No hay PAC para señoritos

El pasado 28 de Marzo, eldiario.es titulaba: La UE reparte 250 millones en subvenciones agrícolas entre 60 ricos españoles. Las redes, la prensa y las tertulias se incendiaron. Y es normal: la Política Agrícola Común (PAC) no tendría que ser el reparto de un botín, aún menos entre algunas grandes familias y terratenientes más adinerados. Al contrario, la PAC debería ir encaminada a promover la agricultura de los pequeños y medianos productores que trabajan, viven en y cuidan el campo, y fomentan la agroecología, los bienes comunes y la soberanía alimentaria.

Sin embargo, la anterior reforma de la PAC 2014-2020 fue un fracaso en este sentido. Lejos de “cocinar y degustar” entre todos una tarta de calidad y duradera, esta actual política agraria de cuotas y de derechos históricos parece asemejarse a un “quién se come el pedazo más grande”. Y en esta negociación para nada ayudaron la actual ministra, la Sra. García Tejerina, entonces en el equipo del Sr. Arias Cañete, como el propio ministro. Más bien al revés, se encargaron de liderar una estrategia a favor de los intereses de unos pocos latifundios y de la agroindustria. Tampoco es de extrañar, sabiendo que, por ejemplo, la familia Domecq, la de la mujer de Cañete (que por cierto, aparece en los papeles de Panamá), recibe casi 40 millones de euros en ayudas de la PAC. Los conflictos de intereses, mezclados con el miedo al cambio por parte de algunos agricultores, marcaron claramente una nueva PAC errónea que da oxígeno a un modelo agrícola injusto e insostenible.

Pero no existe ninguna fatalidad. Existen soluciones alternativas que pueden evitar que los de siempre se lleven la mayor parte de las ayudas. Es hora de una Política Agrícola Común negociada y consensuada a nivel europeo que favorezca un sistema agroalimentario más justo, equitativo y sostenible.

Para ello, apuntemos algunas propuestas básicas para el primer pilar de la PAC, el de los pagos directos a las explotaciones:

Destinar las ayudas a la agricultura y ganaderías ecológicas, extensivas y familiares, y en pro de los bienes comunes y de la soberanía alimentaria. Es fundamental que la PAC sea una política proactiva que promueva una transición justa y sostenible de un modelo agrícola del siglo XX a un modelo a la altura de los retos sociales y ecológicos del siglo XXI.

Trabajar por un cambio en el sistema de pagos por derechos históricos e implantar otro de pagos base asignando derechos por superficie para evitar que las subvenciones agrícolas millonarias vayan a parar a manos de pocas familias pudientes.

Al mismo tiempo, apostar por la convergencia de forma progresiva y distributiva de la cantidad percibida por hectárea, en todos los estados miembros de la UE.

Poner un techo a lo que se puede percibir por explotación (recibe el nombre de “capping”). Supone consensuar y aplicar una cantidad máxima de ayuda a percibir por un solo agricultor/productor/explotación. Esta cantidad no debería superar los 150.000 € siendo evidente, que si una unidad de producción recibe ese monto y es rentable, no necesita más.

Aplicar el enfoque de género a la concesión de las ayudas a nivel europeo. Las cifras ponen de manifiesto la falta de visibilidad de la actividad de las mujeres en el mundo rural, el 67% de la titularidad de las tierras pertenecen a hombres (Encuesta de explotaciones agrarias 2013. I.N.E.) y es necesario incluir criterios que favorezcan a la equidad en la concesión de subvenciones.

Construir una política agraria respetuosa con los animales. En particular, como aprobó el Parlamento Europeo en 2015, no subvencionar de forma directa o indirecta las actividades relacionadas con la tauromaquia (que reciben unos 130 millones de euros anuales de la PAC).

Además de las ayudas directas, hagamos mención a los fondos del segundo pilar, el del desarrollo rural, cofinanciados por el estado y las comunidades. Creemos firmemente que se debería incrementar su cuantía y gestionar de modo descentralizado. La razón es que son estos recursos los que permiten un cambio en la dinámica del medio rural de nuestros territorios y comarcas. Este cambio debería ir encaminado a reterritorializar la producción, relocalizar los mercados a través de circuitos cortos de consumo y producción, así como potenciar dietas con menos proteínas animales y más proteínas vegetales, y volver a un consumo de alimentos de temporada.

Además, es urgente invertir en una agricultura resiliente frente al cambio climático, el gran reto de este siglo XXI como bien se escenificó en la COP21 de París. En caso de no actuar de forma decidida, pondremos en peligro nuestros campos y empleos en la agricultura, y veremos como desaparecen los olivares de Andalucía, las naranjas de Valencia y los viñedos de La Rioja. Para ello, es imprescindible abandonar de una vez el monocultivo y apostar por la biodiversidad agrícola. De hecho, tenemos un sistema agroalimentario diverso, con una estructura territorial compleja y una casuística muy rica. Tenemos que aprender a gestionar y planificar esta riqueza, verdadera oportunidad que debemos poner en valor junto a todos los actores del sector, ya sean campesinos, sindicatos, consumidores, asociaciones ecologistas, de conservación de la naturaleza y de defensa de los animales, etc.

Es hora de la transición hacia un nuevo sistema agroalimentario. Necesitamos y queremos un modelo agrícola que nos dé de comer a nosotros y a nuestras hijas, y que afronte al mismo tiempo los retos globales y climáticos de los próximos decenios. Para conseguir estos objetivos tenemos que reformar esta PAC inequitativa e insostenible, y convertirla en una PAC distributiva y sustentable.

* Carmen Molina, diputada de EQUO en el Parlamento Andaluz y Florent Marcellesi, portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo