El “constructo” del Servicio Vasco de Educación

Una aparente nueva conceptualización, el Servicio Vasco de Educación, está en el centro del debate educativo vasco de los últimos meses, bien para denostarlo, bien por las variadas interpretaciones que se le está dando. Aunque parezca que la expresión pretende crear algo 'ex novo', en realidad solo se está rebautizando algo que ya existe, a saber, que el Estado, sea este cual sea, está obligado a proveer del derecho de la educación a toda la ciudadanía, bien a través de los centros de su titularidad, bien a través de otros centros de iniciativa privada que cumplan los requisitos que marque la Administración. Esto es lo que se llama un marco de pluralismo educativo, marco que goza de bastante solidez jurídica, empezando por la Declaración de los Derechos Humanos (art. 26) y siguiendo por la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (art. 2 y 3), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13.3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 18.4), la Constitución (art. 27) y la LOMLOE (art. 108.4).

Guste o no, este marco está tan consolidado que una abrumadora mayoría de países de la OCDE tiene un sistema mixto de provisión educativa, con diversas fórmulas de financiación de la iniciativa privada. Cuestión distinta es la dimensión que tiene esa provisión mixta pues parece que cuando es muy importante la iniciativa privada, como es el caso vasco, ello repercute en los niveles de segregación del alumnado y esto es, justamente, lo que debe estar en debate.

Pese a que la gestación del Acuerdo tuvo un largo recorrido, no se cuidó demasiado la denominación del “constructo” Servicio Vasco de Educación, pues de las 10 veces que se cita, 6 está escrito con minúsculas, 4 con mayúsculas y solo en dos ocasiones se le añade la palabra “público”.

¿Estaban hablando de lo mismo los partidos firmantes? A raíz de lo que se ha conocido en el Anteproyecto de Ley y de las declaraciones que han ido haciendo los partidos parece que no hay una interpretación unívoca. A continuación, quiero exponer las interpretaciones que, a mi parecer, han ido aflorando:

- El Servicio Vasco de Educación como Caballo de Troya. Según esta interpretación todos los centros formarían parte del Servicio y luego ya se verá si hay algún díscolo que no se quiera ajustar al reparto equilibrado de alumnado que se establezca. Esta interpretación sería una maniobra para consagrar básicamente el statu quo, facilitando además décadas de adaptación a los más renuentes. Se introduce el “constructo” para modificar poco o nada.

- El Servicio Vasco de Educación como confluencia de la Escuela Pública y las Ikastolas. Se trataría de un paso intermedio hasta la creación de un sistema público vasco único y, pretendidamente, para alumbrar un sistema vasco educativo no dual y propio. Este planteamiento supone que las Ikastolas estarían dispuestas a abrirse a la heterogeneidad de su alumnado y a delegar o, al menos compartir, la titularidad, pero esto supondría un marco nuevo que hasta donde da la vista ni se vislumbra. Por otro lado, el Gobierno Vasco en un marco jurídico estatal e internacional de pluralidad educativa (incluso si se alcanzara la independencia) tendría serias dificultades para sostener una red pública monopólica.

-El Sistema Vasco de Educación como una financiación de la escuela concertada con un doble nivel, para los centros declarados de interés social y para los que no. Esto no se lo he oído a nadie públicamente, pero me consta que la idea ha rondado por alguna cabeza. Para este viaje no hacen falta alforjas. Una financiación complementaria según la complejidad del centro se podrá discutir y aceptar o no, pero para eso no es necesario el “constructo”.

- Finalmente, el Servicio Educativo Vasco se puede entender como una oportunidad para replantear la concertación universal, esto es, para dejar de sostener con fondos públicos muchos centros que se mueven en parámetros poco públicos y con poco o ningún interés social por su carácter segregador. En definitiva, se trataría de rebautizar una realidad que ya existe, pero aprovechando el viaje para subir el listón y el control del funcionamiento público y de la aportación a la cohesión social. También para crear alianzas entre centros diversos con vocación social. Esto exige un debate político y social en profundidad e, incluso, regular períodos transitorios, que en ningún caso pueden ser de décadas. La educación vasca necesita ver esa transformación en unos pocos años.

A mi modesto entender, esta última interpretación es la que se buscó en el Acuerdo y creo que eso se desprende de su lectura. ¿Cuál será la interpretación que prevalecerá finalmente en la Ley Educativa Vasca? ¿Y después de la Ley?