La discapacidad no implica baja cualificación
La integración laboral que tantas veces asoma por 'Inspira' es materia regulada por las leyes españolas. Da la impresión, en ocasiones, de que incorporar a una persona con diversidad funcional a una empresa es cuestión de altruismo o caridad. Y no es así. Se trata de un asunto de justicia social que el Estado ampara.
Otra cosa es que las normas no sean fáciles de interpretar o resulten farragosas. O que las empresas se topen con dificultades para hallar personas con este perfil que se amolden al tipo de trabajo que necesitan llevar a cabo. Porque, como se dice más arriba, la finalidad no es hacer un hueco bienintencionado sino cubrir un puesto útil.
La Lismi (que proviene de 1982 y cuyo título no es precisamente el más acertado): Ley de Integración Social de Minusválidos, establece que el 2% de las plantillas de las empresas –públicas y privadas– con 50 trabajadores o más estén compuestas por discapacitados. El objetivo de la más reciente, la Ley de Igualdad, no discriminación y accesibilidad universal, Liondau, de 2003, es instituir medidas para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y castigar la discriminación.
En ese contexto y con la idea de aunar la legalidad, las necesidades de las empresas y la integración laboral de diversos funcionales, actúa una consultora específica: Zauma. Un emprendimiento para “facilitar a las compañías el cumplimiento definitivo de la Lismi”, resumen. El equipo de consultores, “con discapacidad”, trabaja para crear un plan con el que las empresas adapten sus plantillas a la exigencia legal. Según sus datos, “sólo el 30% de las compañías lo hacen”.
La manera de trabajar de este centro es “con proyectos de cumplimiento de la ley a tres o cinco años”. En fases previas a la contratación, en la propia elección de los trabajadores y con un seguimiento posterior. La clave, según explican, se halla en encontrar “el mejor puesto para cada perfil y el perfil idóneo para cada puesto”. Cuando Zauma colabora con una empresa, se centra en la consultoría para la contratación de profesionales con discapacidad, en la adaptación de oficinas y puestos de trabajo para personas con movilidad reducida y discapacidad sensorial, en llevar a cabo campañas de sensibilización para gestores y equipos dentro de las plantillas e incluso en asesorar a los empleados sobre conciliación familiar y laboral.
La directora general, Carol Carrillo, ha señalado que muchas empresas tienen la falsa creencia de que “es imposible encontrar profesionales con discapacidad altamente cualificados”. Y este proyecto es lo que viene a desmontar. Carrillo, que fue elegida entre el Top 100 de Mujeres & CIA, sintetiza su acción con este pensamiento: la incorporación de estos colectivos es “un valor de las empresas hacia el talento”.
