Bilbao reconoce que no tiene censo del amianto ni fechas de retirada y señala la dificultad de detectarlo en edificios privados

El Ayuntamiento de Bilbao ha reconocido este viernes que carece de un censo de edificios e instalaciones con amianto y de un calendario especifico para su retirada más allá de actuaciones que se realizarán entre este año y el siguiente en lo que se refiere, por ejemplo, a la retirada de tramos de tuberías de la red de abastecimiento afectadas por este elemento. El concejal delegado de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza (PNV), ha señalado las dificultades, además, de detectarlo en edificios privados, en los que sólo se conocerá la existencia de la sustancia tóxica en el caso de que se lleven a cabo obras. No obstante se ha mostrado convencido de que se cumplirán los plazos de retirada en los casos de mayor riesgo -antes de 2028- y ha afirmado que las actuaciones previstas están identificadas.

En una comparecencia en comisión a petición del concejal de Elkarrekin Bilbao, Xabier Jiménez, Abaunza ha indicado que el día 24 de este mes el Gobierno vasco ha convocado a través de Ihobe a los ayuntamientos a una jornada explicativa sobre cómo elaborar el inventario del amianto con el fin de aunar criterios entre los diferentes ayuntamientos “a la que Bilbao acudirá”. El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, que dirige Arantxa Tapia, ha reconocido a través de una respuesta parlamentaria que sólo dos ayuntamientos vascos han remitido el censo de instalaciones con amianto de sus municipios al Gobierno vasco, tal y como marca la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley imponía el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma para elaborar el listado de instalaciones afectadas con esta sustancia, altamente contaminante y su remisión a las administraciones junto con un calendario de retirada. Es decir, el plazo finalizaba en abril de este año, aunque desde el Gobierno vasco dan por alargado el plazo hasta final final de año. El responsable del tema en el consistorio bilbaíno ha indicado también que los consistorios coordinarán a través de un sistema de información geográfica (GIS) los datos para que puedan consultarse los emplazamientos con amianto una vez se realice el inventario.

Pese a que no ha dado fechas ni plazos, el concejal se ha mostrado convencido de que llegará a tiempo para cumplir el plazo tope que marca la ley para que las instalaciones o emplazamientos con mayor riesgo estén “gestionadas antes de 2028” y ha señalado que las actuaciones están “identificadas”. Sólo ha concretado la retirada de los 30 tramos que se han detectado en la red de tuberías, que suponen un total de 3.610 metros lineales. “Teniendo en cuenta que se trata de una red de 545.200 metros, solamente hay fibrocemento en el 0,66% de la red municipal”, ha señalado Abaunza.

Abaunza ha indicado que el presupuesto para la eliminación de estos tramos cuenta con un montante de 2,5 millones aproximadamente, de las que se han ejecutados 136.830 euros y en proceso de adjudicación existe otra actuación por 324.151 euros y para 2024 hay prevista una dotación de 264.158 euros. El edil ha indicado que se han evaluado todas las casuísticas, para saber si la red está en uso o no lo está o si discurre por acera o por la calzada, con una metodología de trabajo por fases, siguiendo con todos los protocolos que se establecen con este tipo de materiales.

Lo cierto es que de momento esta retirada se están haciendo a un ritmo lento porque, según se desprende de respuestas escritas al grupo Elkarrekin Bilbao sobre el tema, en dos años se han retirado sólo unos 224 metros de estas tuberías afectadas. Abaunza ha señalado que el futuro inventario no se incluirán los edificios o instalaciones sobre los que ya ha realizado actuaciones. En este sentido, ha indicado que en los edificios municipales o espacios de uso municipal, se han detectado 40 situaciones de 31 edificios o espacios de uso municipal, con actuaciones ya finalizadas en 24 situaciones. Según ha indicado, entre entre 1970 y 2003 había 3.100 edificios con mayor probabilidad de amianto, pero que a partir de 2003 existen unos 1.000 edificios en los que es “improbable” que se haya utilizado el amianto en la construcción.

Ha recordado también que en los últimos cinco años han tramitado diversos expedientes relacionados con el amianto: en concreto, en 2017 fueron 19 expedientes en 2018, tres; en 2019, 24 expedientes; en 2020, 21 expedientes, en 2021, 21 expedientes y en 2022, 7 expedientes, que ya no formarían parte del futuro censo elaborar, porque la actuación está completada.