En Euskadi la previsión constitucional de acceso a digno a la vivienda sí es un derecho porque fue desarrollado legalmente en 2015 tras un extraño pacto político entre los socialistas, EH Bildu y UPyD. La Administración, para todo aquel que cumpla los requisitos económicos y de otro tipo, está obligada a procurar un alojamiento “adecuado” en alquiler social. De lo contrario, es reclamable ante un juez. En todo caso, cuando no hay disponibilidad, se activa una prestación económica alternativa como ayuda de acceso al mercado libre, la denominada PEV. Son 250 euros, muy lejos de los 1.000 de renta media que se abonan por el arrendamiento en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, de los puntos más caros de España. En 2020 y 2021, 615 personas obtuvieron esa prestación.
Según un informe enviado al Parlamento Vasco por el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el socialista Iñaki Arriola, a instancias de la representante de EH Bildu Eraitz Sáez de Egilaz, fueron 3.736 las personas que entre 2020 y 2021 han ejercido su derecho subjetivo a la vivienda, 2.462 el pasado año y 1.274 en el primer semestre de 2021. De ellas, un 16,46% ha visto satisfecha esta disposición legal no con una casa sino con los 250 euros mensuales. De esas 615 personas, 428 son vizcaínas, 138 guipuzcoanas y 49 alavesas.
Por el contrario, a 644 solicitantes se les ha denegado el derecho en cualquiera de sus dos formas. Es el 17,23% del total. El consejero Arriola admite que “no se registran en el sistema de información los motivos de exclusión” pero arguye que según “la documentación obrante en papel” el “motivo principal” es que “se superan los ingresos máximos en función de la composición de la unidad convivencial”. Después, “a gran distancia”, están las renuncias de los que pidieron el derecho a la vivienda. No se ofrecen porcentajes ni casos concretos. Las denegaciones fueron 462 en 2020 y han sido 182 en lo que va de 2021.
¿Qué tipo de personas se dirigente a la ventanilla del Gobierno vasco? La conclusión es que son casi más las personas de la tercera edad que los veinteañeros. En cifras, solamente 9 de las 3.736 eran menores de 25 años y no son muchas más, 134 en total, los jóvenes de entre 25 y 30 años. Fueron 986 treintañeros, 1.338 de 40 a 50 años, 795 quincuagenarios, 370 sexagenarios y 100 mayores de 70, según esta estadística.
La realidad es que esta prestación de vivienda (conocida como PEV) sigue conviviendo seis años después con el complemento de vivienda (PCV) que se abona junto con la renta de garantía de ingresos (RGI) a las personas sin recursos o con rentas o pensiones bajas. En mayo eran 25.337 las personas que seguían cobrando una ayuda llamada a extinguirse, según se recoge en cada presupuesto anual del Gobierno vasco. Son también 250 euros y los perceptores son el 47% del total de la RGI. Esta prestación la gestiona no Vivienda sino Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo.
elDiario.es/Euskadi
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