1.203 denuncias por violencia machista en Euskadi en el primer trimestre del año: “Es un momento clave porque el maltratador va perdiendo control sobre la víctima”

No es ninguna novedad que a raíz de la pandemia las víctimas de violencia de género han tenido más dificultades a la hora de denunciar a sus agresores. Sin embargo, con el fin del estado de alarma y la vuelta a la nueva normalidad, algunas de estas mujeres están sintiendo la necesidad de rehacer su vida y volver a recuperar el control.

Así lo reconoce la magistrada experta en violencia de género, Lucía Avilés. “Con el fin del estado de alarma las mujeres sienten la necesidad de rehacer su vida. Tienen la oportunidad de fortalecer y renovar los vínculos personales, de saberse y reconocerse como víctimas y también se va dando poco a poco una recuperación económica, por tanto se pueden ver a sí mismas siendo independientes económicamente y pudiendo dejar al maltratador”, cuenta Avilés a elDiario.es/Euskadi.

A pesar de ello, pueden producirse situaciones negativas en el momento en el que el agresor pierde el control sobre su víctima porque puede tratar de recuperar ese control en otros ámbitos como a la hora de establecer un régimen de visitas con sus hijos o a la hora de decidir pagar o no la pensión a su mujer. “Con la pandemia se produjo una violencia de control. El maltratador tenía todo lo necesario para controlar, las víctimas no tenían ni que salir de casa. Además, se precarizó la vida de la ciudadanía. La dependencia de esas mujeres se agudizó y es ahora cuando están recuperando su independencia. Este es el momento en el que se empieza a salir, por eso es el momento más delicado. Es el momento clave porque el maltratador va perdiendo control sobre la víctima, pero eso puede llevar a que desplace el control en la instrumentalización del régimen de visitas o del impago de la pensión. Hay que estar atentos”, señala la magistrada.

En Euskadi, entre enero y marzo de este año 1.203 mujeres han denunciado violencia machista en los juzgados, lo que supone un 6,5% menos que en el mismo periodo de 2020, cuando aún no había empezado el confinamiento. El Consejo General del Poder Judicial explica que estos datos no muestran la realidad dado que, debido al confinamiento, muchas víctimas tuvieron dificultades para denunciar a sus agresores.

En cuanto a las órdenes de protección, se han comenzado 155 procesos, de los cuales se han adoptado 88 órdenes de protección y se han rechazado 67adoptadas. Aunque las órdenes de protección aceptadas han supuesto un aumento del 8,6% con respecto al año anterior, un 43% de los procesos incoados han sido denegados. Según Avilés, una orden de protección se adopta cuando hay indicios racionales de un riesgo objetivo para la víctima. “Para saberlo, se toma declaración a la mujer y a los testigos, ahí está la labor de la Policía a la hora de recabar testigos. En los supuestos de maltrato habitual, por ejemplo, la víctima habrá contado a una amiga o al médico lo que está viviendo”, señala.

“No se debe reducir a que el hecho de negar una orden de protección es culpa de los jueces, eso nos puede quedar muy corto. Hay toda una serie de agentes que tratan a la víctima antes de llegar al ámbito judicial. Es importante la actuación de cada uno de los agentes. Se debería reforzar la actuación del ámbito sanitario, puesto que es el primer paso que da la víctima incluso cuando ella misma no se reconoce como tal. En el ámbito policial lo ideal sería contar con una policía especializada en género e infancia los siete días de la semana las 24 horas y que se realice una valoración tanto de la víctima como del agresor. En el ámbito judicial, también es importante la labor de los médicos forenses para que valoren las lesiones. Para llegar a una conclusión de por qué se deniegan las órdenes de protección debería realizarse un estudio de todos los factores y profesionales implicados”, explica la magistrada.

Durante el primer trimestre de este año, también han aumentado las sentencias condenatorias dictadas, que han sido 236, un 3,1% más interanual. Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la tasa de casos por cada 10.000 mujeres es de 10,6, lo que sitúa a Euskadi en una de las comunidades con menor incidencia dentro del Estado español. Respecto a otras comunidades, entre las autonomías con las incidencias más altas están Murcia (19,7), Baleares (18,5), Comunidad Valenciana (18,3) y Canarias (18,2). Además, cabe destacar que un total de 87 de las mujeres que han denunciado violencia machista en Euskadi han renunciado a declarar como testigo, un porcentaje más elevado entre las denunciantes extranjeras, que ascendió hasta el 41,4%.