Democracia es votar, pero no es solo votar

Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también que los legisladores respeten la ley, los derechos de la minorías y los procedimientos parlamentarios. Y por eso el Parlament catalán no puede abolir la Constitución y el Estatut en una votación exprés, incumpliendo hasta el propio reglamento de la Cámara y con una mayoría de diputados que ni siquiera bastaría para modificar la ley electoral o nombrar al presidente de TV3.

Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también dialogar, fomentar la convivencia y gobernar para todos, no solo para los que te votaron. Y por eso ha sido tan nefasta como irresponsable la actitud del presidente Mariano Rajoy, que ha ignorado durante más de un lustro el problema que él mismo provocó por motivos electoralistas con el primer referéndum ilegal: su recogida de firmas contra el Estatut de Catalunya. El tijeretazo del politizado Tribunal Constitucional a ese acuerdo de convivencia que había sido refrendado por el Parlamento catalán, por el Parlamento español y por los catalanes en las urnas es el origen este trágico desgarro.

Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también que las personas confíen en las instituciones que votan. Y por eso es tan corrosivo para la credibilidad de la democracia española que quienes defienden el cumplimiento de la ley sean un presidente cuyo partido se financió ilegalmente desde que se fundó, un fiscal general del Estado reprobado por la mayoría absoluta del Congreso, una policía donde anidó una brigada política contra los rivales del Gobierno y un sistema judicial donde las injerencias del poder político son tan evidentes como constantes.

Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también el respeto por los procedimientos legales. Y por eso el Gobierno de Rajoy no puede intervenir una autonomía –su presupuesto, su policía– sin aplicar formalmente el artículo 155 de la Constitución, sin un requerimiento previo al presidente autonómico y sin una votación en el Senado por mayoría absoluta. La ley se debe defender desde la ley, y obliga a todos. También al fiscal general del Estado, que debería saber que la Fiscalía no puede detener ni interrogar a ningún alcalde sin el permiso de un juez cuando el caso está ya judicializado.

Democracia es votar, pero no es solo votar. Democracia es también libertad de expresión y reunión, incluso para discrepar de la propia ley o del modelo de Estado. Y por eso es tan preocupante el auto del reaccionario juez Yusty contra el acto por el derecho a decidir en Madrid, o que el Partido Popular recurra a la justicia o a la delegación del Gobierno para prohibir estas manifestaciones y amenazar a quienes en ellas participan.

Democracia es votar, pero no es solo votar. Es también hacerlo con garantías y normas claras. Y eso no ocurrirá el 1-O: porque los partidarios del 'no' se quedan fuera, porque no hay mesas electorales independientes elegidas por sorteo público, porque el referéndum no cuenta con la más mínima apariencia de imparcialidad y es una votación de parte.

Democracia es votar, pero no es solo votar. Y quienes no votaron en las últimas autonómicas o quienes no votarán el 1-O tienen también sus derechos, que no se pueden quebrar con la fuerza del 47,8% de los votos que lograron JxSí y la CUP. El Govern de la Generalitat tiene respaldo más que suficiente para gobernar Catalunya y para reivindicar un referéndum, pero una mayoría absoluta parlamentaria no da derecho a un poder absoluto.

Democracia no es solo votar, pero también es votar. Y la única solución estable y definitiva para esta crisis de Estado solo puede pasar por las urnas: por una reforma constitucional que consiga el apoyo mayoritario de los catalanes y restaure el pacto de Catalunya con España o, en su defecto, por un referéndum de autodeterminación acordado, con garantías y normas claras.

La ley, la justicia y un aparato coercitivo a su servicio que ejerza el monopolio de la violencia son imprescindibles para todos los países democráticos; no hay ninguno capaz de sobrevivir en su ausencia. Pero el Código Penal, los jueces y la policía no son la única respuesta que debe dar la democracia ante conflictos políticos. No se puede encarcelar por sedición a dos millones de catalanes, salvo que España renuncie a ser una democracia.