Sumar ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional para exigir al Banco de España que facilite información, banco a banco, sobre cuánto dinero público se les ha transferido en 2022 y 2023 por depositar su reservas en el Banco de España.
Su portavoz de Economía y Hacienda, Carlos Martín Urriza, ya adelantó en el Congreso de los Diputados en mayo que el grupo parlamentario iba a demandar a la institución por no hacer públicas las ganancias de las entidades bancarias gracias al denominado sistema de “facilidad de depósito”.
En 2023, según recoge Sumar, los bancos ganaron por esta vía 8.000 millones de euros, lo que representó el 65% de sus beneficios en España. En cambio, como resultado, el Banco de España registró pérdidas en su cuenta de resultados que fueron compensadas con provisiones. La derivada fue que el ingreso de 2.000 millones que el Banco de España suele hacer anualmente en el Tesoro procedente de sus beneficios se redujo a cero y eso, apunta la formación, supuso un importante menoscabo en las posibilidades de financiar políticas públicas.
En concreto, durante el último ejercicio, el banco central transfirió 7.805 millones de dinero público a las entidades españolas por su “exceso de efectivo”. Esta remuneración del efectivo 'aparcado' es consecuencia de la subida de los tipos de interés oficiales del BCE desde julio de 2022, pero se desconoce el detalle sobre cuánto se lleva Santander, cuánto BBVA o cuánto Caixabank. Y saber esa cifra es lo que persigue esta actuación de Sumar.
El registro, añade, supone un paso más en el procedimiento iniciado en el mes de mayo por el grupo parlamentario plurinacional de Sumar, que tiene por objetivo de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública recogido en la Constitución.
Denegación de datos
La demanda presentada por Sumar explica que esta llega después de la “denegación material, dictada por el Banco de España con fecha 10 de junio de 2024, de una Solicitud de datos, formulada el 10 de mayo de 2024, recabando la cantidad pagada por el Banco de España a las entidades de crédito en los años 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de depósito”.
También, que la “respuesta del Gobernador del Banco de España”, entonces Pablo Hernández de Cos, de denegar estos datos requeridos durante una Comisión en el Congreso de los Diputados “ha vulnerado el derecho fundamental de los parlamentarios a obtener información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Constitución”.
La demanda también recoge que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) especifica en una sentencia de 19 de junio de 2018 que no posee carácter de información confidencial aquella que tiene carácter público o cuya divulgación no puede dañar los intereses privados de la empresa o el correcto funcionamiento del sistema de control de las actividades bancarias. También, que de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, el Banco Central Europeo no puede basarse en una “presunción general de confidencialidad” para denegar el acceso a información relativa a su labor de supervisión.
Por otro lado, cita que la información solicitada no puede dañar, siquiera hipotéticamente, los intereses privados de los bancos depositantes.
Además, argumenta que “tras el análisis de las últimas memorias publicadas por los bancos cotizados españoles, se observa que algunos de ellos han publicado de forma voluntaria, aunque no estandarizada, la información solicitada al Banco de España sobre los ingresos que perciben de las facilidades de depósitos a nivel nacional y UE”.
Por ejemplo, enumera que Bankinter desglosa que sus ingresos por intereses de depósitos en el Banco de España pasaron de 97,6 millones de euros en 2022 a 375,3 millones de euros en 2023; O Caixabank cifra los ingresos por intereses de depósitos en los diferentes Bancos Centrales, que pasan de 358 millones de euros en 2022 a 1.410 millones de euros en 2023.