Un estudio plantea que Extremadura debería cobrar por ser un sumidero de CO2 de Europa

Extremadura se ha convertido en “el gran pulmón de Europa”, aunque no rentabiliza su elevada contribución ecosistémica, según un estudio de la Universidad de Extremadura (UEX), que plantea que se deberían recibir fondos “por ser el principal sumidero de CO2 del continente”.

El estudio, que ha dirigido el catedrático Julián Mora Aliseda y en el que participan varios miembros del Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible y Planificación Territorial (DESOSTE) de la UEX, recoge que la superficie de bosque va ganando terreno y se abandonan las tierras agrícolas menos fértiles.

Pérdida de población

Este proyecto, que refleja que Extremadura ha perdido 45.000 habitantes en lo que va de siglo, está analizando pormenorizadamente los cambios paisajísticos y territoriales de la Comunidad Autónoma durante estos últimos 19 años.

Durante este siglo en lo que respecta a su población, los principales municipios se encuentran en una fase de estancamiento demográfico con tendencia a la pérdida de habitantes y cita casos “tan llamativos” como que han dejado de ser ciudades, al tener menos de 10.000 habitantes, enclaves como Trujillo, Jerez de los Caballeros o Miajadas.

También califica de significativo que 4.100 personas abandonen casa año la región para encontrar oportunidades laborales, a lo que se suma el pronunciado envejecimiento de la población, y señala que las previsiones son que en 2040 tendrá la región los mismos habitantes que los que tenía en 1870.

Viviendas vacías

Otro aspecto relevante es el elevado número de viviendas vacías repartidas por las dos provincias, donde hay unas 120.000 viviendas sin ocupar y más de 16.000 inmuebles han entrado en esta categoría a lo largo del periodo de estudio de este proyecto de la UEx.

Según el estudio, el aumento de la superficie forestal en detrimento de las tierras de cultivo también resalta en el perfil territorial extremeño, ya que han experimentado un descenso del 14 por ciento en las dos últimas décadas.

En este hecho influye “la baja productividad del secano y los ridículos precios de los productos agrarios” que, junto al “galopante envejecimiento”, ha provocado el abandono paulatino de la superficie cultivada y que “el matorral haya ido ganando metros”.

Según Mora Aliseda, Extremadura está ganando superficie forestal desde 1992, entre otros motivos por la Política Agrícola Común dictada desde Bruselas, lo que hace que en la actualidad el 70 por ciento de su suelo lo conforma el bosque y el pastizal.

A su juicio, estas cifras “hablan de Extremadura como la región más verde y la cuarta más boscosa de España”.

Abandono de tierras

El estudio incide en que el abandono de las tierras más fértiles está generando también pérdida de muchas especies de fauna y flora con el consiguiente deterioro de la biodiversidad, y el que no se labren las tierras incluso provoca el olvido de muchos usos y costumbres ancestrales ligadas al trabajo en el campo.

Para Mora Aliseda, el denominado “impacto ecológico” que azota el planeta “es altamente positivo” en el caso de Extremadura, ya que de sus 41.634 Kilómetros cuadrados de extensión, “casi tres cuartas partes es superficie verde, de bosques y pastos”, con 630 millones de árboles (550 árboles por cada habitante, muy por encima de la media española, europea y mundial).

Por el contrario, la superficie artificial, que incluye embalses, líneas férreas, carreteras y núcleos urbanos, solo representa el 1 por ciento del territorio.

Por todo ello, considera que Extremadura se erige en una “región sumidero de CO2”, que absorbe cada año el equivalente a todas las emisiones de los coches que circulan por la Unión Europea, Rusia y Japón, y se pregunta qué recibe por ello.

Mora Aliseda asegura que “si no nos podemos desarrollar pero somos los que más contribuimos a mantener el medio ambiente deberíamos empezar a plantearnos políticas que reivindiquen el cobro de los servicios ecosistémicos prestados”.

Para él, “esta sería la gran oportunidad de Extremadura”, que acuña el principio de “quien conserva que cobre”, ya que está en la propia legislación europea pagar por contaminar.