La UE en defensa de los derechos humanos: hacia el fin de los minerales de sangre

Esta semana conmemoramos la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un enorme hito con el que representantes de los 5 continentes establecieron, por primera vez en la historia, los derechos fundamentales que deben respetarse en el mundo entero.

68 años después, podemos aclamar que la Unión Europea (UE) es líder mundial en su defensa. Los europeos, con una larga tradición democrática, somos muy críticos, porque queda mucho por hacer y errores que corregir, pero no podemos poner en peligro lo que tanto nos ha costado construir. En el año 2012, la UE fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a los más de 50 años de paz y estabilidad que han sido posibles gracias a un complejo modelo de integración que, aunque con una gobernanza todavía ineficiente, es visto desde fuera como modelo de referencia.

Movidos por nuestros valores en defensa de los derechos humanos, hemos aprobado una nueva legislación europea para prohibir el comercio de productos que puedan emplearse para infligir torturas o la pena de muerte. Y hace tan solo dos semanas se alcanzó otro acuerdo histórico entre las Instituciones Europeas para obligar a nuestras empresas importadoras de minerales, a practicar un comercio más responsable. Me refiero al llamado Reglamento de los “minerales de conflicto”. De prosperar esta propuesta, que aún deberá someterse a aprobación de los miembros del Consejo y del Parlamento Europeo, los importadores europeos de oro, wolframio, estaño o tantalio, deberán garantizar que no provienen de minas controladas por grupos armados o de áreas afectadas por graves conflictos o violaciones de derechos humanos.

Con el comercio ilegal de estos minerales -que están presentes en productos de uso tan cotidiano como nuestros móviles, coches o lavadoras, por ejemplo-, se financian algunos de los peores conflictos armados, como es la guerra civil de la R.D. del Congo, donde más de cinco millones de personas han sido asesinadas desde 1998, más que las vidas perdidas en la II Guerra Mundial.

Los grupos armados que controlan estas minas atemorizan y controlan poblaciones enteras, empleando la violencia sexual como su más terrible arma de guerra.

Al Parlamento Europeo han llegado testimonios terriblemente trágicos, entre ellos fue conmovedor el del Dr. Denis Mukwege, a quien concedimos el Premio Sajarov en 2014. Este ginecólogo congoleño ha fundado un hospital donde atienden, reconstruyen genitalmente y asisten psicológicamente a miles de niños y mujeres víctimas de violación. Se estima que, cada hora, 48 mujeres son violadas en el Congo.

No podemos cerrar los ojos.

La UE es uno de los mayores importadores de estos 4 metales, con el 35% del comercio mundial. Y no basta con exigir el cese de la violencia y el respeto al Derecho Internacional. Debemos emplear todas las herramientas a nuestro alcance, para hacer de nuestros principios una realidad. De ahí la importancia de legislaciones comerciales como esta.

El Reglamento de los Minerales de Conflicto hará una distinción entre las empresas más directamente vinculadas a las minas, como las fundiciones o refinerías, del resto de empresas que comercian con minerales ya transformados, componentes o productos ya acabados. Los primeros, estarán plenamente obligados a cumplir con el nuevo procedimiento de trazabilidad e información a partir del año 2021. Los segundos, tendrán la opción de acogerse voluntariamente al sistema.

Se ha pensado también en las PYMES y en aquellos que importan materiales reciclados. Ninguno de ellos estará obligado, pero sí podrán aplicarlo voluntariamente. No hay que obviar que, según estimaciones de la Comisión, el coste de aplicar el nuevo marco de diligencia, podría llegar hasta los 15.000 euros de partida y a unos 2.500 euros de mantenimiento al año, dependiendo del tamaño de la empresa.

También se han marcado unos volúmenes de importación mínimos a partir de los cuales las empresas estarán sujetas al deber de diligencia. Los socialistas hemos exigido que se garanticen los necesarios controles y que, en caso de constatarse elusiones, se revisen los límites. Una vez aprobada la nueva regulación, lo más importante será recabar de la Comisión unas buenas medidas de acompañamiento y una estricta evaluación de su efectividad, que tendrá lugar cada tres años.

Creo que este nuevo reglamento de los minerales en conflicto es una buena prueba de cómo, a través del comercio bien regulado, se pueden defender los derechos humanos. Partíamos de una posición muy difícil, en la que conservadores, populares y liberales, con mayoría en el Parlamento Europeo, se oponían frontalmente a la obligatoriedad del sistema. De hecho, el Gobierno de Rajoy ha sido uno de los más activos miembros del Consejo contra ella. Pero el sistema totalmente voluntario que los conservadores defendían no funciona: existe ya en el marco de la OCDE y a él se han acogido únicamente un 4% de las alrededor de 420 empresas europeas. Nos hubiera gustado llegar más lejos, pero es un buen paso adelante y las atrocidades que están ocurriendo tiene que parar.

Si las fuerzas progresistas hemos logrado este paso, ha sido también gracias a la labor de muchas organizaciones que, como Amnistía Internacional o Alboan, han realizado un valioso trabajo de sensibilización y denuncia.

Como decía Ban Ki Moon, ex secretario general de la ONU: “El ejercicio de los derechos humanos no es un sueño, es un deber por el que todas y todos debemos trabajar hasta lograr su aplicación universal”.

Algo que tener muy presente esta semana en que celebramos la conquista de los Derechos Humanos y en la que también, el Reglamento Europeo de los Minerales de Conflicto deberá someterse a aprobación por los representantes de los Estados miembros.

Espero y deseo que, esta vez, el Gobierno de Rajoy, esté a la altura.

Inmaculada Rodríguez-Piñero

Eurodiputada de S&D, miembro de la Comisión de Comercio Internacional