Combatir la desigualdad en defensa del derecho a la salud

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año, en conmemoración del aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. El tema en el que se quiere incidir este año es el de las enfermedades transmitidas por vectores.

Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona (o animal) infectada a otra; generalmente más frecuentes en zonas tropicales y lugares con problemas de acceso al agua potable y al saneamiento. El Día Mundial de la Salud 2014 se centrará en algunos de los vectores más conocidos, como los mosquitos, las chinches, las garrapatas o los caracoles; que transmiten enfermedades como el paludismo, el dengue o la fiebre amarilla.

Se calcula que la enfermedad vectorial más mortífera, el paludismo, causó 660.000 muertes en 2010; la mayoría, mujeres y niños y niñas africanas. No obstante, la de mayor crecimiento en el mundo es el dengue; y entre ellas está también la enfermedad de Chagas. Todas ellas se sitúan entre las enfermedades más olvidadas según la OMS; son de las que más morbimortalidad provocan, y se pueden considerar enfermedades de los pobres; de quienes no pueden pagar los medicamentos que diseñan las empresas farmacéuticas.

En su papel de defensa del derecho a la salud, es importante que la OMS trate de generar conciencia acerca de la importancia de estas enfermedades y de hacer campañas destinadas a hacerlas más visibles entre los que no las sufrimos. Pero no debiera ser menos importante denunciar la relación de la pobreza, la exclusión y la desigualdad con ellas en particular, y con el nivel de salud en general.

Hasta Paul Krugman, premio Nobel de economía, cita un informe que revela que “uno de los aspectos más cruciales del bienestar, la malnutrición infantil -que provoca una mala salud crónica e importantes limitaciones tanto físicas como intelectuales-, no mejora en absoluto por un crecimiento más rápido”, porque las causas de esas lacras son “la desigualdad en la distribución de la riqueza y la falta de implementación eficaz de los servicios públicos” básicos.

Este 7 de abril, en el Estado español, donde este tipo de enfermedades tiene escasa incidencia y gravedad, la defensa del derecho a la salud y a la cobertura sanitaria universal deben señalar que la mayor amenaza para nuestra salud está en la desigualdad y en la pobreza. Llevamos unas semanas en las que se van haciendo públicos diversos informes publicados por entidades tan poco sospechosas de revolucionarias como la OCDE, la UE o Cáritas, que señalan que las políticas llevadas adelante por el gobierno español desde 2010 no han hecho otra cosa que aumentar las desigualdades sociales en nuestro país.

En el Estado, el riesgo de pobreza entre menores de 18 años se situó en 2012 en el 29,9 %, casi nueve puntos por encima de la media de la UE, que estuvo en el 21,4 %, según datos de 2013 de Eurostat. Además el índice de fracaso escolar casi duplica a la media europea. La brecha entre ricos y pobres también ha crecido más que en ningún otro país de la OCDE entre 2007 y 2010; un periodo en el que los ingresos del 10% más rico cayeron un 1% anual, mientras que los ingresos del 10% más pobre cayeron casi un 14% de media anual.

Las ayudas sociales no están bien diseñadas ni suficientemente orientadas a la población más necesitada. Sin ir más lejos, la tasa de paro es dos veces y media la de la UE, mientras el gasto en prestaciones está en un nivel similar. Por otro lado, y según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el fraude fiscal en nuestro país asciende a más de 70.000 millones de euros anuales, de los cuales el 72% corresponden a las grandes fortunas y grandes empresas. Esa cifra equivale al presupuesto total del sistema sanitario público y es sensiblemente mayor que los intereses anuales pagados por la deuda pública. Tax Justice Network estima que los depósitos en los paraísos fiscales provenientes de España alcanzan la cifra de 550.000 millones de euros.

Todas estas realidades son fruto de una política deliberada que se presenta como inevitable, pero que de ninguna manera lo es. Además, dichas realidades tienen un reflejo directo en nuestro nivel de salud actual, con mayor incidencia de enfermedades asociadas al stress, como depresiones, alcoholismo y otras dependencias; de las asociadas a la mala alimentación, etc… Y tendrán reflejo igualmente, en un futuro, en la salud y en la expectativa de vida de ese 30 % de niños y niñas en situación más vulnerable. Porque nuestro nivel de salud depende de un conjunto de determinantes sociales como nuestra alimentación, las condiciones de vida de nuestra madre durante la gestación y durante nuestros dos primeros años de vida; de la educación, la nuestra y la de nuestros progenitores -especialmente de nuestra madre-; de las condiciones de nuestra vivienda, de que tengamos un trabajo digno, así como de las posibilidades de participación en la sociedad y en la política. Todo ello, complementado con el suministro de agua limpia y de una justa distribución de la riqueza.

Las decisiones gubernamentales contrarias a los intereses de la mayoría reflejan una clara opción de política legislativa que beneficia a unos grupos sociales muy concretos. Un ejemplo son los recortes en pensiones, que prevén ahorrar 809 millones € en 2014, según se indica en la propia memoria económica de la reforma. Sin embargo, en el mismo ejercicio, el Estado dejará de ingresar más del doble de la mencionada cifra (1.657,43 millones) como consecuencia de los beneficios fiscales a los planes de pensiones privados que benefician fundamentalmente a las rentas más elevadas.

Otro ejemplo. La reforma fiscal, probablemente, llegará incluyendo una medida que aparentemente puede parecer inocua, como es la desgravación de las aportaciones a seguros de salud privados con la excusa de que los que acudan a servicios privados producirán un ahorro en el sistema público. Pero no está nada claro que el doble aseguramiento suponga ahorros al sistema público de salud. El estudio más riguroso llevado a cabo en el Estado al respecto hasta la fecha ('Changes in the demand for private medical insurance following a shift in tax incentives'. Rodríguez, M. y Stoyanova, A. en Health Economics nº 17-2008, pp-185-202) afirmaba que la reintroducción de una desgravación del 15% en Cataluña supondría una pérdida de ingresos fiscales superior al teórico aumento del gasto público derivado de su no reintroducción.

Un último ejemplo. Según denuncia Cáritas, con la mitad del dinero que parece que se va a emplear en rescatar las autopistas que nunca debieron construirse, se podrían rescatar los 700.000 hogares que en estos momentos, en el Estado, no cuentan con ningún tipo de ingresos (500.000 si se restan los que tienen rentas mínimas).

En los tres ejemplos se favorece deliberadamente a la minoría con rentas más altas en detrimento de los sistemas públicos de redistribución de la riqueza -salud, educación, pensiones-, y de esa forma se deteriora la salud de la mayoría de la población. Por ello, en el Día Mundial de la Salud debemos exigir que toda política que se quiera poner en marcha deba pasar el filtro de su influencia en el nivel de salud de la población; tanto si se trata de hacer autopistas como si se trata de construir un hospital, o de privatizar o no un servicio de aguas. Porque ninguna de las opciones es neutral.

Eduardo García Langarica es el presidente de Medicus Mundi Álava y miembro del Consejo Ejecutivo de Medicus Mundi España.