar buena sintonía es claro: que no se vincule por ley la subida de las pensiones a la inflación.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha vuelto a ser preguntada este viernes tras el Consejo de Ministros: “Este Gobierno considera que es deseable que las pensiones se revaloricen con arreglo al IPC, pero creemos que hay que trabajar por la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo. Es decir, que junto a la revisión del nivel de las pensiones tendremos que ver qué otros ajustes hay que hacer atendiendo a la demografía, al empleo, o a los ingresos para garantizar que el sistema es sostenible. Eso es lo que hace el Pacto de Toledo. Ha habido acuerdo en el incremento en virtud del IPC, pero hay que ver qué se recomienda en otros aspectos. No podemos fijarnos solo en un aspecto. La sostenibilidad de las pensiones no depende solo de cuanto aumenten, sino del resto de elementos del sistema. Todos estamos de acuerdo con el incremento al IPC, pero también en que la mejora pueda mantenerse a medio y largo plazo”.
La ministra abundaba lo que ya había dicho el martes al término del Ecofin en Luxemburgo: “Yo siempre he dicho y es la posición del Gobierno, que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos solo en un parámetro, como por ejemplo la actualización de las pensiones al IPC”.
Calviño afirmaba que “es necesario analizar la sostenibilidad teniendo en cuenta otras variables. Esa aproximación holística o más amplia es la que tiene el Pacto de Toledo, con una aproximación de sostenibilidad a medio y largo plazo para garantizar pensiones dignas no sólo ahora, sino a 20 o 40 años, y ese es el objetivo del Gobierno”.
Unos argumentos parecidos a los que expresaba el ministro Luis de Guindos hace cinco años. El entonces ministro de economía se mostraba partidario de tener en cuenta no sólo el IPC, sino también otras variables para determinar las pensiones futuras, como la evolución demográfica de la población, la tasa de paro, el crecimiento económico o el número de cotizantes. “El objetivo es garantizar la sostenibilidad futura de nuestro sistema público de pensiones”, subrayaba en una entrevista con Europa Press.
“Lo primero que hay que hacer, por tanto, es crecer, para que haya más cotizantes”, explicaba Guindos en marzo en Expansión: “Y luego está la cuestión estructural de la demografía. Somos cada vez más longevos y la fertilidad es la que es, de modo que la base de la pirámide de población se ha ido estrechando. Se han adoptado algunas medidas, como el retraso de la edad de jubilación, que aprobó el PSOE y con el que yo estoy de acuerdo. Pero la sostenibilidad del sistema requiere nuevas iniciativas, y no siempre son populares. La actualización según el IPC que se reclama ahora se puede mirar, pero no es la cuestión fundamental y, en todo caso, debería abordarse dentro del Pacto de Toledo”.
“Mi línea roja es que tenemos que cumplir nuestros compromisos con la UE en términos de déficit público y deuda”, expresaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York. En la misma línea que su ministra de Economía: “Hemos aprendido los límites de la política fiscal y monetaria y la importancia de tener estabilidad presupuestaria y no caer en la inestabilidad financiera”, explicaba Calviño esta semana en Luxemburgo: “Desde ese punto de vista, el Gobierno socialista ha manifestado su voluntad de guiar la política fiscal sobre dos premisas: disciplina presupuestaria y políticas sociales, y creemos que es posible y es lo que nos están recomendando los organismos internacionales desde hace tiempo. Esa orientación social y un sistema fiscal más justo tiene que ser compatible con mantenernos en la senda de reducción del déficit y la deuda pública”.
En ese sentido, la sintonía con las instituciones europeas, donde ha trabajado Calviño hasta ser nombrada ministra es total, como se ha visto con el pulso con Italia, y por eso complica que el Gobierno acabe aprobando por ley que las pensiones suban tanto como el IPC, porque lo que la Comisión Europea piensa sobre el sistema de pensiones español es que “las reformas de 2011 y 2013”, las que eliminaron la vinculación por ley de las pensiones al IPC, “ayudaron a asegurar la sostenibilidad y adecuación relativa de las pensiones a largo plazo”.
El Fondo Monetario Internacional abogó esta semana por mantener el espíritu de las reformas de las pensiones y evitar un incremento de las pensiones vinculado al IPC por Ley salvo que se añadan otros factores que aseguren la sostenibilidad del sistema de jubilación.