Imperium Servicios Globales SL, empresa de limpieza y vigilancia creada a finales de 2014 por Jaime José Martínez-Bordiú Aznar, joven empresario vinculado a la familia del dictador Francisco Franco, ha cambiado de manos poco después de garantizarse ingresos de 244.000 euros como proveedor de la Guardia Real, el cuerpo militar encargado de proteger al rey Felipe VI y al resto de la Familia Real.
El pasado 4 de enero, un año después de convertirse en contratista de la Guardia Real, Martínez-Bordiú Aznar dejó de ser el administrador y socio único de esa firma. El 100% de sus acciones, según el Registro Mercantil, pasó a manos de Samuel Manjón Taboada, administrador de varias empresas del sector de la limpieza, la construcción y los servicios de conserjería en Madrid.
Imperium también ha trasladado su domicilio social desde la mansión familiar de los Martínez-Bordiú en la urbanización de Casa Quemada (Madrid), a las puertas del Monte de El Pardo, hasta un local comercial en un edificio de viviendas en Coslada, al este de la capital, donde se ubican algunos negocios de Manjón.
Este diario ha intentado contactar sin éxito con el nuevo propietario y administrador único de Imperium Servicios Globales, que comparte nombre y apellidos con el candidato número 11 en la lista para Madrid del Partido de los Mayores y Autónomos (PDMA) en las elecciones municipales de 2011, cuyo número uno era el octogenario exgeneral franquista Manuel Fernández-Montón Altolaguirre. En esos comicios, el PDMA cosechó 1.671 votos (0,11% del total). Quedó detrás de Falange Española.
Martínez-Bordiú Aznar, que preguntado por esta operación no ha querido hacer declaraciones y que en su LinkedIn todavía se define como “director fundador” de Imperium, logró que su empresa se adjudicase el 3 enero de 2018 el servicio de limpieza de las dependencias de la Guardia Real en El Pardo y el Palacio de la Zarzuela, la residencia de los reyes de España, por 121.777 euros (más IVA). Ese importe fue finalmente ampliado hasta los 244.000 euros, tras la prórroga del servicio en agosto pasado. El contrato, cuya factura paga el Ministerio de Defensa, todavía está vigente y expira el 31 de mayo.
Un 0,33% más barata
Imperium se estrenó como contratista del sector público por una diferencia de solo el 0,33% con respecto a la propuesta de la segunda oferta más barata (458,72 euros de diferencia), procedente de una empresa con más de 30 años de experiencia, 8.000 empleados y varias multinacionales entre sus clientes. El precio (salvo empate) era el único criterio de adjudicación.
La adjudicación motivó una pregunta parlamentaria de ERC pidiendo explicaciones al Ministerio de Defensa, dada la escasa experiencia de la empresa. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se limitó a responder en mayo del año pasado que “el Gobierno cumple de forma estricta con la Constitución y todo el ordenamiento jurídico, incluidas las normas aplicables en materia contractual”.
Cuando se adjudicó ese contrato, las últimas cuentas presentadas por Imperium eran las de 2016, que reflejaban 47.165,15 euros de ventas, 5.392,44 euros de beneficio y cinco empleados. Las de 2017, presentadas con posterioridad a la adjudicación, mostraban un fuerte incremento de la facturación (se quintuplicó, hasta 253.331 euros), pérdidas de 3.999 euros y 23 empleados al cierre del ejercicio.
Imperium se constituyó el 5 de noviembre de 2014 y en su web, que no ha modificado tras su cambio de propietario, administrador y sede, dice prestar “servicios integrales para empresas, comunidades de propierarios [sic] y particulares”. Su objeto social es ofrecer “servicios auxiliares, de conserjería, controladores, acompañamientos V.I.P., cuidado de mascotas, limpieza general de edificios así como de limpieza industrial, actividades de jardinería, reformas en general” y mantenimiento de comunidades.
Su ya ex socio único está emparentado con los Franco por vía paterna y por vía materna, con los dueños de la naviera Aznar. Martínez-Bordiú es sobrino de Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol (expresidenta del Círculo de Empresarios) y sobrino nieto de Carmen Franco, la única hija de Franco, que falleció a los 91 años el 29 de diciembre de 2017. Cinco días después, la empresa se estrenó como contratista del Estado y ahora ha cambiado de dueño.