El PNV en Getxo se lleva por delante el pacto ético de Pradales

A finales de agosto, el lehendakari jeltzale Imanol Pradales despertaba el parón vacacional de la política sorprendiéndonos con la propuesta de un pacto ético para la política vasca. Prácticamente a la par que este anuncio, cogía fuerza entre la opinión pública el derribo del edificio Irurak Bat en el municipio de Getxo, feudo histórico del PNV. Este palacete protegido a nivel municipal fue derribado ilegalmente y en él se levantarán dos edificios de 12 viviendas de lujo en total en régimen de cooperativa, cooperativa de la que forman parte dos concejales del PNV.

Así es. Mientras el PNV intentaba sentar cátedra ética desde Ajuria Enea, las endebles costuras de su disfraz de institucionalidad no aguantaron ni unos días. El pacto que llamaba a una “actividad política ejemplar” porque el lehendakari no quiere “lo que vemos en otros lugares para Euskadi”, se convierte en una broma del mal gusto al acercarse a la política local.

El Partido Nacionalista Vasco es ante todo un partido de derechas, y, como tal, también acostumbra a adoptar lo peor de la forma de hacer política de las derechas en la política nacional. Bajo la máxima de que si las reglas de la democracia no juegan a favor de uno mismo, entonces no las cumplo (recordemos al PP bloqueando la renovación del CGPJ durante más de cuatro años), el PNV de Getxo decidió bloquear hasta en dos ocasiones la votación para que se incluyera en el orden del día de las comisiones informativas la propuesta de Podemos Getxo para crear una comisión que investigara el derribo del palacete.

Este bloqueo, decidido unilateralmente por la y el presidente de hasta dos comisiones, supone una ilegalidad flagrante que vulnera el derecho de las y los concejales a introducir puntos en el orden del día. Cabe destacar además que, en el primer caso, se hizo en contra del criterio técnico de la sala y de un informe jurídico vinculante que emitió el Secretario municipal en 2014 y, en segundo lugar, la decisión fue tomada por el concejal miembro de la cooperativa que promueve la obra que debería haberse abstenido y ausentado de la sala durante la cuestión, tal y como hizo en el pleno del día 26 a instancia del escrito de recusación presentado por Podemos.

La democracia es un sistema político en donde las diferentes sensibilidades políticas acuerdan unas reglas de juego: la Ley. Sin embargo, la ética y la institucionalidad es un concepto muy líquido y demasiado relativo para algunos. ¿Qué esconde el PNV detrás de este derribo que hasta incumple las normas del juego democrático con tal de evitar que se investigue? ¿Cuándo van a aclarar todas las dudas e incongruencias que tanto la oposición como los vecinos y vecinas pusimos encima de la mesa la semana pasada?

Durante la primera de las comisiones en las que se bloqueó el intento de crear una comisión para la investigación, desde Podemos denunciamos que la licencia se había otorgado tan sólo un día antes de que se suspendiera el plazo por la entrada en vigor de la aprobación inicial del futuro PGOU, que durante ocho meses se habían empezado los trabajos en la obra sin que el Ayuntamiento lo conociera, que tardó más de un mes en tramitar expediente sancionador desde que el derribo total se efectuó y que, frente a este delito contra el patrimonio, proponen una sanción administrativa de 4.000 a 32.000 euros para una promoción de 12 viviendas que se venderán por hasta 700.000 euros.

Sin embargo, el derribo del edificio histórico Irurak Bat en Getxo no es sino la punta del iceberg del desinterés de este gobierno municipal por el patrimonio material e inmaterial de nuestro pueblo; así como por el rentable negocio de los pelotazos urbanísticos. Los precedentes son nefastos: derribo de la Nagusien Etxea y las escuelas de Romo, borrado del mural del ajedrez, derribo de la Haurtegi o Villa Fernanda de Algorta, propuesto por Gobierno Vasco como monumento; derribo de caseríos y viviendas singulares en La Humedad, Ollaretxe, etc. Y lo que nos está por venir es desolador: con el apoyo del PP, PNV y PSE dieron el mes pasado luz verde a un PGOU que supone artificializar suelo que ahora es rural o natural equivalente a 100 campos de fútbol. El 6,5% de la superficie total del municipio. Todo este planteamiento urbanístico se llevará por delante edificios históricos como el caserío Tosu, de 500 años de antigüedad, y otros más en el barrio de Andra Mari, barrio original del municipio allá por el siglo XI.

Mientras el municipio de Getxo, como tantos otros pueblos, va perdiendo su patrimonio y sus rincones de paisaje urbano singulares, o simplemente los abarrota de turistas, no deja de ser una paradoja que esto suceda de la gracia del partido de la identidad, la tradición y la institucionalidad. La próxima vez que se permitan el atrevimiento de dar lecciones de ética en política, procuren limpiar su casa antes.