Monarquía o república

Este 14 de abril se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República, cuya vigencia se extendió hasta el 1 de julio de 1939 con la finalización de la Guerra Civil y la victoria de los sublevados, aquellos que se habían alzado a través de un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de España unos años antes, el 18 de julio de 1936, e instauraron después una dictadura. Durante los últimos años, el debate que sigue vivo y que incluso se caldea en determinados momentos no gira tanto sobre el alcance y los éxitos y fracasos de aquella experiencia histórica como sobre la posibilidad de que la España actual se pudiera convertir en una república y dejara de ser la monarquía parlamentaria que los españoles decidimos que fuera en la Constitución de 1978. Dejemos a los historiadores que analicen lo primero y veamos las oportunidades y las amenazas para lo segundo.

En primer lugar, debe decirse que España es hoy una democracia plena, mejorable como todas ellas, pero perfectamente equiparable a las democracias de nuestro entorno. Desde luego, perviven algunas anomalías democráticas, como que la izquierda oficial haga depender el Gobierno de España de quienes quieren acabar con ella, o como que forme parte del gobierno de la nación un partido político que no condena las agresiones violentas que sufren otros partidos democráticos. Por lo demás, sufrimos problemas semejantes a los que sufren otros países tan democráticos como el nuestro, aunque agravados, y algunos otros que nos afectan a nosotros especialmente: aparte de los problemas sanitarios provocados por la pandemia, la crisis económica, el paro que afecta a millones de ciudadanos (endémico entre nuestros jóvenes), la precariedad laboral, la dificultad para acceder y disfrutar de una vivienda digna, la desigualdad social, las bolsas de pobreza, la politización de la justica, el sectarismo de los partidos políticos, el descrédito de algunas de nuestras instituciones o la corrupción política.

Que el rey emérito tuviera un papel clave durante la transición democrática no puede suponer que después pudiera tener bula para prácticas poco presentables o vedadas para cualquier otro ciudadano

En cuanto a nuestra forma de Estado, somos una monarquía constitucional, modelo que unos defienden, otros pretenden sustituir o derribar y otros bastantes, siendo en principio republicanos, aceptamos por puro pragmatismo mientras no se nos garantice una forma más eficaz y eficiente de forma de gobierno. En principio, elegir votando al jefe del Estado es teóricamente más democrático a que dicho cargo se herede sin pasar por las urnas; sin embargo, conviene recordar que es el modelo que se aprobó cuando se votó la Constitución Española y que, además, no estamos atados de pies y manos al tipo de Jefatura del Estado que tenemos: es decir, que se mantenga este modelo depende de que una mayoría de ciudadanos españoles lo siga apoyando; en cuanto esto cambiara, bastaría con modificar la Carta Magna, eso sí, a través de los procedimientos legales establecidos y las mayorías necesarias para ello. Dicho de otra forma, no elegimos cada cuatro años quién se ubica en la Jefatura del Estado porque ya elegimos en su momento no elegir cada cuatro años y que dicho cargo se heredara de padres a hijos. Obviamente, esto es modificable y perfectamente legítimo plantearlo.

La nuestra, cabe recordarlo, no es una Monarquía absolutista ni cosa parecida… sino una Monarquía constitucional y parlamentaria donde el Rey tiene poderes limitados. Si echamos la vista atrás, observamos los comportamientos poco éticos del rey emérito que nos llenan de vergüenza… ajena; los ciudadanos exigimos por ello la democratización de la Casa Real y la puesta en marcha de todas las medidas que sean necesarias para garantizar su control y la máxima transparencia. No pueden volver a repetirse los comportamientos que hemos sufrido, los cuales en ningún caso se pueden relativizar ni mucho menos justificarse de ninguna de las maneras; que el rey emérito tuviera un papel clave durante la transición democrática no puede suponer que después pudiera tener bula para prácticas poco presentables o vedadas para cualquier otro ciudadano. Nos merecemos representantes políticos e institucionales transparentes, respetuosos con la legalidad vigente y éticamente irreprochables.

