El procedimiento de la segunda oportunidad, al alcance legal de los más endeudados

El sistema económico en el que vivimos nos expone a crisis cíclicas que, a veces, nos impiden pagar las deudas que habíamos contraído con los bancos cuando teníamos un nivel adquisitivo prometedor en concepto de hipotecas, créditos para coches o préstamos para otras adquisiciones.

Es el mismo sistema consumista y financiero que incita a adquirir créditos y que aboca a muchas personas a gastar más de lo que su exigua nómina da de sí para cubrir tanto necesidades tan básicas tal que la vivienda, los suministros y la comida o la ropa, como otras satisfacciones como un buen coche, unas vacaciones u otros caprichos que todos merecemos pero, a veces, no nos podemos permitir sin correr riesgos.

El optimismo de que todo siempre seguirá en la misma línea y la falta de visión financiera lleva a muchos a acabar pagando créditos con créditos. Y si los bancos ya cobran bastantes intereses, las empresas de microcréditos llegan a sobrecargar hasta un 7.500% de interés, lo cual sumerge a sus víctimas en un bucle infinito y en una desesperación que les lleva a la ansiedad y a la depresión.

Pero hete aquí que ahora existe una ley de segunda oportunidad que permite a los abogados tramitar un procedimiento legalmente para conseguir un posible acuerdo extrajudicial, y si ello no es posible, obtener la cancelación de la totalidad de las deudas. Lo cual permite a estos ciudadanos volver a ver la luz, aprender a reorganizar su economía doméstica, controlar mejor sus gastos y comenzar una nueva vida desde cero.

¿Cómo se gestiona este procedimiento?

Lo primero que tiene que hacer el cliente es ponerse en contacto con un abogado especialista como los de Atena, que propondrán ante notario, extrajudicialmente, una forma de pago de las deudas sin intereses en un plazo máximo de 10 años.

En el mismo momento de la firma ante notario, ya se paralizan los intereses, los procedimientos judiciales y las ejecuciones (excepto hipotecas y créditos públicos), de modo que ya es tiempo ganado para el deudor.

El notario nombrará un mediador concursal (en el propio bufete ya están titulados para ello) que sugerirá asimismo una quita o perdón de un porcentaje de la deuda y una espera de máximo 120 meses teniendo en cuenta los ingresos y gastos del solicitante.

Los acreedores o prestamistas son convocados a una reunión en la que deben votar la propuesta y si el 75% de ellos vota a favor, se aprueba el convenio y se acaba el procedimiento.

¿Y si no aceptan el trato?

Eso sería lo más conveniente y ágil para todos, puesto que si no aceptan este trato, que es lo que venían haciendo las entidades financieras hasta ahora, todavía queda una carta legal sobre la mesa: Se remitirá el expediente al Juzgado y se inicia lo que se denomina un concurso consecutivo (es un concurso de acreedores de persona física), que concluirá con el perdón de las deudas.

Durante el procedimiento judicial del mismo, el mediador concursal se transforma en administrador concursal, es decir, pasará a controlar los ingresos y gastos bajo unos criterios establecidos por la ley y en función de lo que cobre y gaste el deudor.

Su labor será liquidar sus bienes personales, si es que los tiene, con algunas excepciones como los vehículos que se utilizan para trabajar o la vivienda habitual si está hipotecada con una hipoteca igual o superior al valor del piso.

Una vez liquidados los bienes, o si no los hubiera, se dicta auto de liquidación y se puede solicitar el BEPI (la condonación de todas las deudas, a excepción de parte de las deudas con organismos públicos), siempre y cuando el deudor cumpla una serie de requisitos. A saber: no tener antecedentes penales por delitos económicos, haber intentado la mediación, tener buena fe y colaborar con el administrador concursal.

Es de prever que cualquier persona que tenga de repente y por fin la opción de saldar sus deudas ofrecerá colaboración con toda su buena fe con tal de salir de esa espiral de desesperanza. Si es tu caso, cuidado con confiar en cualquiera sin credenciales, es fundamental tener en cuenta que hay ‘organizaciones’ que van a la caza de estas víctimas del endeudamiento, así que lo más recomendable y seguro es acudir a profesionales del Derecho especializados en este tipo de procesos.