“Casos aislados” de lesa humanidad

"El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante. Pero el que la conoce y la llama mentira, ¡ese es un criminal!..."― Bertolt Brecht

No existe ningún elemento para pensar que detrás de los robos de bebés haya existido “un plan sistemático”, “motivaciones políticas” o algún tipo de “organización”. Estamos ante “casos aislados” y, por tanto, no podemos hablar de delitos de lesa humanidad, vino a afirmar el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la reunión que mantuvo con los eurodiputados que visitamos Madrid hace unos días en el marco de la misión de investigación del Parlamento Europeo sobre la trama de los niños robados.

Si bien son ya de sobra conocidas las reticencias y obstáculos de la Fiscalía a las investigaciones de casos de corrupción ligados al Partido Popular –también calificados como “casos aislados” a pesar de los numerosos y sonados casos de miembros del PP investigados–, en esta ocasión Maza intentaba justificar así su inacción ante un robo masivo –entre 30.000 y 300.000– de bebés y niños en España, desde los años cuarenta hasta mediados de los noventa.

“Las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos demostrado anteriormente en otros trabajos y la comprobación de nuestras hipótesis tiene una enorme transcendencia política y social. Si de preferencia militan en el marxismo psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría librar a la sociedad de plaga tan terrible”. Esta es una de las principales conclusiones del Gabinete dirigido por Antonio Vallejo-Nájera, el jefe de los servicios psiquiátricos militares de la dictadura franquista, y que serviría de sustento pseudocientífico e ideológico para la orden ministerial del 30 de marzo de 1940 y la posterior Ley de 4 de diciembre de 1941 sobre inscripción de niños repatriados y abandonados, ley que daba cobertura legal y promovía desde las entrañas fascistas del Gobierno franquista el robo masivo de niños para ser entregados a familias leales al nacionalcatolicismo, con la indispensable colaboración y complicidad de la Iglesia católica.

La existencia de un plan sistémico, la organicidad y la responsabilidad de los poderes públicos ante la trama de los niños robados es clara. Así lo han entendido todas las instituciones internacionales que han investigado el tema, incluido el Consejo de Europa, que en 2006 aprobó una resolución internacional de condena de los crímenes del franquismo que hablaba de las víctimas de la trama de los niños robados como “parte de las víctimas del franquismo” y los definía como “niños enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba a su familia republicana como inadecuada para su formación”.

Y también el Parlamento Europeo que, a pesar del voto en contra de la extrema derecha y del Partido Popular, aprobó en 2013 un informe que incluía un llamamiento a prestar “una atención especial al derecho de las familias víctimas del régimen franquista a la memoria histórica, a la verdad, a la justicia, a una indemnización, así como al derecho de los niños secuestrados en España a conocer la identidad de sus padres biológicos”.

Por tanto, es importante dejar claro que, cuando hablamos de los niños robados, estamos hablando de un ejemplo más de las atrocidades cometidas por el franquismo. Es importante entender que estamos ante un crimen de lesa humanidad, imprescriptible y con responsabilidad directa del Estado español. Pero también, vista la dejadez del Gobierno, la falta de investigación por parte de la Fiscalía y el abandono que sufren las víctimas, que estamos ante un ejemplo más de cómo la Transición fue un cierre en falso de la dictadura.

Una Transición que, al estar basada en el silencio y la impunidad con una Ley de Amnistía convertida en un agujero negro donde esconder graves violaciones de derechos humanos, imposibilita el derecho de todas las víctimas de la trama de los bebés robados –como al resto de víctimas del franquismo–, a la verdad, la justicia y la reparación, y nos condena a todas a poder ser víctimas en el futuro al no cumplirse esas condiciones mínimas que establece la ONU como garantías básicas para la no repetición.

Ese silencio e impunidad permitió que lo que un principio nació como una incruenta forma de represión a través de la desaparición sistémica de bebés se convirtiera con el paso de los años en un negocio lucrativo.

La misión de investigación en la que participamos la semana pasada –y que fue posible a pesar del rechazo y la actitud mezquina del PP y de sus eurodiputados, que, una vez aprobada, intentaron cambiarle el nombre para que se hablara de bebés “perdidos” y no robados– es consecuencia directa de la inacción y el silencio del Estado español y de la Iglesia católica.

Pero también es el resultado de la persistencia y el trabajo sin descanso de las asociaciones y las víctimas que, a través de decenas de peticiones al Parlamento Europeo, no han dejado de denunciar la violación de derechos fundamentales a la que se ven sometidos por parte del Estado español. Desde derechos generales, como la inviolabilidad de la dignidad humana, a más concretos, como la violación del derecho a una tutela judicial efectiva o la negación de acceso a información de carácter personal (art. 74 y 8.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE).

Ante estas vulneraciones, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad subsidiaria frente a un Estado que no cumple derechos fundamentales. De nada nos sirve una UE que impone recortes y privatizaciones, que obliga a cumplir la regla del déficit, pero que se abstiene y se declara impotente e incompetente a la hora de intervenir frente a violaciones de derechos fundamentales.

El reconocimiento de la condición de víctimas del franquismo, la creación de un verdadero banco de ADN, el acceso efectivo a la justicia, una investigación en profundidad por parte de la Fiscalía con la creación de un fiscal especial para la trama de los niños robados o la apertura de los archivos del Estado y de la Iglesia. Cumpliendo con las recomendaciones que salgan de esta misión, el Gobierno tendrá la oportunidad de responder ante la UE con algo más que con el silencio y la mentira como ha hecho hasta ahora.

Asumir responsabilidades desde el Estado y pedir perdón, como se ha hecho en Australia. O seguir el ejemplo de la actuación del anterior Gobierno de Argentina respecto a los niños robados en la dictadura de Videla –un ejemplo que desde el Ministerio de Justicia español afirman no conocer–, pueden ser unos primeros pasos para conseguir que se conozca la verdad sobre una de las atrocidades cometidas por el franquismo y sus herederos, cuya no repetición no estará garantizada hasta que no se cumpla el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.