El Tribunal de Cuentas archiva un expediente a una empresa administrada por el marido de su secretaria general
El Tribunal de Cuentas archivó hace algo más de año y medio un expediente por posible mal uso de fondos públicos que afectaba a una empresa administrada por el marido de la secretaria general del órgano fiscalizador, Ana Puy.
El expediente se abrió tras una denuncia ante el Tribunal de Cuentas presentada en octubre de 2012, semanas después del nombramiento de Puy como secretaria general. La denuncia afectaba a la extinta Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM), de la que entonces era consejero el marido de Puy, el financiero Carlos Rodulfo. De 60 años, Rodulfo representaba en la EMSFM a su entonces accionista Funespaña, de la que es consejero desde septiembre de 2007.
El Tribunal de Cuentas niega que Puy haya incurrido en ningún conflicto de interés en este expediente, ya que no participó en él. Añade que, en fecha indeterminada, su secretaria general (alto cargo del organismo) “hizo la comunicación” sobre su relación de parentesco con Rodulfo y la vinculación de este con Funespaña y su filial.
La denuncia ante el Tribunal de Cuentas acusaba al entonces gerente de la EMSFM y fundador de Funespaña, Juan Antonio Valdivia, de graves irregularidades en esa empresa mixta. Entre otras, autocontrataciones “a dedo” para sus propias empresas de ataúdes, mármoles, servicios de seguridad y obras para los cementerios de Madrid. Por esos hechos, Valdivia está imputado en un juzgado de Madrid tras ser denunciado por la Fiscalía a finales de 2012, como informó El Confidencial. Valdivia fue vicepresidente ejecutivo de Funespaña hasta el 29 de diciembre de 2014. Dimitió tras vender sus acciones a Mapfre, la mayor aseguradora de España, que desde 2011 es la principal accionista de Funespaña.
La denuncia ante el Tribunal de Cuentas aseguraba que, pese a no recibir subvenciones, la EMSFM estaba sujeta a la jurisdicción del órgano fiscalizador. El denunciante entendía que la gestión de Valdivia había causado daños objetivos a la empresa mixta y al propio Ayuntamiento.
El Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas no lo vio así. El “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica” del sector público, como lo define la Constitución Española, ha denegado información alguna sobre el expediente a eldiario.es, pero los documentos a los que ha tenido acceso este medio muestran que el órgano fiscalizador se limitó a abrir diligencias preliminares y no cuantificó el daño causado a la empresa municipal. El archivo definitivo se produjo el 26 de febrero de 2015.
Según el acta de liquidación provisional de noviembre de 2014, el delegado instructor concluyó que las presuntas irregularidades eran “competencia de otros Órdenes Jurisdiccionales”. No apreció “un efectivo menoscabo material de los fondos públicos” dado el “carácter netamente privado del giro mercantil de la empresa mixta”. La EMSFM tenía entonces mayoría de capital público. El Ayuntamiento de Madrid controlaba el 51% y Funespaña, el 49% restante, aunque la gestión correspondía al socio privado.
“Absoluta independencia”
El Tribunal de Cuentas insiste en que Puy no participó en ningún momento en ese expediente porque no está en sus funciones. “La Secretaría General no tiene participación alguna en los procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que se tramitan en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal. Los/as Consejeros/as actúan como auténticos jueces, con absoluta independencia, y cuentan con sus propios secretarios judiciales”, resume.
De 56 años y perteneciente al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, Puy es funcionaria del organismo desde 1995 y es la mano derecha del presidente, Ramón Álvarez de Miranda. Cuñada de Gonzalo Ferre, presidente de Adif hasta el mes pasado, antes de ser nombrada secretaria general del Tribunal de Cuentas (entre 2001-2012) fue directora técnica del Departamento 7 del organismo, que fiscaliza las entidades locales (como los ayuntamientos). Poco antes de su nombramiento en su actual puesto, reivindicaba en un artículo en El País “la importancia de la transparencia en la gestión empresarial” y municipal.
Según la web del Tribunal de Cuentas, la secretaría general se ocupa del “adecuado ejercicio de las competencias gubernativas del Presidente del Tribunal, del Pleno y de la Comisión de Gobierno en todo lo relativo al régimen interior”. Le corresponden “las atribuciones de gestión, tramitación, documentación y registro de los asuntos de la competencia del Presidente, del Pleno y de la Comisión de Gobierno. El Secretario General ejerce las funciones de secretario del Pleno y de la Comisión de Gobierno, con voz pero sin voto”.
Históricamente, la EMSFM y el Tribunal de Cuentas han tenido una relación conflictiva. Un informe aprobado en enero de 1998 por el órgano fiscalizador denunció el escándalo de la privatización parcial de la funeraria municipal de Madrid en favor de Funespaña en 1992, por 100 pesetas de la época y con el popular José María Álvarez del Manzano como alcalde. El caso acabó en el Tribunal Supremo.
La vinculación del marido de la actual secretaria general del Tribunal de Cuentas con Funespaña viene de muy atrás. Rodulfo fue nombrado vocal “independiente” en septiembre de 2007, con Juan Antonio Valdivia (el acusado en la denuncia) como vicepresidente y consejero delegado de Funespaña. Por esas fechas, Rodulfo pasó a representar también a la empresa en la EMSFM, entre otras filiales del grupo.
Funespaña no era una desconocida para Rodulfo, que ya fue consejero de la empresa (constituida en 1990) antes de que saliera a Bolsa en diciembre de 1998. Representaba a la firma de inversiones AB Asesores, de la que entonces era socio. Desde mayo de este año, Rodulfo es miembro de la comisión Ejecutiva de Funespaña, la más importante.
“Yo desde luego no tengo ningún tipo de conflicto de interés con nadie”, dice Rodulfo, que en los últimos cinco años ha cobrado de Funespaña 155.417 euros por sus funciones como consejero, según consta en la CNMV. Funespaña, la primera empresa en España de un negocio que mueve unos 1.500 millones de euros al año, no ha hecho comentarios sobre este asunto.
Rodulfo ha sido vocal de la EMSFM hasta que el pasado 15 de septiembre esa sociedad mixta cesó su actividad y entró en liquidación tras pasar todo su activo al ayuntamiento. El consistorio la ha remunicipalizado tras más de dos décadas de polémica gestión público-privada y acusa a Funespaña de lucrarse con la concesión sin atender las inversiones. Por su parte, Funespaña pide una compensación millonaria y ha llevado al consistorio a los tribunales.
