Política industrial para el bienestar social

En los últimos años, desgraciadamente, estamos asistiendo al cierre de muchas grandes plantas de empresas multinacionales afincadas en nuestro territorio a través de sus filiales. Sin ir más lejos, hace unos días, unas 2.000 personas se manifestaron en Bilbao antes los despidos de Tubacex. En muchos casos, son empresas tractoras de la economía de una comarca entera, no sólo por la cantidad de puestos de trabajo directos que generan, sino también por la cantidad de puestos de trabajo indirectos que su actividad genera en empresas auxiliares o en la actividad de los comercios de la zona. Y es que, a pesar de que desde Gobierno Vasco y Diputaciones Forales se afanen en remarcarnos siempre la cantidad de empleos e ingresos que genera el incipiente sector del turismo “de calidad” y de “grandes eventos”, lo cierto es que el sector secundario, por su propia naturaleza, tiende a crear puestos de trabajo más estable y de mayor calidad y cualificación.

Incluso en complicados tiempos de pandemia esta afirmación se puede verificar: según datos del Eustat para Bizkaia el último trimestre del año 2020 se cerró con 85.700 empleos más en el sector industrial, es decir, 6.600 empleos más que a finales de 2019. En un año tan dramático como ha sido el 2020 para la economía, el sector industrial ha sido capaz de salir creando más empleo que con el que entró a principios de año. Eso es una buena noticia para Bizkaia y para todas esas personas empleadas, pero por desgracia no es un dato para el optimismo y ni para la relajación. Sencilla y únicamente porque se trata de un dato aislado en un contexto general de destrucción del tejido empresarial y por ende, del total de personas a las que emplea este sector. Según datos también del Eustat del año 2000 al 2017 el Valor Añadido Bruto del sector industrial de Bizkaia respecto al total ha bajado del 27% al 19,3%. Fijándonos exclusivamente en el empleo de las últimas décadas como hacen en este artículo vemos un panorama desolador en el que el empleo industrial pasó de 423.000 empleos en 1975 a 274.000 en 1986 y 194.000 en 2018, lo que supone una pérdida de 229.000 empleos netos en este periodo.

En la mayoría de los cierres más sangrantes de estos últimos años nos podemos encontrar dos denominadores comunes a todos en boca de los comités de personas trabajadoras. El primero sería la deslocalización de empresas: el grupo multinacional propietario desplaza la carga de trabajo de la planta de Bizkaia para alegar pérdidas y así poder presentar un ERE y deslocalizar. Todo ello mientras el grupo en su conjunto mantiene un resultado de beneficios. El segundo es que habitualmente se trata de empresas filiales que han recibido cuantiosas subvenciones de nuestras instituciones públicas para ampliar o mejorar su producción, es decir, su margen de negocio y beneficio. Habitualmente, cuando desde Elkarrekin Podemos-IU nos reunimos con estos comités en huelga ante EREs, se plantean la misma pregunta: ¿no deberían devolver las subvenciones recibidas si han decidido trasladar su actividad? Sorprendentemente, esto algo que se comenta habitualmente en el debate público, y que lo piden los sindicatos, pero que rara vez se debate en las instituciones. Y ciertamente, tienen razón: Si hemos estado concediendo subvenciones económicas ¿cómo es posible que puedan provocar el cierre de una planta y no haya ninguna reacción por parte de las instituciones?

No hablamos de cifras pequeñas. Hablamos de casos como Gestamp, que cerró hace meses GTS y Matricería Deusto despidiendo a 230 trabajadoras con un ERE declarado injustificado pero que en los últimos años ha recibido de la Diputación Foral de Bizkaia un total de 247.000 euros y del Gobierno Vasco otros 19 millones de euros, además del beneficio de la participación en el Automotive Intelligence Center. Hablamos también de ITP aero, con 87 personas recientemente despedidas en Barakaldo y Sestao pero que desde 2010 ha recibido del ente foral 76.000 euros y del ente vasco 138.000 euros. Batz, cerró la planta de Igorre el año pasado habiendo recibido del Gobierno Vasco 884.000 euros en subvenciones en los últimos 10 años. La última de la lista es Tubacex, que incluso ubicándose en Álava ha recibido de la Diputación Foral de Bizkaia 135.000 euros en subvenciones en la última década y otros 4 millones de euros del Gobierno vasco.

Antes de llegar a una conclusión que pueda tacharse de simple y “revanchista” me gustaría que nos paráramos a pensar antes el porqué de estas subvenciones a empresas. Habitualmente se trata de subvenciones para incentivar la I+D+i, a apoyar a las empresas en la internacionalización buscando nuevos clientes en otros países, a implementar medidas de ahorro energético y de reducción de la huella ecológica, etc. En ocasiones son también apoyos en forma de servicios de asesoramiento, apoyo, facilidades administrativas, acompañamiento en los planes de internacionalización, etc. ¿Cuál l es el fin último que una administración pública que nos representa a todas debería buscar en todo este cosmos de apoyos al sector privado? No se me ocurre otro distinto de la creación de empleo estable y de calidad. Es decir, el bienestar social. Si las instituciones dan, con dinero público, dan/damos subvenciones o ayudas para la promoción de ciertos sectores no es para que el grupo multinacional aumente su margen de beneficios o para que repartan mejores dividendos el año que viene. Es para que la actividad de esos sectores sea más sostenible y genere más y mejores empleos en nuestras comarcas. 

Este es sencilla y claramente el motivo por el que las políticas de subvención al sector privado deben ir vinculadas a compromisos de mantenimiento o creación de empleo: porque es el motivo por el que las otorgamos. El ejemplo más claro y actual de este tipo de vinculación es la de los ERTEs durante la pandemia: el estado cubre el coste de los trabajadores en ERTE mientras se mantengan un compromiso de no despidos. Si el compromiso se rompe las subvenciones deben ser devueltas. Y es que el objetivo de todas las políticas debería ser el bienestar social, también en la política industrial.

Viendo hace semanas como PNV-PSE se oponían en el pleno de las Juntas Generales de Gernika a una propuesta en esta dirección presentada por Elkarrekin Podemos-IU, no pude dejar de acordarme de aquel lema tan desafortunado que el diputado General, Unai Rementeria, sacó en la legislatura pasada: ayudas sí, control también. Claro que en aquel momento se referían a ayudas sociales. Cuando se trata de controlar a los grandes, algunos se vuelven demasiado pequeños.