Otra cosa es poner en marcha los mecanismos establecidos para convertir nuestra Monarquía constitucional en una República. Desde luego es una posición perfectamente respetable aunque, a la vista de los momentos que vivimos, palabras mayores. Si alguien quiere iniciar ese camino, deberá convencernos a una mayoría de españoles de que tal decisión merecerá la pena y nos llevará a un estadio mejor para todos. Si observamos nuestro panorama político, no es difícil concluir que de lo mejor que tenemos de entre nuestros representantes es a Felipe VI, el más republicano de entre todos ellos, quién lo iba a decir. El que parece pensar más en el interés general y el bien común. Casi preferimos no imaginarnos a ninguno de nuestros líderes políticos en su lugar.

Si observamos el panorama internacional, observamos que existen repúblicas muy poco democráticas y monarquías que funcionan perfectamente. Pasa lo mismo, por cierto, que con el modelo de distribución territorial del poder: hay Estados descentralizados donde prima la desigualdad y la corrupción política y Estados centralizados donde se garantizan mejores y más igualitarios servicios públicos. Y viceversa. Por lo que concluyo que existen otros atributos que inciden de forma muy importante en la calidad de la democracia y en el nivel de bienestar que alcanzan y disfrutan los ciudadanos. Que creo, por cierto, es el objetivo que debería tener cualquier partido político.

Se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República, tiempo durante el cual se alcanzaron hitos importantes y donde hubo igualmente problemas graves que no pudieron solucionarse e incluso se agravaron. España es hoy una democracia plena pero perfectible. Y, de entre todos los problemas que nos acechan, no incluyo a día de hoy a la forma del Estado. Es, desde luego, perfectamente respetable que haya quien prefiera dar ya los pasos necesarios para convertirnos en república. Es menos respetable que haya quien lo pretenda como paso previo a echar abajo el que llaman régimen del 78 o para después trocear España. Otros consideramos que existen otros problemas cuya resolución se nos antoja mucho más acuciante; sin ir más lejos, los arriba mencionados. Además, cuando surge la duda, utilizo un sistema que rara vez falla: miro quiénes son quienes con más ahínco pretenden derribar nuestra Monarquía. Y entonces ya no tengo dudas. Es lo que tiene el pragmatismo. 

Este 14 de abril se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República, cuya vigencia se extendió hasta el 1 de julio de 1939 con la finalización de la Guerra Civil y la victoria de los sublevados, aquellos que se habían alzado a través de un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de España unos años antes, el 18 de julio de 1936, e instauraron después una dictadura. Durante los últimos años, el debate que sigue vivo y que incluso se caldea en determinados momentos no gira tanto sobre el alcance y los éxitos y fracasos de aquella experiencia histórica como sobre la posibilidad de que la España actual se pudiera convertir en una república y dejara de ser la monarquía parlamentaria que los españoles decidimos que fuera en la Constitución de 1978. Dejemos a los historiadores que analicen lo primero y veamos las oportunidades y las amenazas para lo segundo.

En primer lugar, debe decirse que España es hoy una democracia plena, mejorable como todas ellas, pero perfectamente equiparable a las democracias de nuestro entorno. Desde luego, perviven algunas anomalías democráticas, como que la izquierda oficial haga depender el Gobierno de España de quienes quieren acabar con ella, o como que forme parte del gobierno de la nación un partido político que no condena las agresiones violentas que sufren otros partidos democráticos. Por lo demás, sufrimos problemas semejantes a los que sufren otros países tan democráticos como el nuestro, aunque agravados, y algunos otros que nos afectan a nosotros especialmente: aparte de los problemas sanitarios provocados por la pandemia, la crisis económica, el paro que afecta a millones de ciudadanos (endémico entre nuestros jóvenes), la precariedad laboral, la dificultad para acceder y disfrutar de una vivienda digna, la desigualdad social, las bolsas de pobreza, la politización de la justica, el sectarismo de los partidos políticos, el descrédito de algunas de nuestras instituciones o la corrupción política.