Victoria contra un gran propietario: 140 familias recuperan el dinero tras una subida ilegal del alquiler

A falta de que el Congreso apruebe finalmente la Ley de Vivienda, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha avanzado que bajo ningún concepto declarará parte alguna del territorio madrileño como “zona tensionada”, paso necesario para limitar la subida de los alquileres, según la norma en trámite. De modo que familias como las 140 que acaban de doblegar a unos multipropietarios que pretendían elevar por encima del IPC los precios de sus pisos tendrán que seguir confiando en la resistencia colectiva como forma de conservar sus viviendas, ante la amenaza de futuras alzas.

De momento, acaban de conseguir que los caseros asuman que los alquileres no podían subir este año por encima del 2%, en virtud de la moratoria establecida por el Gobierno estatal, y han cobrado en conjunto 25.000 euros pagados indebidamente.

Los vecinos han recuperado una media de 175 euros por contrato, tras empezar a recibir burofaxes en septiembre comunicando las subidas por parte de las sociedades Hice, Caspima y Casvoz, vinculadas a la familia Castro Lomas, dueña de las promociones, situadas en zonas de creciente especulación inmobiliaria como Madrid Río, Puerta del Ángel y la Avenida de Valladolid de Madrid.

Cuando algunos inquilinos respondieron que la decisión era ilegal, los dueños llegaron a alegar que la restricción era “socialcomunista” y no cabía respetarla. Siete meses después, han acabado cediendo. La familia Castro Lomas ha rechazado responder a las acusaciones de los vecinos, según responde la secretaria que atiende al teléfono del domicilio social.  

La victoria ha sido parcial. “El 15% se han ido”, explica Pilar Cienfuegos, que atiende a los medios junto al parquecito junto a la fachada del edificio en el Paseo de la Chopera, un bloque de los años 60 en un estado de mantenimiento bastante mejorable, al que ya se le han desprendido trozos que, por fortuna, cayeron sobre el parque de madrugada. Desde ese lugar señala hoy que los propietarios aceptaron paralizar la subida a regañadientes, y prometiendo no renovar los contratos a los díscolos cuando expiren.

El Sindicato de Inquilinas, muy activo en la organización de los residentes, pretende evitarlo. “Esto es como con Blackstone”, explica uno de sus portavoces, al hilo de las subidas generalizadas en las propiedades gestionadas por el fondo de inversión.

Viviendas modestas y sin amueblar

Los hogares no son especialmente lujosos, asegura Ramón Senra, que se negó a pagar la subida y decidió consignar estrictamente el 2% permitido por la moratoria. “Son pisos sin amueblar, sin electrodomésticos, construidos casi sin cimientos, donde se oye todo”, se queja.

Como él, los que protestaron se exponen ahora a la amenaza de los dueños, que les han comunicado que, así como sus contratos expiren, las subidas pasarán a ser del 60%. Al menos uno de los pisos que se vaciaron ante las primeras amenazas ya figuran en portales de anuncios inmobiliarios por precios muy superiores a los originales. “Uno de 900, a 1.700 en idealista”, asegura Cienfuegos.

La ley actual no restringe las subidas al término del contrato, una vez terminadas las prórrogas legales, y aunque se suele asociar su aplicación a los fondos de inversión, son habituales también entre pequeños propietarios, según recuerda el Sindicato de Inquilinas.